Cuando se ha querido hacernos creer que los años que siguieron a la recuperación de la democracia en 1990 –los emblemáticos “treinta años”– habrían sido un mal recuerdo, cuando no un tiempo deleznable de nuestra historia, se suele dejar de lado el bajo nivel de violencia, de cualquier tipo, del que disfrutó la sociedad chilena en esas décadas. No hace tanto que en Chile apenas se hablaba de ella como se hace ahora, que ocupa un lugar prominente entre los problemas que aquejan al país. En los estudios internacionales sobre la materia nuestro país se ubicaba entonces entre las naciones más pacíficas del mundo. Los extranjeros que nos visitaban, entre ellos los inversionistas, lo apreciaban. No es que no hubiera brotes de violencia aquí y allá. Aun así, los bajísimos niveles que alcanzó fue una de esas virtudes que nos ponían de igual a igual con países desarrollados. En esta cuestión, como en otras, el tiempo no se demorará en hacer justicia con los “treinta años”, que nos brindaron prolongados momentos de paz como pocos en nuestra historia.

Pero ya no más. Ahora no es más que un buen recuerdo de lo que pudimos lograr después de una dictadura larga que, no habrá de olvidarse, usó la violencia sin reservas para mantenerse en el poder. La primera señal de violencia inusitada entre nosotros, una violencia organizada y recurrente, emergió del movimiento estudiantil de 2011. Las masivas y numerosas marchas de ese tiempo casi siempre terminaron en desmanes cada vez más violentos que ya no podían ser controlados por las fuerzas del orden. El sistema político apenas tomó nota del nuevo escenario que se estaba gestando en el país y que iba camino de instalarse como una nueva práctica tolerada por grupos crecientes de la sociedad. A las iniciativas que se promovieron para ponerle coto, la izquierda –en ello la acompañó irreflexivamente la centroizquierda concertacionista– opuso el concepto de la “criminalización de los movimientos sociales”, muy eficaz para paralizarlas o derribarlas sin mayor trámite.

Se sumó luego la creciente violencia en la Araucanía y la que se ha instalado sin contención en las poblaciones dominadas por el narcotráfico. Para colmo, últimamente aparecen focos de violencia asociados a una descontrolada inmigración donde, de nuevo, el sistema político llega tarde o se encuentra paralizado entre posturas opuestas.

Entretanto, la violencia se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad chilena y sus víctimas son, como siempre en estos casos, los sectores más desposeídos del país. Su envergadura demandará unas convicciones y talento político que no abundan actualmente en el país, mucho menos en un gobierno de izquierda, no sólo inexperimentado en estas lides, sino que notoriamente incómodo respecto de una materia en la que sus propias contradicciones le restan impulso para enfrentarla. Ese “miedo inconcebible a la pobreza”, que cantaba el Gitano Rodríguez hace 50 años, ha devenido en un miedo inconcebible a la violencia, que ahora tiene al país y a muchos de sus ciudadanos en vilo.

*Claudio Hohmann es ingeniero civil y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

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