¡Y no la respetaron!

De acuerdo con el Reglamento del Senado, el día 11 de marzo del año que siga a una elección parlamentaria, los senadores deben jurar o prometer respetar la Constitución al asumir sus funciones. Lo mismo ocurre en el caso de los diputados. Pero ese juramento no es solo para los parlamentarios, pues el presidente electo también debe jurar o prometer desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la Nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Fue lo que hizo el presidente Boric el 11 de marzo de 2022. Lo mismo hacen los ministros al jurar o prometer ante el presidente de la República ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se les ha conferido de acuerdo a la Constitución y las leyes.

Expuesto lo anterior, no cabe duda de que doña Isabel Allende tiene que haber jurado o prometido en su oportunidad respetar la Constitución, lo cual implica, supongo, que la habrá estudiado y por lo tanto tiene que haber sabido lo que dice el artículo 60, donde queda claramente estipulado que “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”, además de otras prohibiciones.

Supongo también, que todos los senadores en ejercicio, los ministros de Estado y el propio presidente de la República conocen lo que dice la Constitución y como juraron o prometieron respetarla, alegar desconocimiento de la inhabilidad estipulada en el artículo 60, es absolutamente inaceptable.

Desde el gobierno, toda la responsabilidad de lo ocurrido se la adjudicaron a terceros. En primer lugar, a la ministra de Bienes Nacionales, que fue despedida tempranamente de su cargo; enseguida a 17 abogados -no exonerados- que pusieron sus muescas en el decreto 38 firmado por el presidente Boric permitiendo la adquisición. Pero esto continúa, pues el jueves recién pasado se le aceptó la renuncia a Bernardita Nazar, abogada del gabinete presidencial pues según el asesor del Patrimonio Cultural José Cortés había advertido a Presidencia sobre las inhabilidades en la casa de Guardia Vieja.

Los despidos no son otra cosa que los fusibles que utilizan los presidentes para evitar que las crisis les exploten en la cara. Pero, en este caso, es grave para el presidente lo que declaró la abogada Francisca Moya, jefa de la división jurídico-legislativa de la Segpres ante la comisión investigadora de la Cámara. En esa ocasión dijo que cuando le llevó al presidente Boric el día 28 de noviembre el decreto 38 que dio curso a la transacción, sabía de las inhabilidades.

Sin embargo, el presidente en una entrevista en CHV Noticias dijo, que él le planteó a Isabel Allende comprar la casa de su padre por “convicción personal”, agregando enseguida que “no tuvo a la vista la inhabilidad”.

Como si esto fuera poco, resulta incomprensible que el fallo del TC haya sido considerado como un “precedente grave” por parte del Gobierno a través del ministro Elizalde y la vocera Aisén Etcheverry. Pero aún más incomprensible es que el PS haya expresado implícitamente indignación porque dos juezas del TC, habiendo sido nombradas por el presidente Boric, hubieran votado a favor de la destitución de la senadora Allende.

O sea, según el PS y miembros del actual gobierno, los jueces del TC deberían haber fallado de acuerdo con sus convicciones políticas o de las de quienes los nombraron en sus cargos y no de acuerdo con el derecho. Es decir, ¿la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho no se debe respetar para miembros del oficialismo, porque pueden generar un grave precedente? ¿Esa es la moral con que actúan? ¿No se dan cuenta del daño a la democracia y a la confianza en la política y los políticos?

Todo este episodio genera una gran preocupación, puesto que tanto el presidente Boric como una ministra -Maya Fernández- y una senadora -Isabel Allende- quienes prometieron respetar la Constitución al asumir sus respectivos cargos, no la respetaron, ya sea por ignorancia o talvez por creer que el contrato de venta de la Casa de Guardia Vieja pasaría inadvertido.

Sea como fuere, el presidente, al declarar en TV que “no tuvo a la vista la inhabilidad”, reconoció implícitamente desconocer al menos ese contenido de la Constitución que prometió respetar. Habiendo egresado de Derecho, habiendo sido diputado, y ahora presidente, no puede ignorar lo que establece la Constitución y menos justificar su vulneración por desconocimiento.

EL TC no deja dudas al respecto al expresar en su fallo: “La democracia en un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro exige juridicidad, responsabilidad y sujeción a la Carta Fundamental por quienes han recibido el mandato popular”.