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Publicado el 13 de octubre, 2019

Valentina Verbal: Presunción de inocencia

El principio de presunción de inocencia llegó a constituirse en una conquista de civilización contra los abusos de los poderosos —de monarcas, obispos y jueces—, que pueden eventualmente actuar de manera tiránica. Considerando esto, cabe preguntarse si es legítimo que un movimiento que lucha contra el patriarcado y la violencia sexual que afecta a las mujeres, descarte la idea de que todas las personas poseen derechos individuales, como los de carácter procesal.

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El año pasado, mientras aspiraba a presidir la FEUC, José Ignacio Palma fue víctima de una acusación falsa, esparcida anónimamente a través de Facebook. Esto hizo que fuese objeto del más fuerte desprecio y protesta de parte de estudiantes de izquierda. Sin embargo, la acusación no procedía de una mujer —como esos estudiantes creyeron—, sino que fue fabricada como un acto de venganza personal por parte de un compañero, que había antes participado en el mismo movimiento de Palma. Y aunque sea verdad que la mayoría de las acusaciones por violencia contra las mujeres son ciertas, cabe preguntarse si —como ha dicho la presidenta del centro de estudiantes de Derecho en la Universidad de Chile— el principio de presunción de inocencia debería ser sacrificado para proteger a las eventuales víctimas.

Pero antes de responder a esta pregunta, conviene dejar bien sentado algo que parece obvio, pero que para algunos sectores —ultraconservadores o de extrema derecha— no lo es: que, a lo largo de toda la historia, las mujeres han sido sistemáticamente víctimas de violencia sexual de parte de los hombres, en particular de sus parejas o maridos; y que también —otro punto que niegan esos sectores— que esa violencia ha sido producto de un sistema de dominación —el patriarcado—, que apunta a subordinar a las mujeres a los hombres. Por ejemplo, y para el caso de los Estados Unidos, Reva B. Siegel ha demostrado —con jurisprudencia en mano— que durante el siglo XIX y gran parte del XX, las mujeres no podían denunciar a sus maridos (menos a sus parejas) debido a que carecían de capacidad jurídica. Y agrega que los únicos casos exitosos se daban cuando, estando casada, la mujer era víctima de violación de parte de un tercero. Estos casos resultaban exitosos cuando el marido de la víctima actuaba como acusador, pero no por el hecho de que su esposa había sido sexualmente agredida, sino por haberse visto afectado su derecho de propiedad; o, más específicamente, su derecho de uso sobre el cuerpo de ella.

Sin embargo, cabe preguntarse si la lucha —todavía vigente— contra la violencia sexual que afecta a las mujeres justifica descartar el principio de presunción de inocencia. Deformación profesional mediante, nuevamente la historia nos puede resultar de ayuda. ¿Cómo surgió ese principio, representado en la máxima “inocente hasta que se pruebe lo contrario”? Kenneth Pennington cuenta que el autor de esta máxima fue el abogado irlandés Leonard MacNally, quien defendió a un acusado de traición por el rey Eduardo VI de Inglaterra (1537-1553). Dicho de otra forma, el principio en cuestión nació para proteger a los individuos de los abusos de los poderosos. Pero ya antes, agrega Pennington, el principio había sido esbozado. Fue, en efecto, el medieval ordo iudiciarius el que fue superando la idea de que frente a grandes autoridades, como la Iglesia, no era necesario respetar un debido proceso previamente establecido. La Carta Magna inglesa de 1215 expresó también esta idea, aunque solamente en favor de los condes y los barones del reino.

Como se observa, el principio de presunción de inocencia llegó a constituirse en una conquista de civilización contra los abusos de los poderosos —de monarcas, obispos y jueces—, que pueden eventualmente actuar de manera tiránica. Considerando esto, cabe preguntarse si es legítimo que un movimiento que lucha contra el patriarcado y la violencia sexual que afecta a las mujeres, descarte la idea de que todas las personas poseen derechos individuales, como los de carácter procesal. O, de manera más específica, ¿puede la lucha a favor de una tiranía (el patriarcado) sacrificar un principio que ha sido, precisamente, una conquista frente a otras tiranías?

Probablemente, las cosas sean mucho más simples y menos racionales. Quizás principios como el de presunción de inocencia —y más en general las reglas del debido proceso, que incluye el derecho a una defensa legal— sólo pueden llegar a ser apreciados cuando alguien es acusado por un crimen que no cometió. Tal vez ahí, en la crudeza de la propia intimidad, puede percibirse —como así lo experimentó Palma— el desprecio, de la turba colectiva, a la idea de que, según Nozick: “Los individuos tienen derechos, y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar los derechos”. Nozick ponía esta idea sobre la mesa en 1974. Vale la pena volver a recordarla en el Chile del siglo XXI.

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