De lado y lado encontraremos personas que quieren recuperar el orden y la paz social, fortalecer el Estado de Derecho, así como también resolver los distintos problemas sociales que aquejan a las personas de nuestro país. Esto no es simple ingenuidad, sino todo lo contrario. Es tener sentido de realidad y evaluar los riesgos de cada opción. Ingenuidad es pensar que alguno de estos caminos significará una solución fácil.

Si no queremos que el día de mañana se repita un nuevo estallido social, es fundamental dilucidar si hay algo de la crisis del 18-O que tenga relación con un déficit de la actual Constitución, para de esa forma abordarlo en el proceso de cambio constitucional (cualquiera sea).

El debate constitucional y la revolución digital son nuestra oportunidad de pensar en un diseño institucional que permita una participación sustantiva de la ciudadanía, así como también un Estado suficientemente flexible y permeable que pueda procesar e incorporar las diversas miradas de los ciudadanos.

Poco y nada de derechos sociales hay en las Constituciones de los países más avanzados en términos de calidad de vida.

Lo que no se entiende es por qué los últimos años ante el mismo drama social no hemos actuado con el mismo sentido de urgencia. No se trata de desconocer el trabajo de numerosas organizaciones de la sociedad civil, ni los programas sociales y el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y de los municipios, sino de la falta de priorización política e incluso comunicacional.

Aunque las reformas políticas -como la rebaja de la dieta de los parlamentarios, el número de estos o el límite a la reelección- parecieran apuntar a problemas reales, es importante no mirarlas como cambios aislados, sino como elementos que forman parte de un todo y que por lo tanto inciden en nuestro sistema político en su conjunto. Bien debiéramos haberlo aprendido después de ver los efectos que tuvo la reforma al sistema electoral de 2015 en la dificultad actual para gobernar el país.