El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue derrotado el pasado domingo en el referendo con el que esperaba aprobar la extradición de ecuatorianos por delitos del crimen organizado. En las mismas elecciones perdió las principales alcaldías y gobernaciones ante el avance de la izquierda. Los resultados de Ecuador muestran que al Socialismo del Siglo XXI no se lo derrota. Vuelven siempre, peores y con todas las instituciones copadas. Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y ahora Ecuador cuyo futuro pinta negro para el 2025.
Por medio de la consulta, Lasso propuso sin éxito reformas políticas, medioambientales y de seguridad, en medio de un repunte de la violencia sin precedentes. El partido Revolución Cubana, que dirige el expresidente Rafael Correa, obtuvo las intendencias de las dos principales ciudades del país, la capital Quito y la portuaria Guayaquil, por 30 años bastión de la derecha, además de al menos siete gobernaciones equivalentes al 40% de la población del país. El ex gobernante mantiene su poder pese a vivir desde hace seis años en Bélgica, donde recibió asilo tras haber sido condenado en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción. Desde Europa promovió el rechazo al referendo.
El tema de la izquierda copando el poder en Latinoamérica, desde luego, no se agota en Ecuador. En Perú, turbas antigubernamentales han estado bloqueando carreteras, incendiando tierras agrícolas, destruyendo infraestructura y atacando estaciones de policía durante más de un mes.
Las bandas organizadas han realizado múltiples intentos, a veces simultáneamente, de tomar aeropuertos y detener las vías férreas. Si bien no está claro quién está coordinando y financiando el caos, el objetivo es destruir el capitalismo democrático y reemplazarlo por el socialismo autoritario. Este último capítulo en la larga guerra de Perú contra el terrorismo de izquierda comenzó con el juicio político y destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre por su intento de disolver el Congreso, apoderarse del poder judicial y arrestar al fiscal general, que estaba investigando denuncias de corrupción en su contra.
Conforme la constitución, la vicepresidenta Dina Boluarte juró como presidenta. Por ley, se supone que Boluarte terminara el mandato de Castillo, que se extiende hasta 2026. Pero en un esfuerzo por sofocar la violencia, prometió adelantar las próximas elecciones a 2024. Eso no es suficiente para la extrema izquierda, por supuesto. Quiere que renuncie de inmediato, cierre el Congreso y celebre elecciones para que una asamblea constituyente redacte una nueva constitución.
Puno, donde tiene lugar gran parte de la violencia, es uno de los departamentos más pobres de Perú pero también de los que más ha progresado ya que ha crecido 4% frente al 2,8% del resto del país. El acceso a la electricidad, el agua, las carreteras y la atención médica aumentó significativamente, y la mortalidad infantil se redujo a 18 por cada 1000 nacidos vivos desde los 44 de 2010. Esta es una mala noticia para los socialistas que quieren que el arresto de Castillo sea una cuestión de raza y clase.
Y es que el socialismo peruano espera que la agitación perturbe la economía de mercado del país que se mantiene firme pese a los vaivenes políticos, y lleve al país a la órbita de Cuba, junto con Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Bolivia ha declarado ilegítima a la presidenta Boluarte. El presidente colombiano Gustavo Petro, un ex terrorista, quiere una intervención internacional en los asuntos internos de Perú. Gabriel Boric, defensor del estallido violento de la izquierda del 2019, también se manifiesta contra la democracia peruana.
En el dia de ayer, la Policía Federal de Brasil por orden del Tribunal Supremo, ha detenido al que fuera jefe de operaciones de la Policía Militar de Distrito Federal, el coronel Jorge Eduardo Naime, por omisión de sus funciones durante los disturbio del pasado 8 de enero, en el marco de la operación Lesa Pátria, aunque ese día hubiera estado de licencia. Esta detención corresponde a la quinta fase de la mencionada operación, con la que se han emitido órdenes de captura por todo el país no solo contra agentes de la ley activos, en reserva e inclusive un bombero, sino también contra empresarios por supuestamente financiar las concentraciones previas a los ataques, civiles, antiguos candidatos políticos e incluso un sobrino del propio Bolsonaro. No puede dejar de pensarse que en Brasil, hoy, está en riesgo la libertad de expresión. Durante la campaña presidencial del año pasado, da Silva se benefició de un tribunal electoral que censuró a sus críticos y ahora su gobierno utilizará una muy orwelliana policía de control del habla para impedir circular lo que considere noticias falsas y desinformación.
En un contexto en que Latinoamérica está siendo copada por las revueltas y alborotos de la extrema izquierda del Foro de San Pablo, llama la atención que el Gobierno de Biden haya invitado a Lula da Silva para el próximo martes 10 de febrero en un intento por estrechar las relaciones entre ambos países. El Departamento de Estado dice estar preocupado por la corrupción en América Latina por lo que no puede ignorar que Da Silva fue condenado en 2017 por soborno y lavado de dinero, y si bien la Corte Suprema anuló la condena por un tecnicismo, nunca fue exonerado. Su Partido de los Trabajadores y su gobierno estuvieron en el centro de la famosa Operación Lava Jato, que descubrió miles de millones en contratos amañados, sobornos y lavado de dinero a partir de 2007, cuando Lula era presidente.
