Jackson

¡Se terminaron las clases de ética en Chile! dijo fuerte y claro el Presidente en su Cuenta Pública del 1 de junio, a propósito de la ley sobre delitos económicos, recibiendo una ovación de sus partidarios. Que gran ironía, cuando en menos de un mes, su gobierno está enredado en un escándalo de corrupción gravísimo, por apropiación indebida de fondos públicos.

Sin duda que el destape de lo ocurrido en la fundación Democracia Viva y las réplicas derivadas de este caso golpea al Gobierno en su línea de flotación, pues queda demostrado que la pretendida superioridad moral de la que se ufanaron al llegar al poder no era más que una falsa careta, cubriendo el rostro de la inmoralidad.

Ahora aparecen asombrados por la corrupción de sus filas, pero ¿es creíble que nadie sabía lo que estaban haciendo? ¿Nadie supo en los Ministerios que se estaban asignando recursos fiscales entre los amigos, con fines espurios? Si así fuera, sería aún más indignante, pues mientras el Ministro Marcel y el Presidente demandan más y más impuestos, la maquinaria partidista del gobierno estaba repartiéndose el botín entre amigos, sin control alguno. 

Si el asalto a las arcas fiscales con fines pecuniarios y de activismo político de este caso es grave per se, más grave es el menoscabo que puede afectar a la institucionalidad, pues si la confianza pública hacia la justicia, la política, los partidos y el Congreso ya es peligrosamente baja, esta corruptela -de la que recién se comienza a conocer su verdadera magnitud- puede hacerla caer aún más, lo cual es de alto riesgo para el normal funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho, que requieren de instituciones sólidas y respetadas. 

Cuando se pierde la confianza en las instituciones crece la inseguridad, provocando una creciente ansiedad social  y económica por falta de trabajo, disminución de la inversión y los ingresos, aumento de la pobreza y la delincuencia, lo cual termina induciendo a los países a caer en la tentación de elegir gobiernos populistas autoritarios, que prometen terminar con la delincuencia, restituir la confianza, brindar orden y seguridad y solucionar todos los problemas que más afectan a la gente. Ejemplos sobran, lo que sería fatal para Chile.

Hoy estamos viviendo una crítica situación, con un gobierno con bajo apoyo y sumido en el escándalo de corrupción; que no tiene estrategia, que no insinúa siquiera un camino a seguir y que frente a los graves problemas de delincuencia, narcotráfico y terrorismo; inmigración ilegal, educación, salud, crecimiento económico, empleo, vivienda, inflación, pensiones, informalidad laboral y deteriorada convivencia social, no se percibe que tenga un plan o una visión de como enfrentarlos para intentar darles solución.

En estos momentos tan complejos, lo que se requiere entonces es una ciudadanía muy activa, que exija al Gobierno más acción y menos discursos; soluciones prontas y reales a los problemas más acuciantes; una ciudadanía que hable, opine, escriba y critique lo que no le parece bien y apoye lo que es positivo para Chile; que exija castigo para los corruptos y que distinga a todos aquellos políticos que merecen el máximo respeto por su servicio al país, pues requerimos fortalecer nuestra institucionalidad y recuperar el affectio societatis, para que la sociedad, la democracia y el Estado de Derecho funcionen adecuadamente. 

Si eso no lo logramos, no habrá progreso posible.    

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