El financiamiento institucional para la gratuidad en educación superior comenzó el 2016, con una glosa en la Ley de Presupuestos en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. A partir de 2019, la política está consagrada en la Ley de Educación Superior: con ella, el Estado transfiere un arancel regulado a cada institución de educación superior, exigiéndole que no cobre precio alguno a los estudiantes del 60% más vulnerable del país.
Actualmente, cerca de un 50% de la matrícula de pregrado es beneficiada por este instrumento. Los individuos estudian sin pagar; si se exceden en la duración de sus carreras, enteran el 50% del arancel y el resto es soportado por la institución.
Las instituciones, por otro lado, pagan caramente esta política: soportan los déficits financieros que ha traído con la regulación de aranceles, no pueden crecer por sobre un límite definido por el Gobierno de turno, deben estructurar sus costos de manera de ajustarse a una institución “modelo” definida por el mismo y no ven financiadas sus otras funciones críticas, esto es, la investigación, el desarrollo y la innovación.
El Fisco, a su vez, sufre cada vez más gasto en la gratuidad. El primer año (2016), el costo fiscal de esta política fue presupuestado en 517.938 millones de pesos. El año 2026, se espera un gasto de 2.583.320 millones de pesos (proyecto de Ley de Presupuestos): un aumento de 398,8%, en diez años. En un escenario de estrechez fiscal extrema, donde el Consejo Fiscal Autónomo ha recomendado recortes significativos del gasto del Fisco, la persistencia de la gratuidad no es posible ni necesaria.
El Gobierno actual ha presentado un proyecto de impuesto a los graduados denominado FES. Este extiende los principales problemas de la gratuidad a todo el sistema: déficits financieros, pérdida de autonomía y un enorme costo fiscal. La respuesta a este problema no pasa por ello.
El copago, las becas de arancel y los créditos contingentes al ingreso son todas fuentes de financiamiento que permiten responder de forma justa y equitativa a este problema. Reemplazar la gratuidad por una combinación entre becas de arancel y un crédito contingente al ingreso es una respuesta adecuada y beneficiosa para todos. Con ella, los estudiantes podrán seguir accediendo a la educación superior, pudiendo no pagar en el caso de los más vulnerables. Las instituciones podrán optar a otras fuentes de financiamiento y no verán amenazada su autonomía. El Fisco, por último, podrá retomar una senda de gasto responsable con su nivel máximo prudente de deuda pública, sin dejar de cumplir sus objetivos de política social.
Y la educación primaria? Sólo veo privilegios para aquellos que están en edad de votar. Muy conveniente para los políticos y malo para el desarrollo del país.
Concuerdo con el comentario de Rodolfo Pereira. La educación primaria es la más importante.