La semana que termina nos debe hacer tomar conciencia que las ideas del octubrismo no han muerto; por el contrario, siguen vigentes.
La primera señal fue el portazo definitivo que el Presidente le asestó a Carabineros y las FF.AA. En una radio de Rancagua dijo lo siguiente: «Durante nuestro Gobierno no se va a volver a tener tribunales militares revisando casos que corresponden y son de competencia de tribunales civiles». Y agregó: «La justicia civil es justicia especializada. Siempre hay críticas a la justicia, pero la justicia militar es una justicia para tiempos de guerra, para casos muy específicos».
¿Por qué se niegan el Presidente y la izquierda a que sea la justicia militar la que juzgue posibles responsabilidades penales de los efectivos desplegados en el territorio por orden presidencial y de acuerdo con lo que establece la Constitución, en cuanto es deber del Estado resguardar el Orden y Seguridad Pública? Lo justifican diciendo que son para tiempos de guerra, pero la verdad es otra. No los aceptan por razones ideológicas, porque tal como lo dijera el ex Presidente Felipe González en entrevista en El Mercurio con el rector Carlos Peña, la izquierda asocia la seguridad o el orden público con la dictadura.
¿No hay acaso tribunales especializados por ejemplo en temas tributarios, aduaneros, laborales, de menores y de familia? ¿Acaso los tribunales militares no lo son? Pero además el Presidente está equivocado, pues la Competencia de los Tribunales Militares revisada en 2017 y vigente actualmente, no restringe en ningún caso su jurisdicción a tiempos de guerra.
Este portazo presidencial a Carabineros y a las FF.AA., avalado por su coalición, va a traer consecuencias, porque lo más probable es que quienes tienen la responsabilidad de enfrentar al terrorismo en la Macrozona y al crimen organizado en todo el país, se van a abstener de actuar porque dicen preferir morir como mártires que vivir encarcelados como parias y dejar que sus familias sean humilladas y vivan en la escasez, pues ellos son expulsados de sus instituciones y privados de todo ingreso.
La segunda señal fue una nueva arremetida presidencial contra el sector privado en breves semanas. En este caso, con una dura crítica a la Banca tratándola de “coñete” por presuntamente no darle más créditos a la construcción e inmobiliarias, cuando la realidad es que la demanda crediticia ha disminuido en un 40%, según un estudio del Banco Central. Y olvida el Presidente que en el origen del problema están los retiros previsionales que él apoyó siendo diputado y que afectaron la profundidad del mercado de capitales -aún deficiente- como lo advirtió también el Banco Central.
La tercera señal es el llamado del Presidente al senador De Urresti para decirle que pare su reforma al sistema político, pues no era el momento para hacerla, no obstante la importancia de la misma para lograr que el país pueda tener gobernabilidad. La reforma que se intentaba en el Senado pretendía establecer un mínimo de 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, para que un partido pueda optar a representación en el Congreso y sancionar con la pérdida del escaño a los parlamentarios que habiendo sido electos por un determinado partido, renuncien a su militancia y emigren a otra tienda.
La cuarta señal es que diversos sectores de la coalición de gobierno insisten que permitir que se apruebe la ley corta de isapres es un perdonazo y eso ha hecho surgir dudas que el lunes se apruebe la ley en la votación en el Senado y la Cámara. Son variadas las voces que ya dijeron que la rechazarán catalogándola de tramposa, de ceder ante un chantaje de las isapres, con lo cual, de lograr su cometido, estarán causando un grave colapso de todo el sistema de salud del país.
Como se ve, son las mismas ideas de aquellos “no son $30, son 30 años”, expresadas de otra manera. Prometían el fin de las isapres, querían refundar a los «Carabineros asesinos»; intentaron refundar Chile; fueron partidarios de eliminar el Senado y tener democracia directa y prometieron enterrar el neoliberalismo. Se parece a lo de esta semana, ¿no cree?
En resumen, todas estas señales nos indican claramente que vamos por el camino equivocado. Pero como aún hay tiempo antes de las presidenciales, pienso que deberían juntarse las mejores mentes partidarias de una democracia liberal y del modelo de desarrollo que sacó a millones de chilenos de la pobreza, para desarrollar un nuevo proyecto país que nos permita salir de la decadencia actual, volver a caminar por la senda del progreso y nos hagan soñar nuevamente que podemos lograr el ansiado desarrollado.
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En relación con la justicia militar vengo en comentar lo siguiente:
Con la finalidad de destrabar la discusión sobre la justicia militar, el partido Demócratas pretende impulsar una serie de indicaciones. Entre ellas se propone “facultar al Ministerio Público para la creación de una ‘Fiscalía Especializada’ para la investigación de casos relacionados a la intervención de fuerzas policiales o FF.AA. en las RUF”.
Ximena Rincón —senadora y presidente de ese partido— explicó: “presentaremos indicaciones para que no quepa ninguna duda del respaldo jurídico que tendrán las FF.AA. cuando el Estado les encomiende cooperar excepcionalmente en el control del orden público”, lo que me parece muy bien.
Sin embargo, no concuerdo con la idea de crear una “Fiscalía Especializada” en el Ministerio Público. No veo la necesidad de hacerlo, puesto que la justicia militar es una justicia especializada, como lo son la familiar, laboral, ambiental, tributaria, etc.
Lo que sí se debería hacer es reemplazar el sistema de procedimiento penal inquisitivo aplicado por dicha justicia, que vulnera el derecho humano al debido proceso —garantizado por nuestra Carta Fundamental y por el derecho internacional de los derechos humanos— por un sistema procesal penal acusatorio, que sí lo respeta.
“Lo que se busca con los tribunales militares no es impunidad, sino una mirada más especializada para juzgar la complejidad de las situaciones en que militares y carabineros exponen sus vidas. Si se quiere ser efectivo en el combate al terrorismo y narcotráfico, las FF.AA. y Carabineros deben contar con mayores garantías legales y judiciales para cumplir con su arriesgada y ardua labor. No les exijamos vocación de mártires” (Miguel A. Vergara Villalobos).
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magister en Ciencia Política
Amplío mi comentario sobre la justicia militar:
Si los carabineros Cisterna, Arévalo y Vidal recientemente asesinados hubiesen repelido la agresión y alguno de los agresores hubiese resultado muerto, actualmente estarían acusados por la justicia ordinaria como autores del delito de homicidio; al igual que lo está el cabo de la Armada de Chile Ricardo Seguel San Martín, quien en noviembre de 2021 integraba una patrulla de infantes de marina que concurrió a auxiliar a carabineros que estaban siendo atacados con armas de fuego por encapuchados y que, como resultado de las acciones, murió un comunero mapuche. La Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que es querellante en este caso, piden 15 años de cárcel.
Evidentemente, en aquellas causas que dicen relación con hechos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones, es esperable una más recta administración de justicia por parte de una justicia especializada que por la justicia ordinaria; cuyos jueces no conocen a los militares, que no saben de su entrenamiento, reglas y armas, y que fallan contra leyes expresas y vigentes al no aplicarles normas que los favorecen (como las establecidas en los artículos 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar).
Si Seguel fuese condenado, el Partido Comunista y los partidos y movimientos de extrema izquierda habrán logrado un gran avance en su objetivo de destruir a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile; una condición sine qua non para conquistar el poder total, puesto que “sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista”.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magister en Ciencia Política