El 4 de septiembre decidiremos el destino de Chile de los próximos 40-50 años. Una manera de decidir con fundamentos el voto es someter el texto de la nueva Constitución al test del sentido común. Los invito entonces a evaluar mediante vuestro sentido común si las respuestas a las siguientes preguntas, basadas en el texto de la nueva Constitución, permiten aprobarlo, o por el contrario, si son inadecuadas, rechazarlo.
¿Garantiza la nueva Constitución que Chile siga siendo un estado unitario? No, porque pasaría a ser un estado plurinacional, lleno de autonomías territoriales.
¿Garantiza la igualdad ante la ley? No, porque habría dos sistemas de justicia paralelos, uno para los pueblos y naciones indígenas (así se describen en el texto) y uno diferente para los chilenos.
¿Garantiza la independencia del Poder Judicial? No, porque se elimina el poder judicial para convertirlo en un sistema de justicia, donde los jueces serían elegidos y evaluados en su gestión por políticos, al contrario de lo que ocurre hoy, que su elección y evaluación no depende de los políticos, sino de sus pares.
¿Garantiza pesos y contrapesos que eviten la concentración del poder? No, porque se eliminó el Poder Judicial y el Senado; la Cámara de Diputadas/os tiene un poder excesivo y un Ejecutivo atenuado pierde la exclusividad en la iniciativa de gasto.
¿Garantiza la propiedad privada? No, porque se ve amenazada. Ejemplos: la propiedad de la tierra, que podría ser expropiada para restituírsela a los pueblos y naciones indígenas de todo el país, pagando las expropiaciones al precio que decida un burócrata. Y los derechos de agua -de extrema gravedad- dejarían de pertenecer a los actuales propietarios.
¿Garantiza tranquilidad laboral? No, porque los sindicatos podrían declararse en huelga legal por el motivo que deseen; serían los únicos que podrán negociar colectivamente y además, elegir una negociación ramal, sectorial o territorial.
¿Garantiza que no existan grupos privilegiados? No, porque a los pueblos indígenas se les otorga todo tipo de privilegios. Derecho a tierras, autoridades, instituciones, jurisdicción propia, escaños reservados en el Congreso y otras instituciones y veto sobre cualquier materia que estimen pueda afectar sus derechos, incluso vetar cualquier reforma a la Constitución o incluso el ingreso de los militares a sus territorios, como lo explicitó doña Elisa Loncón.
¿Garantiza la libre elección de sistema de salud? No, porque solo existiría un sistema único de salud administrado por el Estado. Fonasa para todos, fin de las Isapres.
¿Garantiza el derecho a la vida del que está por nacer? No, porque garantiza el derecho al aborto libre, sin límite de tiempo.
¿Garantiza que los padres puedan decidir como educar a sus hijos? No, porque entre otras cosas, la educación particular subvencionada dejará de tener financiamiento público y no podrá tener fines de lucro.
¿Garantiza el derecho a la vivienda propia? No, porque se garantiza vivienda pero éstas serán de propiedad del Estado.
¿Garantiza la propiedad de los ahorros previsionales? No, porque en el futuro sistema de pensiones, los fondos no quedarán en cuentas individuales, y será el Estado el que los administre.
¿Garantiza la seguridad y el orden? No, porque se eliminó el estado de emergencia y Carabineros y la PDI, pasan a ser “instituciones policiales no militares, de carácter centralizado”.
¿Garantiza los derechos sociales? No necesariamente, porque sin crecimiento económico para su financiamiento, serían letra muerta. De aprobarse el texto, solo el costo en sueldos de los 120 nuevos altos cargos públicos que se crearían, L&D lo calculó bordeando los $13 mil millones de pesos, y eso sin considerar la gigantesca burocracia regional que se desarrollaría.
Las respuestas a estas preguntas se basan en el contenido del texto sometido a plebiscito. ¿Cree Ud. que pasa el test de su sentido común? Si al igual que yo, Ud. no lo cree así, vote RECHAZO.
*Jaime Jankelevich es bioquímico y consultor.