El inicio de 2026 en el Servicio Médico Legal (SML) no ha sido particularmente tranquilo, pues desde fines de diciembre se aceleró la mudanza al nuevo edificio institucional en Pedro Aguirre Cerda, lugar que no estaba completamente habilitado y donde incluso tuvieron problemas con los servicios básicos, mientras que en la sede de Avenida La Paz, Recoleta, los cadáveres de personas no reclamadas -gran parte aún no identificadas- ya se cuentan en cientos, una acumulación que entre julio y agosto pasado provocó el contagio por tuberculosis a un técnico de autopsias y que ahora derivó en una demanda de tutela laboral de los funcionarios por las faltas de resguardos que alegan que tienen frente a la exposición a riesgos biológicos en aumento.
Hasta el viernes 9, había dos container (en la foto) y un camión de refrigeración en las dependencias del SML para hacer frente al exceso de cadáveres que, según cinco funcionarios consultados por este medio, han variado entre 200 y hasta 400 entre fines de 2025 e inicios de 2026. Esta semana el camión se retirará y llegará un tercer container.
En todas las conversaciones sobre los diferentes problemas que aquejan al servicio, se menciona un hermetismo y desconfianza de parte de la dirección del SML, dirigida por la médico cirujano Marisol Prado (PC), que ha fracturado la comunicación interna y ha levantado denuncias de los gremios respecto de un uso más bien político de sumarios y casos de hostigamiento que siguen apareciendo.
El problema de los cuerpos: acumulación e identificación
Cuando llega un fallecido al SML se le mantiene en una cámara de frío, llamada “de tránsito”, con capacidad para 30 cuerpos. Una vez que se le practica la autopsia, al cuerpo se le traslada a otra cámara de refrigeración con igual capacidad. Además, el clásico edificio de Av. La Paz, cuenta con cámaras de refrigeración a las que llaman “antiguas”. En total, si todo estuviera ocupado simultáneamente, como ocurría hasta la tarde del viernes, en el servicio se podrían mantener como máximo, 180 cadáveres.
Aquellos que están “varados” en el SML son fallecidos identificados que no han sido reclamados por sus familias o N.N., muchos de ellos extranjeros. Varios murieron en circunstancias delictivas investigadas por el Ministerio Público. Debido a que los familiares no los van a buscar o no se los pueden llevar por razones económicas, o bien la Fiscalía no ha dado paso para inhumarlos en una fosa, estas personas permanecen en las dependencias por tiempo indefinido. Muchos, ya no en las mejores condiciones.
Este cuello de botella que antes ocurría por circunstancias especiales como las fiestas, se transformó desde fines de 2024, en una constante, asegura una persona del staff médico que dice a El Líbero que “nunca había presenciado una acumulación tan significativa de cuerpos como la que existe actualmente”. En 2024, relata, se evidenciaba una sobrecarga, por lo que se arrendó un contenedor frigorífico para acumular cuerpos. Sin embargo, en 2025 se arrendaron dos containers en julio y agosto, por poco más de $6 millones cada uno, por siete y 12 meses. Adicionalmente, el 24 de diciembre se solicitaron cotizaciones para el arriendo de un camión por 10 días.
“Este arriendo se sustenta en la necesidad de contar con camión refrigerado para el resguardo y conservación de los cuerpos en proceso de peritaje, debido al gran número de fallecidos que se encuentran en las cámaras de refrigeración, de esta forma se evitan graves problemas de espacio, lo anterior debido a las fiestas de fin de año”, decía la justificación de la “Compra Ágil” de Mercado Público.
Como el plazo del arriendo culminó el viernes, el miércoles 7 de enero se abrieron las cotizaciones -por un día- para que llegue un tercer container que pueda hacer frente a la situación que por momentos tuvo bolsas de cuerpos a ras de suelo y carros de traslado con dos cuerpos, en vez de uno.
La acumulación de cuerpos responde, explica la misma persona, “a una deficiente gestión administrativa para realizar oportunamente las inhumaciones. Esta situación no solo constituye una falta de respeto hacia los fallecidos, al mantenerlos apilados, sino que además representa una acción negligente, considerando que el SML cuenta con instalaciones nuevas y cámaras frigoríficas que aún no pueden ser utilizadas (en el edificio nuevo) para dar cobertura adecuada a la demanda existente”.
Según la organización interna, la responsabilidad en la gestión y planificación de esta situación, que requiere coordinación con el Ministerio Público y cementerios, recae en la jefatura de Tanatología, que desde fines de 2023 subroga la doctora Viviana San Martín; en el director regional metropolitano, Christian Allendes; en el subdirector médico, Julio Sarmiento Machado (PC) y en la directora nacional, Marisol Prado.
