Los últimos días han sido muy complejos para nuestro país. A las crisis de inseguridad, económica, social y política se ha sumado la catástrofe producida por los mega incendios en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. A las hectáreas consumidas por el fuego, se suman importantes pérdidas materiales, la muerte de animales y -lo más dramático- las desapariciones y pérdida de vidas humanas cuyo número a la fecha es indeterminado, puesto que la catástrofe no ha terminado.
A pesar de los recurrentes llamados a la unidad para enfrentar la crisis de los incendios por parte del oficialismo, las críticas a la mala gestión del gobierno no han dejado de estar presentes en la esfera pública. Primero enfocadas en la incapacidad del gobierno para prevenir la crisis. Posteriormente, en su evidente lentitud para enfrentarla adecuadamente.
Sin embargo, como durante las crisis el foco de las noticias es dinámico, hoy la atención temporalmente no está en el gobierno, sino que más bien en la aparente intencionalidad del desastre que estamos viviendo y -por tanto- urge no sólo investigar los antecedentes que existen sobre el asunto, sino que también discutir cuál será la estrategia del Estado para hacer frente a hechos de esta naturaleza. El gobierno debe fortalecer su listado de propuestas en materia de seguridad e incorporar puntos que se hagan cargo de manera efectiva de esta lamentable realidad.
En un interesante reportaje publicado el 7 de febrero por El Líbero las fuentes consultadas se refieren a un modus operandi conocido como incendios multifocos caracterizados por ser lineales y simultáneos. El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, afirmó que los incendios de estas características son probablemente intencionales. Estos antecedentes se suman a variados videos y fotografías que circulan a través de redes sociales y medios de comunicación serios en donde se puede ver a sujetos provocando incendios. También hay personas detenidas por estar presuntamente involucradas.
Para fortalecer el listado de propuestas relativas a la crisis de inseguridad el gobierno debe comprender primero que la rebaja de contribuciones para propiedades afectadas por incendios intencionales efectuados por terceros es irrisoria a la luz de los antecedentes, una burla. Adicionalmente, si el gobierno desea proponer una nueva fórmula para tipificar el delito terrorista debe considerar lo aprendido a golpes durante este verano. Una propuesta distinta sería realmente incomprensible para la ciudadanía. Necesitamos un gobierno a la altura de la realidad.
Por otro lado, el gobierno debe proponer la figura del Defensor Ciudadano desde un principio para la representación jurídica gratuita de víctimas de delitos en general, no únicamente para víctimas de homicidios y violaciones como lo ha indicado en su listado.
Bajo la propuesta del gobierno las víctimas de los delitos de incendio que todos hemos visto no tendrían derecho a defensa jurídica gratuita. El gobierno tampoco puede supeditar la vigencia de esta figura a la aprobación de la reforma tributaria como lo ha hecho en su propuesta. Constituye una falta de humanidad y criterio establecer diferencias arbitrarias en el trato que deben dar el estado y sus organismos a las víctimas, sobre todo cuando sabemos que a la fecha cuentan con menos herramientas que los delincuentes a la hora de resguardar sus derechos y garantías en los procesos penales.
Por último, es efectivo que el gobierno pudo prevenir más adecuadamente la crisis, ya que las altas temperaturas que existieron en la zona el día que comenzaron los incendios fueron conocidas con a lo menos una semana de anticipación por nuestras autoridades.
Especial molestia generó que el Presidente diera de todos modos inicio a sus vacaciones, aunque posteriormente las interrumpiera cuando se viera con el fuego hasta el cuello. La propia alcaldesa de Santa Juana -una de las comunas del Biobío más afectadas por los incendios- solicitó el estado de catástrofe durante todo el mes de enero por los incendios, pero el gobierno se negó a dicha solicitud. Existía información suficiente para contratar con la debida antelación el avión Ten-Tanker, pero no lo hicieron. Aquí hay sin duda una responsabilidad que la oposición debe hacer efectiva una vez que termine la catástrofe.
*Paz Charpentier es directora Ejecutiva Juntos +Libres, Región del Biobío.