Este 5 de octubre conmemoramos 31 años desde la promulgación de la Ley Indígena en nuestro país, un hito que permitió la creación de una institucionalidad propia en esta materia, a través de la Conadi, y estableció mecanismos para la restitución de tierras, protección y desarrollo de la cultura indígena, entre otros aspectos.
Es innegable que la ley ha contribuido al desarrollo de los pueblos indígenas en Chile, brindando herramientas y espacios que han permitido avanzar en la reivindicación de derechos históricos. Sin embargo, el paso del tiempo ha evidenciado la necesidad de perfeccionar este marco legal. La experiencia acumulada durante estos años revela que es urgente revisar y modificar ciertos aspectos de la ley, especialmente aquellos relacionados con los mecanismos de entrega de tierras y la modernización de la institucionalidad.
En 2018, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera intentó realizar un proceso de consulta indígena para evaluar posibles modificaciones en materia de tierras. Sin embargo, el contexto político y los actos de violencia en ese proceso impidieron su desarrollo exitoso. No obstante, el contexto actual es diferente; el país ha alcanzado una mayor madurez política y un consenso más amplio sobre la necesidad de implementar cambios en materia indígena.
Una modernización de la Ley Indígena debería contemplar la flexibilidad en aspectos cruciales como el arrendamiento, la hipoteca y la venta de tierras entre comunidades indígenas. Esta apertura no sólo fomentaría el desarrollo económico de los pueblos indígenas, sino que también garantizaría que puedan ejercer su libre determinación de manera plena, al igual que cualquier otro chileno. La tierra, en este sentido, no debe ser sólo un símbolo de pertenencia, sino también un recurso para el crecimiento y el bienestar.
La Comisión para la Paz y el Entendimiento, instaurada por el Presidente Gabriel Boric y que se encuentra próxima a entregar su informe final, tiene la oportunidad de abordar estas problemáticas de manera integral. Su enfoque deberá ser no sólo reconocer los derechos históricos de los pueblos indígenas, sino también crear un marco que les permita desarrollarse cultural y económicamente.
Finalmente, es imprescindible avanzar hacia una nueva institucionalidad indígena que materialice dos instituciones que concitan suficiente apoyo legislativo tanto por las fuerzas de Gobierno como de oposición, esto es, la creación del Ministerio y el Consejo de Pueblos Indígenas, proyectos de ley que llevan más de 7 años en segundo trámite constitucional en el Senado. Sólo a través de una institucionalidad robusta y representativa podremos construir un diálogo real y efectivo entre el Estado y los pueblos indígenas, asegurando así un futuro más justo y equitativo para todos.
*Andrés Cortés Díaz – Ex asesor Especial de Asuntos Indígenas del Gobierno 2018-2019