La Macrozona Sur se ha transformado en la región más violenta del país, con acciones similares al terrorismo de guerrillas. Sin embargo, pareciera que eso que sucede casi a diario en la zona, al Gobierno no le afectara, optando ante estos hechos por declaraciones insustanciales que a nada conducen.

Ya a nadie sorprende cuando se informa que se quemaron maquinarias, casas, cosechas, o que usurparon un fundo, hasta que ocurren hechos como el de este martes 24 de mayo, donde resultó muerto don Segundo Catril Neculqueo, asesinado a mansalva, sin que pudiera defenderse o ampararse de alguna forma para impedir recibir ese vil balazo en la cabeza que le arrebató su vida.

Imagino a don Segundo en su casa, despidiéndose en la mañana de su familia, como todos los días camino al trabajo, al igual que cualquiera de nosotros, sin imaginar que esa despedida sería un adiós definitivo y que ya no volvería a reunirse con sus seres queridos, porque unas verdaderas alimañas que andan sueltas en la Araucanía desplegando cobardemente odio y violencia, le asestarían un golpe mortal.  

¿Cuál fue el pecado de don Segundo y el de los otros 34 trabajadores, todos mapuches, que iban en el bus emboscado? Ganarse la vida con un trabajo honesto, producto de un convenio que hace tres años acordó el dirigente y contratista Santos Reinao Millahual con empresas forestales de la zona. Eso para estos terroristas es inaceptable, recordándonos tristemente las acciones de las FARC y el ELN en Colombia. 

Lo que es incomprensible es que el gobierno vacile en utilizar todas las herramientas a su disposición para combatir la violencia y no se haga cargo del terrorismo que impera en la zona. ¿Qué dijo el Presidente después del atentado? “No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos”, aunque la realidad lo desmienta. ¿Y la ministra Siches? “No existe justificación para esta violencia”, como si alguna violencia la tuviera.

Y si la ministra del Interior dice, “No queremos ser el Gobierno en el que un militar mate a un comunero”, está claro lo que pretenden, porque si un “comunero” le disparara a un militar o a un Carabinero, ¿esperaría ella que no se defendieran?

Da la impresión de que solo están ganando tiempo, esperando que triunfe el Apruebo y contando con esa Constitución indigenista, poder restituir las tierras mediante expropiaciones a “precio justo”. Y además, como eliminaron en el nuevo texto la facultad de convocar Estados de Excepción, tendrían la justificación para no adoptar medidas de fuerza, satisfaciendo así sus convicciones más profundas. ¿Será que creen que es esa la solución final y por eso que a Llaitul no lo persiguieron legalmente después que atentó contra la Seguridad del Estado con el llamado a empuñar las armas?  

Lamentablemente, el caso de don Segundo Catril va a pasar pronto al olvido, al igual que lo fuera el ataque al camionero Ciro Palma, herido gravemente a bala en su cabeza el 22 de abril, causando conmoción. Pero hoy nadie habla de él, como tampoco de la infinidad de atentados que siguen ocurriendo habitualmente en la Macrozona, ante la vista gorda de la coalición gobernante, por lo que hasta ahora, todo sigue igual. 

Ante estos hechos, el Presidente debiera saber que la paciencia tiene un límite, y si no existe la voluntad de imponerse ante verdaderos grupos guerrilleros armados como el que actuó el martes 24, no sería raro que más temprano que tarde, la gente de la Macrozona Sur decida defenderse por su cuenta ante la inoperancia de un Gobierno que no se decide a actuar.

*Jaime Jankelevich es bioquímico y consultor.

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