El debate sobre la duración de las carreras universitarias se ha instalado, lo que es muy positivo, porque Chile necesita una educación superior más flexible, moderna y capaz de responder a trayectorias laborales y vitales cada vez menos lineales. Pero la discusión puede extraviarse si se reduce a una pregunta puramente administrativa: cuántos años deben durar las carreras. La pregunta decisiva es otra: con qué capacidades reales llegan los estudiantes para enfrentar procesos formativos más breves, exigentes y autónomos.
En columnas anteriores hemos planteado dos ideas complementarias. La primera es que cualquier rediseño serio de la educación superior debe hacerse cargo de la inteligencia artificial. No porque ella resuelva por sí sola el problema, sino porque ya está modificando la forma de estudiar, producir conocimiento, buscar información y aprender. Bien incorporada, puede acelerar procesos, personalizar apoyos y ampliar oportunidades. Mal incorporada, puede hacer exactamente lo contrario: amplificar las brechas entre quienes poseen una base cognitiva sólida y quienes no la tienen. Un estudiante capaz de leer críticamente, formular buenas preguntas, contrastar información y elaborar argumentos puede usar la IA como una extensión de su pensamiento. Quien carece de esas herramientas corre el riesgo de delegar en la máquina aquello que justamente debía aprender a construir.
La segunda idea es aún más incómoda: el problema de las carreras largas no está solamente en la universidad. Parte importante de la duración real de la formación superior chilena responde a que muchas instituciones deben hacerse cargo de déficits acumulados en el ciclo escolar. Comprensión lectora insuficiente, debilidades en razonamiento matemático, baja autonomía intelectual y escasa capacidad de análisis no desaparecen al cruzar la puerta de la educación superior. Si queremos licenciaturas de tres años, no basta con reorganizar mallas. Primero debemos preguntarnos si los estudiantes llegan con las competencias necesarias para sostener una formación más breve, intensa y de mayor exigencia.
Pero hay una tercera dimensión casi ausente del debate público. Las universidades chilenas ya tienen una pista concreta sobre cómo formar en menos tiempo cuando los estudiantes no parten de cero. Esa experiencia está en los programas de continuidad de estudios, muchas veces conocidos como programas Advance, prosecución de estudios o modalidades especiales para personas que ya poseen un título profesional previo.
Estos programas no son una rareza. Durante los últimos años, distintas universidades han desarrollado ofertas orientadas a adultos, profesionales titulados o personas con trayectoria formativa anterior que buscan obtener un nuevo grado, completar estudios, reconvertirse profesionalmente o actualizar sus competencias. Su matrícula suele estar restringida a quienes ya cuentan con una formación previa. Precisamente por eso, su diseño puede ser distinto: más concentrado, más flexible, más focalizado y, de manera característica, con duraciones inferiores a tres años, porque no están concebidos para estudiantes que parten de cero.
Ahí hay una evidencia institucional que el debate nacional no debiera ignorar. Las carreras pueden acortarse cuando existe una base previa. No porque el conocimiento pueda comprimirse artificialmente, ni porque seis, cinco o cuatro años sean en sí mismos una anomalía, sino porque el proceso formativo cambia cuando el estudiante llega con experiencia, madurez, disciplina de estudio, competencias laborales o aprendizajes ya adquiridos.
Esa es la lección central. Los programas de continuidad no prueban que todas las carreras puedan reducirse mecánicamente. Prueban algo bastante más relevante: la duración no puede discutirse al margen del punto de partida del estudiante.
Por eso resulta llamativo que, mientras el país discute licenciaturas de tres años, casi nadie esté mirando con atención esta experiencia acumulada por las propias universidades. Allí pueden encontrarse aprendizajes valiosos sobre reconocimiento de trayectorias previas, rediseño curricular, focalización de contenidos, enseñanza para adultos, flexibilidad horaria, evaluación de competencias y articulación entre formación inicial y formación permanente.
Si Chile quiere avanzar hacia licenciaturas más breves, los expertos debieran estudiar sistemáticamente estos programas. ¿Qué contenidos se priorizan? ¿Qué se omite sin afectar la calidad? ¿Qué habilidades se dan por adquiridas? ¿Qué exigencias se mantienen? ¿Qué tipo de acompañamiento requieren los estudiantes? ¿Qué resultados obtienen sus egresados? ¿Qué diferencias existen entre universidades? ¿Qué aprendizajes podrían transferirse —con los debidos ajustes— al diseño de nuevas licenciaturas de tres años?
La pregunta no es menor, porque una licenciatura breve no debiera ser una carrera recortada. Debiera ser una arquitectura formativa distinta: más clara en sus propósitos, más exigente en sus competencias de entrada, más precisa en sus resultados de aprendizaje y mejor articulada con trayectorias posteriores de especialización profesional, postítulo o posgrado.
En ese diseño, además, no habría una sola puerta de entrada. Podría existir un ingreso a Bachillerato para quienes necesitan consolidar competencias fundamentales, y otro ingreso directo a Licenciatura para quienes demuestren contar con la base necesaria. Lejos de excluir, un modelo así ampliaría posibilidades: reconocería puntos de partida diversos, permitiría trayectorias distintas y abriría espacio para que las universidades se especialicen según sus fortalezas formativas.
La clave no está en uniformar, sino en ordenar trayectorias con exigencias claras y calidad verificable.
En esto, Chile ya parece estar moviéndose, aunque de manera fragmentada, hacia un sistema de formación durante toda la vida. Crecen los programas para profesionales, los postítulos, los posgrados y las trayectorias de retorno a la universidad. La antigua idea de estudiar una sola vez, obtener un título definitivo y cerrar para siempre la etapa formativa resulta cada vez menos realista. En un mundo atravesado por cambios tecnológicos acelerados, incluida la inteligencia artificial, la educación superior deberá organizarse más como una secuencia de ciclos que como una única carrera terminal.
Pero precisamente por eso hay que evitar una mala reforma. Acortar carreras sin fortalecer las bases puede terminar degradando la formación. Incorporar inteligencia artificial sin rediseño pedagógico puede aumentar la desigualdad. Crear licenciaturas de tres años sin definir competencias de entrada y salida puede transformar una buena idea en un simple ajuste administrativo.
El camino serio es otro. Primero, reconocer que el ciclo escolar chileno debe recuperar el sitial que nunca debió perder: formar estudiantes capaces de leer, razonar, argumentar, calcular, aprender y pensar con autonomía. Sin esa reforma profunda, toda discusión sobre carreras más cortas será incompleta. Segundo, mientras esa reforma llega, las universidades deben mirar sus propias experiencias y aprender de ellas. Los programas de continuidad de estudios ofrecen una pista concreta: cuando hay base previa, la formación puede organizarse de otro modo.
El desafío, entonces, no es cortar años. Es diseñar trayectorias. No es reducir por decreto. Es construir licenciaturas con sentido, calidad y exigencia. No es suponer que todos los estudiantes llegan igualmente preparados. Es reconocer diferencias de origen y hacerse cargo de ellas con inteligencia institucional.
Chile necesita carreras más modernas, sí. También necesita universidades capaces de innovar, incorporar conscientemente la inteligencia artificial y responder a la formación permanente que exige el futuro. Pero si queremos hacerlo bien, conviene partir por una constatación simple: las universidades ya tienen una pista. Está en sus programas de continuidad de estudios. La tarea ahora es estudiarla, aprender de ella y convertir esa experiencia dispersa en una política seria para rediseñar la educación superior chilena.
*Ramón Berrios – Hugo Lavados. Facultad de Economía Negocios y Gobierno. Centro de Políticas Públicas – Universidad San Sebastián