Este medio preguntó por escrito al SML sobre el problema del alto número de fallecidos en custodia. Informalmente descartaron una acumulación, pero al mencionarles la existencia de los containers e insistir por una respuesta formal, no estuvieron disponibles y recomendaron pedir la información vía Transparencia, trámite para el cual el servicio tendría 20 días hábiles para responder de no mediar una prórroga de otros 10. De todas formas, El Líbero supo que tras la consulta se activaron los trámites para inhumar algunos cuerpos, “pero aún así estamos muy saturados de fallecidos” y “trabajando con demasiada presión”, comentan desde el servicio.
Personas buscadas, pero no encontradas y un protocolo incumplido
Otro problema que subyace, es que el SML debe enviar quincenalmente a la PDI una lista de los cuerpos identificados y también una descripción de aquellos sin identificar, con el fin de poder buscar a sus familiares o dar con su identidad. Esto según un convenio suscrito en 2008 (en la foto de abajo). Sin embargo, al menos hasta agosto de 2025, no se estaba adjuntando la información de los N.N., incumpliendo el acuerdo.
Las complicaciones con la gestión de los cadáveres no identificados generó impacto en noviembre, cuando se conoció que el cuerpo de un estudiante de la Universidad de Chile estuvo 75 días en el SML sin que la familia, que lo buscaba, supiera su paradero. El cuerpo del joven llegó al servicio el 21 de agosto. Al día siguiente se le practicó la autopsia y el SML metropolitano pidió al Registro Civil cotejar sus huellas dactilares, sin obtener respuesta. No obstante, la reiteración de la solicitud no se hizo al día siguiente, sino el 15 de septiembre y la respuesta llegó el 4 de noviembre. En un comunicado, el SML calificó la situación de “excepcional”.
Pero antes ya había pasado algo similar. Según información a la que accedió este medio, el 16 de julio ingresó al SML el cuerpo de un hombre mayor y cinco días después, un familiar se acercó al servicio para saber si estaba allí. Le dijeron que no. El 26 de agosto, una hija llegó nuevamente al SML a hacer la consulta y aunque su padre aún no estaba identificado, en esa oportunidad le permitieron ver fotografías de los N.N., por lo que pudo identificar a su familiar y posteriormente llevárselo.
Tras ambas situaciones, ¿el SML ya está enviando la información de los N.N. a la PDI? El Líbero se lo consultó al servicio, pero el SML no accedió a responder esta pregunta.
El contagio en la sala de autopsias que dio paso a una demanda
En julio pasado, cuando llegó el primer container, también se estaba presentando una acumulación de cuerpos. Y lo que motivó el arriendo, dice una fuente, es que había una filtración de agua que comenzó a afectar a los cuerpos y los técnicos de la sala de autopsias levantaron la voz, pues manipulan fallecidos con patologías transmisibles. Al poco tiempo los cuerpos volvieron al suelo (en carros de traslado) y llegó el otro contenedor. Sin embargo, en ese lapso, uno de los trabajadores resultó contagiado de tuberculosis.
“Durante los últimos meses se efectuaron parcialmente radiografías de tórax como medida preventiva frente al aumento de casos de tuberculosis en el entorno laboral. Sin embargo, estos exámenes fueron suspendidos, luego de que uno de los resultados arrojara un caso positivo, el cual fue catalogado como ‘enfermedad común’ negando su posible origen laboral. Desde entonces, no se han retomado los controles preventivos, quedando la mayoría de nosotros sin examen médico actualizado y con la preocupación legítima de haber estado expuestos a una enfermedad que no se detecta mediante pruebas de sangre. Esta omisión infringe los principios básicos de seguridad y salud en el trabajo”, denunciaron los técnicos.
16 de ellos decidieron presentar una demanda de tutela laboral colectiva. La abogada Jenny Flores, que los representa, relata a El Líbero que a la persona sólo le dijeron que tenía que retirarse del SML porque tenía “un problema en los pulmones” detectado por la radiografía hecha por el IST, por encargo del servicio, sin embargo, denuncia que no le facilitaron ni el diagnóstico ni el examen, por lo que se enteró de que tenía tuberculosis después de un mes de atenciones particulares en los que gastó más de $1 millón.
“Tanto el IST como el Servicio Médico Legal incumplieron normas legales”, asegura Flores, que agrega que también se pasaron a llevar derechos fundamentales, pues el hombre seguía con tuberculosis activa en noviembre y hasta que supo de su diagnóstico en agosto, podría haber seguido contagiando a su familia o a otras personas incluso en el transporte público, pese a que el servicio sabía de su enfermedad. El SML no respondió a este medio qué medidas se han tomado para evitar contagios a raíz de la acumulación de cadáveres.
