Hace dos meses, el ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Ernesto Ottone Ramírez, anunció una ambiciosa «Política Nacional del Campo Audiovisual», con 85 medidas “inéditas” (en una hoja de ruta para el cine criollo, centralista y estatista, de aquí a los próximos cinco años), y que, ¡por fin!, concluirían en fijar su mirada analítica, sobre un mismo punto y falencia: las casi inexistentes audiencias ciudadanas que deberían consumir la producción simbólica y disfrutar de las obras estrenadas por los cineastas nacionales, y luego beneficiarse de los resultados derivados de las estrategias de gratuidad, formuladas para captar público interesado y concurrente, tanto de la cartelera, como de la oferta de los distintos centros artísticos y plásticos de nuestras ciudades.
Si analizamos el documento, salvo las buenas intenciones y diagnosticar la salud del sector, poco se argumenta técnicamente y con soluciones concretas para cambiar realmente la situación descrita.
Desde 1990 hasta la fecha, las diferentes administraciones estatales han focalizado sus propuestas de acción cultural en el campo audiovisual sobre tres aspectos claramente verificables: la instauración y el aumento de los fondos concursables sustentados por el erario fiscal; la inducción a la creación autoral, a modo de mantener la actividad, el circuito y las industrias del ramo; y ahora, en la actualidad, la promoción al gratuito y fácil acceso en relación a las dependencias públicas gestoras y encargadas de proteger, acoger y engrandecer el acervo intelectual respectivo de la comunidad local, en sus diversas áreas de acción.
El problema de ese trío de definiciones y de convicciones es que si bien han servido para desarrollar un mercado respetable y el surgimiento de un número mayor de participantes en los beneficios del quehacer cultural propios del séptimo arte nacional –mayor que los existentes en el tiempo pasado, sin duda-, han limitado y destinado, en cambio, sus ganancias espirituales y materiales (lamentablemente) sólo para un reducido grupo de artistas, de mediadores y de espectadores. Así, el desarrollo y la concurrencia a ciclos y festivales, y los lanzamientos de la industria cinematográfica chilena, en general, parecen ser la “ficción” de una élite intelectual, que asiste en exclusiva a las festejadas “avant premiere”, que escribe en diarios y revistas especializadas, y que anota su presencia en los cócteles y reuniones privativas del ambiente.
¿Cómo formamos a esas indispensables audiencias masivas y democratizamos realmente el acceso a los bienes intangibles de la creación audiovisual, en general? Primero, al descentralizar las funciones del Estado en los municipios, las únicas instituciones realmente conocedoras de las particulares necesidades de sus habitantes al respecto. Luego, con la fundación ambiciosa y dedicada de modernas salas de cine (administradas por los gobiernos locales), y mejorando la infraestructura de las instalaciones y centros culturales ya existentes.
Para el logro de muchas de esas propuestas se necesita el compromiso, el financiamiento, la vitalidad y la fuerza creadora de la empresa y del capital de origen privado, como bien describe en su párrafo final la citada editorial. Convocarlos es un problema esencialmente de “marketing” y de estrategias comerciales y publicitarias de difusión, que las distintas instancias a cargo de la promoción e internacionalización del cine chileno no han sabido satisfactoriamente resolver.
Una de las principales trabas a la hora de enfocar los problemas del séptimo arte nacional radica en el fracaso de la industria chilena para transformarse en un mercado autónomo (de cara a los recursos del Estado) y rentable, desde el punto de vista comercial y temático, frente a las audiencias.
El Consejo de la Cultura (a través del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual) ha centrado sus esfuerzos en repartir indiscriminadamente fondos públicos, con el objetivo de producir más de cuarenta obras de precaria calidad cinematográfica (un punto siempre discutible) cada año. Salvo dos o tres casos, los creadores de piezas fílmicas en el país o bien terminan sus proyectos con números rojos, o bien no cuentan con una valiente sala que se arriesgue a exhibirlas, porque generalmente son “de nicho”, y poca gente va a verlas. Con esta política no se han facturado créditos perdurables (en un amplio sentido), que se puedan contar con los dedos de una mano, ni tampoco se ha estimulado la aparición de audiencias masivas que “consuman”, sin subsidios ni obligaciones, el “apetecido” formato.
Así, y expuesta a las leyes de la economía moderna, como de las preferencias sinceras de los usuarios, el cine chileno no gusta lo que debería cautivar, menos entusiasma. Y eso que de acuerdo a cifras de dispendio cultural y de espectáculos, el rubro fílmico y sus derivados son el negocio que mayor cantidad de dinero “mueve” entre las alternativas con que cuentan los ciudadanos a la hora de satisfacer sus necesidades de ocio y de entretenimiento.
La solución sería la siguiente: abrir el séptimo arte nacional a una estimulante competencia creativa, en procura del autofinanciamiento (atraer a los grandes estudios internacionales), además de formular una audaz política de exportación ante los grandes circuitos extranjeros. Devolverle a Pro Chile la preocupación y la exigencia por fomentar la aparición de varias agencias, no sólo de una empresa, para distribuir y “vender” la cartelera autóctona más allá de nuestras fronteras, y de esa manera evitar entregarle el monopolio de esa vital tarea a una sola fundación, pues aquello le abre la desgraciada puerta a las camarillas y a los amiguismos. Y que los fondos estatales, antes que azuzar la numerosa producción de cintas olvidables (hay que ayudar, no financiar), promuevan la edificación de modernas salas y butacas que acojan a los cineclubs municipales, única forma de generar audiencias. Es la burocracia estatal y el anquilosamiento complaciente (y la realidad), las que han sentenciado el diagnóstico expuesto.
¿Cuáles fueron los resultados prácticos de iniciativas propias del “dirigismo” estatal, tales como el discutido “Maletín Literario” de hace casi una década, por ejemplo, amén del derroche de escasos e irrecuperables dineros fiscales? Ninguna que se sepa, salvo el beneficio monetario de un par de editoriales y de los escritores cuyos títulos fueron seleccionados, por conceptos de impresión y de derechos de autor.
Pero de los efectos creativos y espirituales para la causa de la libertad personal, que se pueden mencionar gracias a las existencias de una cuidada y cercana biblioteca municipal, y de unos asistidos cineclubs de barrio -financiados por una mixtura estatal y privada-, pueden dar fe los genios artísticos de Arthur Rimbaud (París), de María Callas (Nueva York), de Charles Bukowski (Los Angeles, EE.UU.), de Carlos Pezoa Véliz (Valparaíso) y de los realizadores de la Nouvelle Vague francesa.
Enrique Morales Lastra, periodista y crítico de cine