Para que el plebiscito no se convierta en un callejón sin salida que obligue a la ciudadanía a elegir entre «apruebo» o «rechazo», no es necesario «inventar una tercera vía», sino «resignificar» lo que implicaría no estar de acuerdo con proyecto de Carta Magna que presente la Convención.

Así lo planteó la convencional Marcela Cubillos en el más Podcast Constituyente de El Líbero. «No hay drama en que a la gente no le guste el texto que salga de la Convención, se hace una nueva Constitución», dijo.

Conforme al criterio de Cubillos, está muy claro que lo que no puede ocurrir es que siga en vigencia indefinida la Constitución de 1980 en caso de que no sea aprobado el proyecto que emane de la Convención, sin que se busque un mecanismo para redactar una nueva Carta Magna.

«¿Y cómo se hace una nueva Constitución? El poder constituyente vuelve al Presidente y al Congreso, que son los que tendrán que hacer un plan rápido, en un corto plazo, modificar las formas para que termine en un plebiscito de una nueva Constitución», explicó Cubillos.

Desde la perspectiva de la constituyente la «Constitución del 80 se mató en el primer plebiscito, en el de entrada, en el que 80% de la gente dijo que no quería seguir con esa Constitución». Ese es el fundamento conforme al cual, según Cubillos, sería imposible simplemente no darle a Chile una nueva Constitución incluso, en caso de que el proyecto que está actualmente en redacción no logre ser aprobado.

Eso sí, la convencional fue clara al explicar que en el plebiscito de salida tienen que presentarse dos vías: «No se puede dividir en tres las alternativas. No se puede dividir en dos a quienes no les gusta el texto de la Constitución de la Convención porque, si no, ahí el plebiscito no tiene ningún sentido electoral».

La Convención está haciendo un «asalto sobre la propiedad privada»

«Hay que poner el grito en el cielo sobre derecho de propiedad privada». En esos términos advirtió el constitucionalista Germán Concha, durante su participación en el Podcast Constituyente de El Líbero, sobre los peligros que implicaría el pase definitivo al borrador de Constitución de los artículos que se aprobaron el jueves en esta materia en la Comisión de Derechos Fundamentales.

«Los títulos que habiliten la prestación de servicios públicos o la explotación, uso o aprovechamiento de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho y se someterán al estatuto que defina la ley, la cual deberá cautelar el interés social y el equilibrio ecológico», dice parte de la norma sobre derecho de propiedad

«Este es un ataque al sistema de propiedad en todo Chile», dijo el jurista. Para Concha, los cambios que se están haciendo en el Texto Fundamental en cuanto a propiedad privada han partido de premisas que no son ciertas.

«Se dijo que había que reformar la Constitución para que los yacimientos mineros fueran de propiedad estatal. Falso, los yacimiento mineros son de propiedad estatal (…) Se dijo que había que cambiar la Constitución para que el agua fuera de propiedad estatal. Falso, el agua es hoy un bien nacional de uso público», explicó.

En criterio del académico de la UC, lo que se busca desde la Convención es «eliminar el derecho de propiedad de los privados que hoy día operan yacimientos mineros», así como «eliminar los derechos de los privados sobre el agua, para que dependan de lo que buenamente el Estado les quiera dar».

Desde la perspectiva del constitucionalista sería grave la aprobación definitiva del artículo que establece la «propiedad indígena» como un «derecho previo».

«Los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a la reparación de las tierras, territorios y recursos que les hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados, transferidos o dañados, sin su consentimiento», dice parte de la norma en cuestión.

«Eso significa que cuando se reclamen esos derechos no hay expropiación, porque la expropiación consiste en que se reconoce que se le está quitando algo al otro. Si ese texto se aprueba se va a generar un problema, no solo con la minería y con el agua, sino con toda la propiedad que está establecida en Chile sobre cualquier inmueble», sostuvo el constitucionalista.

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