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Publicado el 4 octubre, 2020

Nicolás Vial: ¿Qué culpa tiene el chivo?

Abogado y filósofo Nicolás Vial

El plebiscito y la nueva constitución han desviado –de manera muy conveniente– la atención de las verdaderas culpas y culpables detrás de las marchas y demandas que siguieron al 18 de octubre.

Nicolás Vial Abogado y filósofo
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El término chivo expiatorio tiene su origen en el Levítico, libro del Antiguo Testamento. Según en él se relata, durante el rito de la expiación se cargaba un chivo –un macho de cabra joven– con los pecados e impurezas del pueblo, para ser luego soltado a su suerte en el desierto, llevándose consigo esos pecados e impurezas. Con el tiempo el término se empezó a usar más extensivamente y hoy la RAE lo define como “persona sobre la que se hacen recaer culpas ajenas para eximir a los verdaderos culpables.” El sentido es claro: en lugar de que la culpa la asuma el culpable, se carga con ésta a un tercero inocente, quedando el culpable libre de toda culpa y pena.

Más allá de la violencia, las marchas que siguieron al 18 de octubre pusieron en evidencia una serie de demandas sociales, consideradas legítimas de manera transversal. Sin embargo, para ser honestos, al no tener tales marchas una cabeza o interlocutor definido, no es completamente claro cuáles son estas demandas en concreto.

De la multiplicidad de demandas enunciadas en las distintas encuestas y opiniones, parece posible identificar dos categorías principales: (i) las que apuntan a cambios específicos en la calidad de vida de las personas –como mejores pensiones, salud y educación–, y (ii) las que apuntan a poner fin a injusticias de las que la gente es o ha sido víctima –como terminar con la impunidad de los escándalos de corrupción del mundo público y privado–. Muchos dirían que a lo anterior debe agregarse la demanda por una nueva constitución. Puede ser. Pero pienso que eso es algo que surgió después, presionado principalmente por la clase política.

Ahora, dentro de la serie de medidas aprobadas por el Gobierno y el Congreso como reacción a la violencia y a las marchas de octubre, sin duda la principal de todas fue realizar un plebiscito para que las personas elijan si quieren o no una nueva constitución. Cabe entonces preguntarse: ¿se solucionan las demandas sociales cambiando la constitución? Veamos.

El sistema de pensiones y las AFP no están en la constitución, sino en el Decreto Ley 3.500. El sistema de salud no está en la constitución, sino en el DFL 1 de 2006. El sistema educacional no está en la constitución, sino en la Ley General de Educación. El soborno, el cohecho, la colusión ya son delitos, y no se regulan en la constitución, sino en el Código Penal y otras leyes especiales. Tampoco están en la constitución materias de otras demandas sociales, como los medicamentos –regulados en el Código Sanitario y en el Decreto 466 del Ministerio de Salud de 1985–, las tarifas del transporte público –reguladas en la Ley 20.378–, las tarifas de transmisión eléctrica –reguladas en la Ley 20.936–, y el tratamiento de las aguas –regulado en el Código de Aguas, y que, dicho sea de paso, ya dispone que las aguas son bienes nacionales de uso público–. Ni siquiera están en la constitución los sueldos de los parlamentarios y empleados públicos, regulados en el Decreto Ley 249 de 1974–.

Entonces, ¿por qué se insiste tanto con una nueva constitución? Lo que más se escucha desde los partidarios del Apruebo es que la nueva constitución es la única manera de reestablecer la unidad del país y darle gobernabilidad; que la actual Constitución es ilegítima por su origen y que sólo con un nuevo pacto social podremos dejar atrás los problemas e injusticias del pasado, cerrar las heridas y establecer una hoja de ruta para transitar unidos como nación por los próximos años. También se escucha que en la constitución se pueden garantizar derechos sociales básicos, que, por el hecho de estar ahí, obligarán a que el Estado sea más diligente al trabajar en su cobertura y eficacia. Pero nada de esto es enteramente cierto:

  1. No es cierto que una nueva constitución es la única manera de reestablecer la unidad. Hay un sinnúmero de maneras; una nueva constitución –creada a partir de una hoja en blanco– es sólo una de ellas, y probablemente la más riesgosa. Para lograr unidad lo único que se necesita es voluntad real de la clase política para alcanzar acuerdos, y para cumplirlos una vez alcanzados.
  2. No es cierto que la actual Constitución sea ilegítima por el sólo hecho de tener su origen en el gobierno militar. Tal vez pueda discutirse si su primera versión lo fue, pero posteriormente fue ratificada por procesos democráticos legítimos, como fueron los plebiscitos ratificatorios de 1980 –para aprobarla– y 1989 –para aprobar ciertas reformas, donde, votando prácticamente el mismo electorado con que ganó el No, se aprobó con más del 90% de los votos–, y por las 45 reformas que ha experimentado en sus 30 años de vigencia en democracia, lideradas por gobiernos y parlamentos de distinta tendencia política.
  3. No es cierto que por el sólo hecho de que una constitución garantice derechos sociales, estos se materializarán en la práctica. Su materialización depende de la capacidad económica del Estado, de que cuente con recursos y políticas públicas eficientes. La constitución puede decir cualquier cosa, pero si el Estado no tiene recursos, las personas no recibirán más que frustraciones.

No dudo que muchas personas que promueven el Apruebo lo hacen con buenas intenciones y genuino patriotismo. Pero tampoco dudo de que muchas otras lo hacen pensando en el chivo.

El plebiscito y la nueva constitución han desviado –de manera muy conveniente– la atención de las verdaderas culpas y culpables detrás de las marchas y demandas que siguieron al 18 de octubre. La culpable nunca ha sido la constitución. La culpable fue la acumulación de escándalos de corrupción del mundo político, como el caso MOP-Gate, el financiamiento ilegal de campañas, el caso Caval, las falsas asesorías en el Congreso, los sobresueldos, los falsos exonerados, los recientes pagos a ex funcionarios del Senado, entre muchos otros. Fue la enorme parte del presupuesto nacional que se destina a gasto político, a pagar altos sueldos de familiares, apitutados y operadores políticos que detentan cargos públicos. Fue la generalizada sensación de impunidad, de que, sea por un portonazo, por coludirse o por financiar ilegalmente una campaña electoral, es realmente difícil que alguien se vaya a la cárcel, más si ese alguien es rico y más aún si tiene influencias.

Las demandas sociales no se satisfacen con una nueva constitución, con un nuevo pacto social. Se satisfacen con cosas concretas, que no pueden esperar los dos años que dura el proceso constituyente, y menos aún si se considera la grave crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Las demandas sociales se satisfacen restaurando el orden público, a todo nivel. Dejando de lado en el Congreso los intereses de los partidos y agilizando la tramitación de reformas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Disminuyendo el gasto político del Estado y destinando esos fondos a programas sociales, a mejorar las pensiones, la salud y la educación. Haciendo una auditoría seria a todos los órganos públicos; disminuyendo la corrupción y persiguiendo con firmeza las irregularidades que se detecten. Incentivando el emprendimiento, la inversión nacional y extranjera, y la creación de empleos: las empresas con los impuestos aportan los ingresos permanentes del Fisco, y con los salarios los ingresos permanentes de la gente. En definitiva, las demandas sociales se satisfacen dejando de centrarse en cambiar las reglas y centrándose en mejorarlas, cumplirlas y sancionar a quienes no las cumplan.

La constitución no es la culpable; es el chivo al que el mundo político le está cargado sus culpas, buscando su expiación. Dejemos tranquilo al chivo y enfoquémonos en aquello que el país verdaderamente necesita.

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