Un nuevo hecho de violencia se registró en los últimos días en la Universidad de Concepción. Un hombre encañonó a una mujer tras una discusión, a plena luz del día. El incidente se suma a una pelea que hubo con armas blancas.

La máxima autoridad de la universidad, Carlos Saavedra, no descarta cerrar el perímetro del establecimiento, que se ha mantenido con libre acceso durante más de 100 años.

Al respecto, Sergio Giacaman, ex intendente del Biobío, comenta en el Podcast Macrozona Sur que «en marzo de 2020 la U. de Concepción sufrió varios atentados y el rector no quiso presentar querellas. Hoy día lo que está pasando tiene directa relación con eso. Cuando se pierde el respeto a la autoridad queda lo que estamos viendo».

Sostiene que «se ve cierto coqueteo del rector con los violentistas y eso es una muy mala señal, que ha tenido consecuencias graves».

En la misma línea, el ex convencional por La Araucanía, Eduardo Cretton, apunta que «la sensación de impunidad hace que haya aún más atentados. Cuando el delincuente le pierde el miedo a la autoridad se hace una costumbre hacer este tipo de atentados».

Cretton: «La falta de transparencia del Plan Buen Vivir es algo que se agarró como maña en la Convención»

El Líbero publicó una investigación en la que diputados de la Macrozona Sur acusaron «sesgo» y falta de transparencia en los diálogos del Plan Buen Vivir. La razón es que no es posible acceder a los datos sobre con quiénes han sido esos encuentros, ni las fechas o lugares. Por otro lado, entre los resultados se apunta a la Iglesia como un «actor de conflicto» en La Araucanía y en Los Ríos al Parque Nacional Villarrica y un proyecto eólico como focos de conflicto.

Al respecto, Giacaman sostiene que «pareciera que quienes participan de los diálogos son parte de quienes realizan los atentados. Han hecho más diálogos que días han transcurrido, pero pareciera que lo están haciendo solo con amigos».

Cretton asegura que «la falta de transparencia del Plan Buen Vivir es algo que se agarró como maña en la Convención Constitucional, donde hasta el día de hoy no sabemos en qué se gastó la plata de la consulta indígena». «Lo que hay de fondo es una montonera de activistas que utilizan la causa indígena para llenarse los bolsillos o pagar favores políticos», concluye el ex convencional.

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