Repentinamente, en el mes número 12 de su mandato, la Presidenta Bachelet ha anunciado que va a impulsar una agenda de reformas institucionales y de transparencia para regular la relación entre la política y los negocios.
El anuncio está rodeado de inconsistencias. Que haya sido ampliamente respaldado no lo exime del escrutinio que merece su envergadura y tras el cual uno se queda con la incómoda sensación de que, a veces, el gobierno nos presume a los chilenos más ingenuos de lo que en realidad somos.
Primero, no puede pasar inadvertida la oportunidad en que la Presidenta Bachelet da a conocer su decisión, no cuando estalla el caso Penta, sino cuando, al regreso de sus vacaciones, toma plena conciencia del impacto que ha tenido para la opinión pública el caso Caval. A muchos ciudadanos nos incomoda imaginar que la máxima autoridad de la nación ha tomado una decisión por razones personales en una materia que ignoró totalmente hasta ahora.
En segundo lugar, el gobierno de la Nueva Mayoría debe explicarle a los chilenos por qué razón ahora decide impulsar una agenda para modernizar las normas de probidad y transparencia y por qué, cuando partió su mandato, tomó la decisión de congelar los 11 proyectos de ley que ya estaban tramitándose (varios con al menos un trámite aprobado). ¿La razón? La podemos suponer: eran iniciativas del ex Presidente Sebastián Piñera, motivo suficiente para sepultarlas.
Por esa decisión, inspirada únicamente en la mezquindad política que parece a veces conducir a nuestras actuales autoridades, Chile perdió un año para avanzar, entre otros, en las reformas a la Ley de Transparencia y la Alta Dirección Pública, el Nuevo INE Autónomo y el proyecto de Transparencia en los Partidos Políticos, todas iniciativas que el gobierno menciona ahora como parte de la agenda que dará a conocer en las próximas semanas.
Es evidente que para el gobierno este no era un tema prioritario. En todo un año no reemplazó los proyectos que congeló, la mayoría de los cuales comprometidos en “El Programa”, la hoja de ruta que disciplinadamente marca las decisiones de la Nueva Mayoría para ciertas cosas, pero que parece ignorar para otras. La única reforma que firmó la Presidenta Bachelet fue la de financiamiento a las campañas, claro que recién a mediados de diciembre y forzada probablemente por el debate que abrió el caso Penta.
Finalmente, la Presidenta Bachelet saca, una vez más, uno de sus conejos favoritos del sombrero, anunciando un Consejo Asesor Presidencial. Estamos todos de acuerdo en que los equipos de hombres y mujeres buenos siempre aportan en el diseño de políticas públicas, con experiencia, moderación e inteligencia. El punto en esta oportunidad es que varios de los proyectos sobre la misma materia que se tramitan en el Congreso ya están inspirados en anteriores consejos asesores. La consulta externa no puede ser infinita, hay un momento en el que los gobernantes deben tomar decisiones y fundarlas en sus propias convicciones.
Chile ha dado un salto enorme en sus estándares de probidad y, sobre todo, en la conformación de una opinión pública más exigente y activa, alimentada por toda una generación mejor educada, Twitter, diarios digitales, etc. Las prácticas que antes eran toleradas por recurrentes, pasaron luego a ser indebidas, para terminar siendo hoy éticamente inaceptables y amenazantes para la democracia y la credibilidad institucional.
Mientras permaneció en la oposición, la Nueva Mayoría fue extremadamente celosa en materia de probidad, probablemente teniendo a la vista la lamentable trayectoria de sus propios gobiernos en materia de corrupción. Esperemos que, ahora desde La Moneda, esté a la altura de ese celo, ponga manos a la obra sin postergaciones innecesarias y, a diferencia de lo que hizo el primer año de gobierno con las reformas que ya son ley, acepte la colaboración de la sociedad civil y de la oposición. Porque la República la constituimos todos, no solo el gobierno de turno.
Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.
FOTO : FRANCISCO SAAVEDRA/AGENCIAUNO