19 causas, 11 regiones involucradas, 32 ONG investigadas. Son algunos de los números que se revisaron ayer en la “cumbre” que lideró la Fiscalía Nacional en la que participaron, además de persecutores, la Contraloría y la PDI. “Unificar criterios” fue uno de los objetivos de la cita para abordar el “caso convenios” que afecta al oficialismo. Los casos suman y siguen y parecieran tener paralizado al Gobierno. La propuesta de un pacto fiscal, por ejemplo, estuvo cruzada por reproches sobre estos hechos de corrupción. La agenda de seguridad ha recibido críticas por su lento avance mientras, de manera inversamente proporcional, aumentan los hechos de violencia como los ataques incendiarios en la Macrozona Sur. Y a nivel político, las recriminaciones al interior del PS y del PPD no se detienen a pesar del cónclave que lideró el Presidente Boric en Cerro Castillo. No se salva ni el manejo interno de las actividades del Mandatario, quien ayer fue increpado por un dirigente de pescadores mientras promulgaba la ley de royalty minero.
Los privilegios de Temucuicui: ha recibido del Estado más de $6.000 millones en tierras. Casi 13 veces más tierras que lo dispuesto en su título original y mucho más que lo invertido en otras comunidades. La comunidad, además, se relaciona con la RMM, orgánica radical que se responsabilizó por los violentos atentados de esta semana en Traiguén.