El reciente caso de la cónyuge del presidente de la Cámara de Diputados, el llamado Jubilazo de Gendarmería, levanta un conjunto de implicancias y lecciones en algunos temas abiertos de políticas públicas que llevan años dando vuelta y no se resuelven. Se requiere urgente legislación en todas estas materias. Vamos por parte.
En primer lugar, si hay una gran virtud del sistema de capitalización individual respecto del sistema de reparto, es que precisamente se trata de definir en todo momento el monto de ahorro sobre el cual tiene derecho a jubilarse un determinado trabajador, empleado o funcionario público.
Los sistemas de capitalización individual conectan directamente las cotizaciones o ahorros de los trabajadores con los beneficios o jubilación que se obtiene. No hay espacio para las manipulaciones que son tan comunes en los sistemas de reparto, donde los beneficios no dependen de los que se aporte al sistema sino de la influencia política que pueda tener un determinado individuo sobre las reglas de cálculo de su pensión.
El caso de Gendarmería muestra elocuentemente que estos sistemas son especialmente vulnerables a la influencia política cuando se trata del sector público. El contribuyente es estafado en estos casos. Esto de tener como base de la pensión el último sueldo, susceptible de ser manipulado al momento de jubilarse, es un homenaje a lo expuesto que están estos sistemas al abuso de los apitutados e influyentes. La primera implicancia de este caso, por tanto, tiene que ver con la discusión pública acerca de si el sistema de capitalización debe o no ser reemplazado por un sistema de reparto o uno mixto. Por ningún motivo. La Comisión Bravo estuvo a un tris de cometer este grave error, pero afortunadamente no lo hizo.
Un segundo tema de debate público tiene relación con poner fin al escandaloso sistema de pensiones, montepíos y perseguidoras que tienen los funcionarios de las FF.AA., Carabineros y Gendarmería. En primer lugar, mantienen el sistema de reparto del que se hace referencia arriba. La Junta de Gobierno consideró que todos los chilenos debían tener un sistema de capitalización individual excepto los mismos que legislaron en aquella época. Pero ello no es todo, las hijas y hermanas solteras de jubilados de estas instituciones mantienen los beneficios por una antiquísima ley que las beneficia.
Más allá de que ello es muy discriminatorio, es sabido que existen miles de casos en que simplemente se trata de hijas y hermanas que no son solteras. Han sabido cómo dar la vuelta, puesto que se anulan o mantienen sus relaciones de hecho o sus matrimonios realizados en otros países para mantener el beneficio en forma francamente fraudulenta.
¿Por qué en 26 años de democracia no ha sido posible modificar esta situación y homogeneizar los sistemas y dejar a todos los chilenos en el sistema de capitalización individual? ¿Por qué en varios congresos de mayoría gubernamental no ha sido posible al menos poner fin a los abusos de los montepíos y perseguidoras? La respuesta a estas preguntas también puede inferirse del caso Jubilazo de Gendarmería. Existe una bancada completamente transversal que se opone a cualquier cambio precisamente porque tiene grandes intereses familiares en estas materias. Debe exigirse a cada diputado y senador una declaración de intereses en los temas de pensiones públicas, tal como se exige en temas de intereses económicos. Allí sabremos quiénes, además del presidente de la Cámara, se encuentran con tejado de vidrio.
Tercero, el sistema de AFP requiere importantes reformas para elevar las pensiones, darle sustentabilidad y obtener aceptación social. Los sectores refundacionales y estatistas de la Nueva Mayoría se oponen a cualquier reforma al sistema de pensiones que no sea su reemplazo por un sistema de reparto y por ello este gobierno está paralizado en las reformas necesarias.
Incluso la CUT y el Partido Comunista se oponen a la AFP estatal. Es clave aumentar la bajísima tasa de cotización, aumentar el año de jubilación igualando a hombres y mujeres, elevar agresivamente las pensiones mínimas del sistema solidario, solucionar los problemas que ocasionan las lagunas del mercado laboral y encontrar la forma de que las menores comisiones que se han verificado en las licitaciones de carteras post Comisión Marcel se traspasen a las otras AFP.
No se puede seguir arrastrando los pies y posponer una y otra vez importantes definiciones para nuestro sistema de pensiones. En la próxima campaña presidencial se deberá convocar a los ciudadanos a discernir definitivamente estos temas. Los candidatos deberán tomar posturas claras y jugarse por temas que no son populares, pero que pueden explicarse de cara al país.
Por ejemplo, el monto que el Estado transfiere al sistema de pensiones de las FF.AA., Carabineros y Gendarmería es superior al pago total del sistema solidario, por lo que terminar con ese subsidio permite duplicar las pensiones de pilar solidario. Es evidente que se deberá comprometer importantes recursos públicos adicionales por lo cual queda nuevamente en evidencia que dilapidar recursos en la gratuidad universal de educación tiene un enorme costo social alternativo. Son los temas que deberán enfrentar quienes aspiren a la máxima magistratura de la Nación. Esperemos que haya candidatos valientes y responsables que se atrevan a enfrentar y vencer a los candidatos populistas. El electorado tendrá la última palabra.
Patricio Arrau
Ph. D. Economía, Universidad de Pennsylvania
Consejero y vicepresidente Ciudadanos
Investigador Asociado Plural