El proceso para tener una nueva Constitución consta de varias etapas y los políticos recién terminaron la primera. Las conversaciones y decisiones que se han ventilado anticipan un proceso bastante más complejo y controlado. Pero ese afán de impedir fisuras que posibiliten un Rechazo 2.0 abre nuevas dudas y deja cabos sueltos. Aun con el acuerdo, las contingencias surgen en cada etapa y cada una afectará, en mayor o menor medida, el resultado del plebiscito de salida.

Firmado el acuerdo, se elaborará el proyecto de reforma constitucional, tal como en 2019. Tendrá el desafío de tener, en un tiempo acotado, una discusión sobre las 12 detalladas bases que establecen un mínimo protegido.

Lo anterior no es menor, pues existirá una mayor posibilidad de judicialización del proceso. Por otro lado, en una de las sesiones de la Mesa Técnica de 2019 se afirmó que, ante un fracaso del proceso, sería necesario un nuevo acuerdo político para seguir con el proceso constitucional. Pues bien, si fracasa el segundo proceso, ¿existirá un tercer acuerdo político? ¿Esta segunda oportunidad, es la última o siempre se podrá invocar el comodín del plebiscito de entrada del 25-O? Por último, ¿el proyecto de reforma contará con una norma similar al inciso final del artículo 142 de la Constitución vigente y una promesa de cerrar el tema, cualquiera sea el resultado?

Redactado el proyecto de ley, el Congreso deberá abocarse, rápidamente, a su tramitación. Pero la elección del presidente de la Cámara de Diputados o del Fiscal Nacional en el Senado no son señales que aseguren su aprobación.

El sabor de ser el voto decisivo ha sido probado por demasiados, independientes y partidos nuevos o quebrados, y sin duda lo harán valer. ¿Garantías de ordenar coaliciones, bancadas o partidas? Pocas o ninguna: retiros del 10%, acusaciones constitucionales, estados de excepción, plebiscito de salida y elecciones administrativas constituyen importantes precedentes. Por otro lado, ¿se respetará el acuerdo o existirán proyectos de ley que alteren las reglas del juego como ya ocurrió? Hasta el momento se ha denunciado esos errores, pero ¿se incluirán en el proyecto de reforma?

Aprobada la reforma por el Congreso, el camino se bifurca: nombramiento de los expertos para que trabajen en un anteproyecto y de los árbitros del proceso, y elección de los consejeros constitucionales.

La soberanía popular será bypasseada, y no solo por excluir un plebiscito de entrada. Ya conscientes del problema que generó no tener un control estricto y cercano sobre las candidaturas, los partidos evitarán malas sorpresas y propondrán pocos e intachables nombres. Nosotros, el pueblo, no seremos expuestos a listas interminables de candidatos, ya que los partidos nos harán el trabajo, presentando un ramillete de opciones cuidadosamente elegido y revisado. Por supuesto, un requisito para el trabajo, aparte de la docilidad, será no ser bueno para el show. 

La Comisión Experta elaborará un anteproyecto, aunque nada se dice en el acuerdo sobre el reglamento, procedimiento e insumos que ocuparán, salvo el quorum de 3/5, y habrá que esperar la decisión del Congreso.  

El Comité Técnico de Admisibilidad tendrá su primer trabajo, si es que 10 expertos recurren a él. Sin embargo, se trataría de un órgano que revisaría la compatibilidad con las bases constitucionales una vez votadas, y no presentadas, como pareciera que sugiere su nombre. Convendría aclarar que también tendrá facultades para resolver las reclamaciones por vicios formales o si se mantendrá la acción del artículo 136 del proceso anterior.

Para abril de 2023, los expertos tendrán a la vista la integración del Consejo Constitucional y es probable que la votación de las normas cruciales se retrase para un momento posterior a esa fecha.

Si bien los integrantes del Comité y la Comisión son designados por el Congreso en proporción a las fuerzas parlamentarias, el Consejo puede resultar integrado con una proporción favorable a las fuerzas políticas que no gozan de una gran representación parlamentaria. PDG y Republicanos analizarán la fórmula que les garantice una mayor representación en el Consejo, considerando su influencia en el norte y sur de Chile, respectivamente.

Pero Amarillos y Demócratas siempre pueden sorprender. Electos los convencionales y aprobado el anteproyecto por los no expertos, el trabajo tomará un rumbo cínico y monótono. Lo esencial ya estará decidido, por lo que las modificaciones que se aprueben no serán sustanciales y los expertos tendrán su poder de veto al final del proceso. En esta etapa, el control de los partidos será mayor para evitar a toda costa episodios como el de Rojas Vade o Elsa Labraña, o normas maximalistas, absurdas o impertinentes que auguren el enojo de los votantes. Basta que exista un solo episodio, y ni siquiera tan grave, para echar todo el trabajo por la borda.

La vara de paciencia de la ciudadanía, en medio de una crisis de seguridad y economía, será alta y no estará dispuesta a aguantar que se rían en su cara… por segunda vez.

Redactado y aprobado en su totalidad el proyecto de Constitución por los consejeros, antes del plebiscito de salida, la Comisión Experta lo revisará. Si no les gusta o lo consideran “refundacional” o “neoliberal”, pero a la ciudadanía (o a las encuestas) sí, ¿Se atreverán a realizar modificaciones profundas y oponerse a lo decidido por los consejeros o escucharemos una nueva versión de “La ley lo arreglará”?

Pero suponiendo que lo apruebe y se resuelvan las propuestas de mejora de los expertos, queda la campaña: ese momento en que reinan las fake news, los debates acalorados y la encuestitis aguda. ¿Tomará el Gobierno un rol intervencionista, apostando por segunda vez, lo que le quede de capital político? Quizás apueste por la mesura, aunque se trata de una generación de valores superiores que siempre sorprende.

Misma pregunta para los partidos firmantes y votantes del acuerdo y del proyecto… ¿El Apruebo al Acuerdo 2.0 se puede convertir en un Rechazo al borrador de Constitución 2.0? ¿O existirá, por fin, un discurso común desde el oficialismo y la oposición? Y la pregunta de oro: ¿Cuál es el porcentaje que se requiere para cerrar el tema? ¿63%? ¿Y si saca un 62% o menos? ¿La tercera es la vencida?

Todo esto en medio de una gran crisis de seguridad, económica y política junto con la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre. En los tres meses de discusiones que llevan los políticos todos estos aspectos han sido revisados con detalle, y ojalá lo tengan con las urgentes injusticias sociales, aunque el éxito del proceso ya demostró que les es más importante. El sacrificio que significará este calvario debe valerlo… ¿o no?

*Roberto Astaburuaga es abogado de Comunidad y Justicia

Roberto Astaburuaga

Abogado de Comunidad y Justicia

Deja un comentario

Cancelar la respuesta