Nadie duda de que el agua es un recurso fundamental para la vida en el planeta, cumpliendo numerosas funciones que abarcan lo climático, lo productivo, lo ambiental, lo recreacional, etc. Pero entre todas ellas, hay una dimensión que destaca siempre: el consumo humano. En este ámbito nuestro país tiene grandes logros que mostrar, pero también importantes deudas pendientes.
Entre los primeros, destaca el abastecimiento de agua potable junto con el saneamiento de aguas servidas en las ciudades, donde nuestra industria sanitaria exhibe cifras de cobertura y calidad a nivel de los países más avanzados del mundo. Algo similar ocurre fuera de las zonas urbanas, donde tenemos un excelente porcentaje de cobertura en abastecimiento: más de 2 millones de habitantes rurales tienen agua en sus casas gracias al trabajo de miles de trabajadores y dirigentes de los sistemas sanitarios. En las zonas rurales concentradas la cobertura llega al 98% de la población, y estamos avanzando en las zonas rurales semiconcentradas, donde la cobertura está en torno al 45%.
En este último punto asoma una importante tarea pendiente: seguir profundizando la cobertura para las casi 400.000 familias que habitan en el sector rural y que actualmente no cuentan con abastecimiento domiciliario de agua en cantidad y calidad necesaria.
Estos avances son fruto de una importante política pública que ha desarrollado el país desde la década de 1960, la que en los últimos años ha recibido un fuerte impulso, aumentando su presupuesto desde 20 mil millones de pesos en 2007 a 485 mil millones en 2024 (conocido como Programa de Agua Potable Rural del Ministerio de Obras Públicas). Sin embargo, este aumento no se ha reflejado en la cantidad de proyectos terminados. Por esta razón, desde el Centro del Agua de la Universidad San Sebastián nos propusimos comprender mejor el proceso de preinversión que, como toda inversión pública, deben seguir las iniciativas de construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable rural, ya sean nuevos o ampliaciones y mejoras de sistemas existentes.
Los hallazgos identificados a través del “Análisis de procesos de preinversión en Servicios Sanitarios Rurales” nos permiten concluir y proponer algunas medidas que tiendan a simplificar y agilizar esta etapa del proceso. Entre las ideas más significativas se encuentran las siguientes:
- Simplificar el proceso para conseguir la aprobación de la preinversión de las obras asociadas a los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en el menor tiempo posible, pues hoy comparten un mismo proceso con obras de mayor complejidad técnica. Se debe reconocer la gran importancia social que tienen estas inversiones, sumado a sus especificaciones relativamente sencillas, por lo que bien podrían tener un proceso de preinversión propio o compartido con proyectos de menor complejidad.
- Reducir los tiempos de preinversión -que frecuentemente tardan unos 10 años- debe ser un objetivo prioritario en el fortalecimiento de esta política pública y, para hacerlo, hay numerosas estrategias que pueden ser levantadas en forma conjunta por la Dirección de Obras Hidráulicas y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Entre ellas, podemos mencionar la fusión de etapas, la formalización de procesos abreviados y la evaluación simultánea de proyectos similares, entre otras.
- Definir una estrategia para dar cobertura de zonas no atendidas, decidiendo si se prioriza la construcción de nuevos sistemas o se dejan estas para lugares muy apartados, y en lugares menos apartados se privilegia la ampliación de sistemas existentes. En ambos casos, es necesario simplificar al máximo posible el proceso de ampliación y mejora de los sistemas.
- Diseñar un mecanismo que involucre a los propios SSR en la identificación y elaboración de proyectos que atiendan a sus desafíos. Una alternativa podría ser proponer un concurso en el cual participen los propios interesados con el diseño de las soluciones que requieren y que el sector público valide y financie las propuestas seleccionadas.
Estas son algunas de las materias y propuestas que pudimos identificar en el marco del proceso de preinversión para Servicios Sanitarios Rurales. Evidentemente el desafío de seguir profundizando la atención de agua domiciliaria a un mayor número de chilenos que habitan el sector rural tiene muchas otras aristas, tales como el fortalecimiento del rol de los dirigentes o la capacitación para operarios y técnicos. También es materia de preocupación para el sector los cambios que ha sufrido, y sufrirá la ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales y, muy especialmente, el desafío de proveer de servicios de recolección y tratamiento de aguas servidas al sector rural, donde la cobertura es muy poco significativa.
Este trabajo, y otros que seguiremos desarrollando, son producto de nuestro convencimiento de que la primera prioridad para avanzar en la solución a los problemas hídricos que enfrenta nuestro país es el fortalecimiento en la gestión y capacidad de los sistemas sanitarios rurales, permitiéndoles prestar un mejor servicio y alejar así la solución mediante “camión aljibe” para los casi 2,5 millones de chilenos que hoy habitan el sector rural.
