En esta época de definiciones, el rol de la empresa será naturalmente discutido, puesto en duda y, quizás, mal definido por constituyentes, legisladores, ideólogos, etc. Dicho en breve, es bastante probable que se ponga en cuestión la importancia social de la empresa. Por eso, parece relevante adelantarse e iniciar la discusión por quienes creemos en la ventaja social de la actividad empresarial.   

La empresa es una institución que busca ser económicamente eficiente porque, de lo contrario, no logra sostenerse en el tiempo. Esta eficiencia no es otra cosa que rentabilidad, y sin rentabilidad no hay largo plazo. Pero no es un largo plazo que le deba preocupar sólo a los dueños o inversionistas, sino a la sociedad en general. En efecto, el largo plazo se justifica esencialmente porque sin empresas que permanezcan en el tiempo no hay trabajos estables ni provisión permanente de productos y servicios. En este sentido, menos empresas significan menos oportunidades de desarrollo profesional y menos bienestar para la población. Esto se hace evidente cuando aumenta el desempleo y, como hemos evidenciado con la pandemia, cuando se interrumpe la cadena de suministros. 

En este sentido, a diferencia de la ley del chorreo (que a mi juicio es muy mal camino), la empresa tiene una función social fundamental cuando provee las condiciones materiales para el bienestar social de manera sostenida y, además, innova para mejorar la calidad de productos y servicios. 

Así, si bien es cierto que las empresas son fuente de empleo y que de ellas depende el trabajo de gran parte del país, también es cierto que las empresas proveen las condiciones materiales necesarias para el bienestar social. Con todo, la defensa de la empresa no puede restringirse al discurso de “los puestos de trabajo”, sino también a la accesibilidad al mercado de consumo por parte de la población. La apertura de un nuevo mercado es una oportunidad de desarrollo y de mejora en la calidad de vida para la población. De este modo, frente a la comparación con el Estado y los servicios públicos, las empresas tienen un rol considerablemente más relevante en materia de bienestar, y ello no sólo por el volumen de productos y servicios, sino también por la calidad y certeza con la que pueden atender las necesidades de la sociedad.  

En fin, defender la empresa no es defender la mera rentabilidad, sino también y especialmente un bienestar social cualitativamente superior y sostenible en el tiempo. 

*Javier Pinto es investigador del Centro de Ética empresarial.

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