Por otra parte, es difícil pensar que el gobierno de Biden pueda ignorar los vínculos ideológicos de Lula con la guerrilla activa del sur del hemisferio, una izquierda radical que usa la violencia y el narcotráfico para alcanzar fines políticos. Como se sabe, tras la caída del Muro de Berlín, Lula y su Partido de los Trabajadores cofundaron el Foro de São Paulo, junto con Fidel Castro, para revitalizar la agenda comunista y revolucionaria en América Latina. Tres décadas después, la razón de ser del Foro sigue siendo la misma.
Habiendo llegado con éxito al cargo más alto de Brasil tres veces a través de las urnas, Lula se ha distanciado del apoyo a la lucha armada. Pero sus aliados socialistas no lo han hecho. Cuba, una dictadura militar corrupta que lleva 65 años en el poder, es el cabecilla de la violencia antidemocrática en la región. Los operativos de La Habana y los co-conspiradores relacionados en las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua son notorios por sus esfuerzos para socavar a los gobiernos electos. La convulsión en el Perú de hoy, el triunfo del narcoterrorismo de Ecuador en las urnas del domingo, los arrestos a civiles y militares en Brasil de estos días, son ejemplos de esta actividad subversiva y su intención de hacerse con el poder para no irse más. Esta extrema izquierda también hace redes fuera de la región. El Partido de los Trabajadores local en São Paulo se enorgullece de su alianza con activistas palestinos antiisraelíes que operan en América Latina. Estos son los compañeros de Lula que Biden debería poder justificar.
Sucede, sin embargo, que Washington DC y las élites internacionales sufren de una moralización selectiva. Cuando los extremistas de extrema izquierda destrozaron Colombia durante meses en 2021, nadie culpó a los alborotos del verano de 2020 vinculados a Black Lives Matter en los EE. UU. Sin embargo, no quieren dejar pasar la oportunidad de unir los disturbios pro Bolsonaro de Brasil con los recuerdos de las hordas trumpistas del 2021 cualquiera sea el costo a pagar.
De todo esto, Chile puede aprender y torcer el rumbo de la izquierda en Hispanoamérica. La izquierda juega un juego sin fin en el que no acepta un no por respuesta ni se preocupa por ser un honorable rival. Opera en todos los escenarios, sin organicidad y sin vergüenza. La izquierda se come al caníbal sin remordimientos y además lo condimenta.
Por un lado, participa de las reglas democráticas y se presenta a elecciones -caso Ecuador. Usa los valores liberales y republicanos para atacar a sus contrincantes. Pone a su favor una ética en la que no cree para exponer cualquier declaración, cualquier hecho del pasado, cualquier elemento que ofenda una escala de valores que desprecia pero que sabe manipular. Son campeones de la doble vara y del revisionismo histórico. Son nigromantes de fantasmas de cinco siglos pero saben dejar bien enterrados a sus propios monstruos recientes. Saben dónde hay verguenza y lo usan impúdicamente sin que les rocen las contradicciones.
Por otro lado, participan de la institucionalidad republicana. La izquierda es sagaz para infiltrar a la justicia y a la administración pública y descolla en el manejo de dineros públicos para hacerse de los favores de medios de comunicación y de artistas: prebendas, subsidios, aportes. Aunque no esté en el poder, teje una red de favores y acuerdos que siguen funcionando y tiene el favor de mafias sindicales. Con esto, aseguran el financiamiento de la calle. Y se potencia en la arena internacional de foros, think tanks o consultoras que sirven para intercambiar fondos y soportes, así como cuadros técnicos o académicos, y de lavar lo robado. Correa desde Bélgica. Lula en Brasil.
Finalmente, son maestros del manejo de la violencia urbana y rural relacionada con reclamos antisistema y por fuera de la legalidad. Perú en estos días. Pero también son los estallidos chileno o colombiano, los saqueos argentinos, el arco de manifestaciones estudiantiles, ecologistas, feministas o indigenistas que sugestivamente se concatenan en los distintos países. El activismo tiene detonantes aleatorios que, sin embargo, se concentran en aquellos lugares en donde los gobiernos no son de izquierda. La virulencia de las acciones de esta parte del juego se viene incrementando en la región en paralelo con la inacción de las fuerzas de seguridad y de la justicia poniendo en riesgo nuestra concepción de estado nación, idea que habrá que elaborar en otro momento.
No se puede ignorar la relación directa entre la izquierda política/institucional y el terrorismo, la corrupción, el activismo urbano y la violencia integrista separatista. Son muchos de los representantes del plano político los que abogan por la impunidad de los perpetradores del terror: son los terroristas asesinos del pasado los homenajeados hoy. Son los delincuentes separatistas e integristas los defendidos por las ONG y funcionarios de la izquierda. Los presos, los ocupas, los barrabravas o los narcos tienen a sus defensores más explícitos en los candidatos de izquierda.
Chile enfrenta un año electoral nada menos que para diseñar su Carta Magna. Ojalá la claridad de estos juegos de la izquierda ilumine a sus candidatos y a sus votantes. Porque desafortunadamente, cuando los socialistas ganan el poder, no solo se destruyen a sí mismos. Por lo general, también se llevan a todos los demás con ellos.
*Eleonora Urrutia es abogado, máster en Economía y Ciencias Políticas.