Autogol

El gobierno que prometió defender a la familia del Estado acaba de presentar un proyecto para ponerla bajo mayor tutela del Estado. No es un trabalenguas: es el Mensaje N° 060-374, que “fortalece el ejercicio de la responsabilidad parental” y entró a la Cámara este mes.

Su fin es bueno, y hay que decirlo sin reticencia: que los padres estén presentes, que guíen, que no abdiquen. Nadie de buena fe defiende al padre ausente. El reparo no es al fin, sino al medio. Para conseguir padres diligentes, el texto resuelve poner a todos los padres bajo sospecha; para socorrer a la familia que fracasa, instala al Estado como auditor anticipado de la familia que tropieza y se levanta. Y lo hace desde una administración que, se supone, entiende qué es la subsidiariedad —menos tutela, más familia, respeto del hogar frente al aparato—. Es como si los bomberos, hartos de incendios, fundaran una escuela de pirotecnia.

El mecanismo merece mirarse, porque el diablo asoma en el detalle. El nuevo procedimiento “especial, preventivo y tutelar” se gatilla cuando un niño o un adolescente comete cualquier falta —o incurre en una conducta dañosa para sí mismo— y alguien supone que detrás hubo “falta de diligencia” de los padres. ¿Quién puede denunciarlos? Además de la policía, los abuelos, los profesores, el director del colegio y la Defensoría de la Niñez. Si el tribunal sospecha, en cualquier momento, una “vulneración grave”, abre de oficio una medida de protección, que es la antesala cortés de la separación del hijo. Y para corregir a los padres, el Estado los deriva —obligatoriamente— a “programas de habilidades parentales”. El gobierno que jura no reemplazar a los padres los matricula en un curso para aprender a serlo.

Conviene anticipar la objeción, porque es la primera que se hará: la escuela ya denuncia. Hace tiempo que el profesor y el director están obligados a poner en conocimiento de la justicia el maltrato o el abuso que sufre un alumno, y está bien que así sea. Pero adviértase el giro, porque en él cabe todo. Hasta hoy la mirada del colegio se dirigía a quien daña al niño, para protegerlo; el proyecto la voltea hacia los padres, para sancionarlos por lo que el niño hizo. La escuela deja de ser centinela contra el daño y pasa a ser auditora de la crianza: ya no avisa que a un alumno lo lastiman, sino que sus padres no lo educaron bastante bien. A la institución a la que entregamos a los hijos para que los forme con nosotros, el proyecto la enrola como posible acusadora de nuestra idoneidad para formarlos. Y ahí, no en la denuncia del abuso, se quiebra la confianza callada sobre la que descansa la subsidiariedad educativa.

Ahora bien: todo esto se entrega a los tribunales de familia. Y aquí le pido al lector un ejercicio que, sospecho, los redactores del proyecto no hicieron. Que vaya un día cualquiera, a las ocho y media de la mañana, al pasillo de un juzgado de familia. Verá, banca contra banca, a madres agotadas y a padres separados que apenas se miran, a abuelos cargando con lo que otros soltaron, a niños oyendo lo que no deberían. Y verá circular un vocabulario de goma —“interés superior”, “maltrato psicológico”, “buena crianza”— que cada consejero técnico llena con el contenido que su criterio, y el aire turbio de la época, le dictan. Quien haya litigado ahí sabe que ese contenido dista de ser neutral, y con qué vara suele medirse a la familia que no calza con el molde.

Y no se diga que este recelo es manía chilena, fantasma de un litigante mal dormido. Donde el aparato tutelar lleva más años y más holgura, el estándar elástico ya enseñó adónde conduce. En Noruega, el servicio de protección se llevó a los cinco hijos del matrimonio Bodnariu —de tres meses a nueve años— y los repartió en hogares de acogida; el expediente había empezado con la llamada de una directora de escuela, inquieta por una crianza que juzgaba demasiado estricta y religiosa. Los exámenes médicos no hallaron rastro de maltrato, y los niños volvieron a casa recién meses después, tras una protesta internacional. En Alemania, una veintena de policías y asistentes sociales retiró por tres semanas a los cuatro hijos del matrimonio Wunderlich, cuya única falta era enseñarles en casa; entre los riesgos que el tribunal anotó figuraba el apego demasiado intenso de esos niños a sus padres. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que nadie acusará de nostalgia conservadora, no halló nada que reprochar. No afirmo que Chile sea Noruega ni Alemania; afirmo que el peligro no anida en la latitud, sino en el estándar: entréguese a cualquier Estado una vara de goma y la palabra “riesgo”, y tarde o temprano la usará para medir a una familia que no ha dañado a nadie.

Y ya que hablamos de lo que esos tribunales saben hacer, una pregunta directa para los autores del proyecto, sin segundas intenciones: ¿saben cómo trata hoy un juzgado de familia chileno al padre o a la madre que se atreve a dudar de las dudas de un hijo menor de catorce años sobre su identidad sexuada? ¿Han visto con qué naturalidad, bajo el “interés superior” y la “no discriminación”, el progenitor que vacila puede pasar de parte preocupada a sospechoso de vulnerar? No lo pregunto para abrir ese debate aquí, sino para uno más simple: antes de entregarle a ese tribunal más poder sobre el hogar, lo prudente sería averiguar cómo ejerce el que ya tiene.

A ese lugar —no al tribunal aséptico y técnico que alguien imaginó en un escritorio— el proyecto quiere darle más poder sobre el hogar, sobre más materias y con estándares más elásticos. De donde sólo caben dos explicaciones, y sólo dos. La primera, que quienes lo firmaron conozcan ese terreno y, aun así, hayan decidido entregárselo. La segunda, que no lo conozcan; que jamás se hayan sentado a esperar un comparendo de familia. Por caridad —y, francamente, por verosimilitud— me quedo con la segunda. Estarían legislando, con la mejor intención del mundo, sobre un país que no han pisado: han leído el mapa y no el territorio, y han confundido el tribunal que existe con el que les habría gustado que existiera.

Hay deslices más finos —el texto confunde el deber personalísimo de guiar con sanciones patrimoniales y sucesorias, mezclando lo que él mismo distinguía con pulcritud en su primer párrafo—, pero eso es un primor de técnica al lado de lo grueso, que es de principios: un gobierno pro familia, para fortalecerla, la pone bajo la tutela de quienes menos confían en ella. Y las buenas intenciones tienen mala memoria. La maquinaria que hoy se arma con patrocinio pro familia no lleva grabado el nombre de quien la enciende: la heredará, montada y aceitada, la administración que venga, piense lo que piense sobre la “buena crianza”. Quien construye el caballo no decide quién entra en él.

Por lo demás, el Estado no puede dar lo que no tiene. No posee paternidad que conferir, ni fabrica presencia por multa ni cariño por oficio. No se cita a comparendo el amor de un padre. Lo que sí puede hacer —y este proyecto lo hace— es desconfiar del hogar mientras jura defenderlo.

Lo demás se dice solo. Un gobierno que prometió defender a la familia del Estado terminó, con la mejor intención, metiendo la pelota en su propio arco. Quiero creer que es desconocimiento del terreno —y apuro por mostrar “medidas”—, no de doctrina; entre ambos males, es el único que tiene cura. Y la cura es barata: ir, sentarse en la banca de un juzgado de familia, esperar el comparendo. Después, reconocer el autogol y retirar el proyecto, ya que, en política como en la cancha, rectificar a tiempo no desprestigia a nadie: lo honra.