“No hay prevención. Considero que deberíamos tener un chequeo médico cada tres meses, seis meses, no sé, algo muy concreto. Están cometiendo errores muy graves con respecto a no poner más atención en esto”, dice un técnico de autopsias que reconoce que cuentan con medidas de protección, guantes, mascarillas, antiparras; pero no con un seguimiento del estado de salud para una ocupación que es demandante física, pero también mentalmente, por lo que pese a que cumplen una labor central en el SML, se sienten tratados como “el patio trasero del servicio (…). La dirección rompió toda comunicación con nosotros”.
De hecho, la dirección de Marisol Prado y Julio Sarmiento, no les ha informado cuándo deberán trasladarse al edificio nuevo. Hay versiones que dicen que será el 15 de enero y otros que mencionan incluso septiembre. “No hemos tenido reuniones técnicas, no hemos podido ver las dependencias, no hemos tenido marcha blanca, ver funcionar los módulos, los carros, las bandejas, nada«. Tampoco saben a ciencia cierta qué pasará con los fallecidos en custodia: si el Ministerio Público les dará la autorización para llevarlos a Pedro Aguirre Cerda o el antiguo edificio oficiará de “bodega de cadáveres”, afirman.
A raíz de todo lo anterior, en noviembre, durante plena campaña de primera vuelta, cuando el SML salía a la palestra cuestionado por la identificación de los detenidos desaparecidos; los funcionarios de autopsias se declararon en “estado de alerta” y pusieron lienzos y un muñeco en la entrada del SML.
Eso no le gustó a la directora Prado, cuya labor estaba siendo expuesta en la contienda electoral. Desde entonces, dice la abogada Flores, la directora les habría transmitido vía gremios “que no quiere saber nada de la sala de autopsias. Es una clara discriminación”. A ello se agregan otras situaciones, como que hace tres años en autopsias no tienen computador para acceder a la información institucional -la abogada dice que el director regional les ha dicho que espera que los funcionarios lo repongan- y que persiste una pelea sobre el pago de horas extras, pues en abril de 2024 la directora habría dado una orden verbal de no pago de las horas extras trabajadas en abril y mayo, en movilizaciones. Y aunque finalmente se pagaron los turnos, aún quedan horas extras pendientes de esos meses.
Los problemas del cambio de edificio
A principios de diciembre, a sólo días de que la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda le diera la recepción final al nuevo edificio institucional del SML (el día 15), les informaron por mail a los a los funcionarios que trabajaban en un edificio arrendado de la Alameda y a los de Avenida La Paz, que comenzarían a cambiarse el 23 de diciembre. Se trata de una moderna infraestructura de 24 mil metros cuadrados que comenzó a construirse en 2021.
Sin embargo, a los funcionarios les pareció extraña la premura, pues sabían que las obras no estaban completamente terminadas y que se seguirían ejecutando obras menores por los próximos seis meses. De hecho, el 7 de enero se abrió un llamado en Mercado Público para “reparaciones e instalaciones” en el nuevo edificio.
En efecto, al llegar, las cosas no se veían tan bien como en las fotos de la recepción del lugar junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC): el agua potable no pudo ser consumida debido a su mala calidad y se advirtió a las personas que no se podían enchufar nada más que los computadores y las impresoras porque tanto la electricidad como internet eran inestables (la licitación de esto último aún no se adjudica). Además, el segundo piso no tenía baño habilitado y hasta la semana pasada no les recomendaban usar los ascensores, pues se estaban “calibrando”.
Asimismo, las personas aún no tienen casino, por lo que se autorizó la instalación de un food truck privado dentro del recinto para la venta de alimentos. Además, la Asociación Nacional de Profesionales y la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias denunciaron que, a raíz de que la dirección estaría “restringiendo el acceso al estacionamiento institucional a los funcionarios, privilegiando arbitrariamente a otros”, una funcionaria que tuvo que estacionar en la calle ya fue víctima de la primera encerrona en el lugar el 30 de diciembre.
Según los funcionarios, esta medida no se ha transmitido formalmente, si que no de manera verbal y la consideran “arbitraria”, en línea con las anteriores denuncias que han levantado sobre hostigamiento y “amiguismo” por parte de Prado y su “círculo de hierro”.
De hecho, esas denuncias no han cesado, pues en julio del año pasado un médico de larga data en el SML denunció por Ley Karin al jefe del Departamento de Clínica, Javier Trujillo, por episodios de maltrato, humillación pública y exclusión técnica. Otro doctor que también lo denunció, acumuló antecedentes de quejas en su trato -y también sobre su preparación en las materias forenses- de parte de otros médicos y en agosto pasado pidieron su renuncia, sin éxito. La denuncia se encuentra en fase de sumario.
Trujillo se tituló de médico cirujano en 2010 de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba y en 2021 rindió el Eunacom. Entró a trabajar como asesor al SML en 2023 y subrogó su actual cargo hasta ser ratificado en abril de 2024. Igual que Prado y Sarmiento, es simpatizante del Partido Comunista.