Un Estado fallido

Sesenta y cuatro niños. Entraron a Chile por una vía que el propio Estado autorizó, y a varios todavía no logra encontrarlos. No se perdieron cruzando una frontera clandestina ni a manos de un Estado ausente: se extraviaron dentro de uno que tramitó, registró, autorizó y ofició cada uno de sus pasos. Esa es la forma de fracaso que deberíamos aprender a temer. La falta de rigurosidad es notoria.

Solemos imaginar el Estado fallido como una ruina a la vista. Territorio sin ley, ministerios saqueados, la fuerza en manos de bandas que le disputan al poder lo que el poder ya no sabe defender. Pensamos en Somalia, en Haití, en esos lugares donde la estatalidad se vino abajo sin disimulo, y concluimos, tranquilizados por la distancia, que eso no nos toca. Pero existe otra manera de fallar, más silenciosa y por eso más difícil de nombrar. No la del Estado que desaparece, sino la del que conserva intactas todas sus formas, sus leyes, sus oficios, sus fiscalizaciones, sus protocolos, mientras pierde la capacidad de cumplir aquello para lo cual existe. Un Estado que hace mucho y lo hace mal, que confunde la actividad con la función, que legisla sin gobernar y fiscaliza sin proteger. Ese fracaso no se mide en edificios incendiados. Se mide en las preguntas que el Estado no logra responder.

Max Weber definió al Estado por el monopolio de la violencia legítima dentro de un territorio. Es una definición austera y exacta: lo que distingue a un Estado en pie de uno que se derrumba no es la cantidad de leyes que dicta, sino su capacidad de seguir siendo el único que manda donde dice mandar. Cuando ese monopolio se reparte, cuando la fuerza migra hacia estructuras que cobran, secuestran e imponen su ley en comunas enteras, lo que queda es la forma sin la sustancia. La fachada de un poder que ya no se ejerce.

Chile no se derrumbó, y conviene decirlo con todas sus letras, porque la palabra fallido invita al exceso y el exceso desarma cualquier argumento. No somos Somalia ni, por cierto, Haití. Pero las señales de esa segunda forma de fracaso, la del vaciamiento, se acumulan, en materias sensibles, bajo el gobierno de Gabriel Boric con una regularidad que ya cuesta atribuir al azar. Una administración que prometió una época distinta, más humana y más cuidadosa con los últimos, ha terminado ofreciendo la estampa más cruda de un Estado que se mira gobernar sin gobernar.

El propio oficialismo celebra, y en parte con razón, que los homicidios bajen por tercer año consecutivo. La cifra gruesa, sin embargo, esconde un cambio de naturaleza que ninguna estadística amable disuelve: la extorsión, el sicariato, el secuestro extorsivo, delitos que hace una década eran rarezas y hoy forman parte del paisaje. El secuestro alcanzó en 2024 su mayor nivel en años, y una porción creciente responde ya a la lógica del crimen organizado, esa que no persigue un botín sino el control de un barrio. No es que haya más delito. Es que hay otro delito, uno que le disputa al Estado el mando sobre la calle. Y la escuela pública, que debía ser el lugar donde el Estado se hace presente en la vida de cada niño, se ha vuelto a su vez escenario de una violencia ante la cual las autoridades solo atinan a mirar. Hasta el aula, que el país pensó como su gran igualador, ha empezado a ceder.

Pero hay un caso que reúne, como en un punto de fuga, todas las formas de esta falla. El de esos niños con que empecé. Un caso en que el Estado hizo muchísimo, tramitó, autorizó, registró, ofició, y aun así fue incapaz de lo más elemental: saber dónde estaban. Confusión y declaraciones contradictorias.

Un preinforme de la Contraloría reveló que durante 2024 y 2025 cerca de 486 niños haitianos ingresaron a Chile en vuelos chárter, bajo la figura de la reunificación familiar, al cuidado de apenas doce adultos. Ese trámite es, en sí, legítimo y conocido: uno de los padres emigra primero, se establece, y más tarde llegan los hijos, por lo general acompañados por la madre, como se vio tantas veces durante la pandemia. Pero esta vez no fue eso. Varios de esos adultos no tenían con los niños vínculo de sangre alguno, y uno solo entró el 5 de abril de 2025 con 34 menores a su cargo, para volver un mes más tarde con dos más. Que decenas de niños crucen el continente al cuidado de un desconocido, lejos de su madre y de cualquier familia, y que el Estado lo siga registrando como reunificación, no es un detalle administrativo: es la primera señal de que algo no calza. Cuando los funcionarios fueron a buscarlos en los domicilios declarados, de 105 direcciones visitadas, 64 no condujeron a ninguna parte. Sesenta y cuatro niños de los que, durante semanas, no se supo el paradero. La búsqueda, montada de urgencia esta semana, ya encuentra a algunos, escolarizados, unos con sus familias y otros hacinados en una pieza, y todavía no a todos. Todo, en esta historia, falló al mismo tiempo.

Y nada de esto fue un accidente de la naturaleza. En mayo de 2024 el entonces director del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, militante del Frente Amplio, firmó un memorándum que permitió aceptar los certificados de nacimiento de esos niños sin la legalización correspondiente, esto es, sin que el Estado validara siquiera quién era cada uno. No es un dato administrativo menor: es la decisión que lo destrabó todo. Y no vino de la nada, sino de una convicción. El mismo Thayer había sostenido que la estadía irregular no entrañaba por sí misma un riesgo para la seguridad, que vincular migración y delincuencia era una práctica racista, que ningún ser humano es ilegal. Eran consignas nobles en una pancarta. Hechas políticas públicas, sin contrapeso y, concedámoslo, sin malicia, pero también sin realismo, rebajaron justamente los controles que amparaban a los más frágiles de todos: esos niños. Y hoy, cuando se le pregunta por ellos, el mismo funcionario tilda la alarma de exagerada, hipócrita y artificial, y reclama decencia en el debate. La ligereza de quien confunde su buena conciencia con un certificado de inocencia. Y ese gesto no es de un solo gobierno. La misma prisa por desdramatizar, por reducirlo todo a un mal manejo, ya reaparece en la administración siguiente, que sale a asegurar que no hay nada serio antes de que aparezca el último niño. Apurarse a tranquilizar, cuando todavía faltan niños, no es prudente: la investigación aún esta en marcha, y ordenada a cargo de la ministra de Desarrollo Social.

El punto más grave que cualquier proclama es que no faltaban leyes. Chile tiene una ley de migraciones y una ley de garantías de la niñez que ordenan, con todas sus palabras, proteger a estos niños. No faltaban organismos, ni oficios, ni fiscalizaciones, ni preguntas hechas a tiempo. Ya en marzo de 2023 un diputado había oficiado al Ministerio del Interior preguntando si crecía el ingreso de niños haitianos en vuelos chárter. La respuesta llegó, y era ella misma una advertencia: 2.142 niños habían entrado en 76 vuelos entre enero de 2022 y marzo de 2023. La Defensoría de la Niñez ofició por su cuenta, ese mismo año, advirtiendo la insuficiencia de la respuesta estatal, y jamás obtuvo continuidad. Alguien preguntó. Alguien respondió. Alguien advirtió. Y durante dos años más no pasó nada. Faltó que algo de todo eso obligara a alguien. Un Estado fallido, en esta segunda acepción, no es el que carece de instituciones. Es el que las tiene decorativas. El que es escrupuloso en el trámite e impotente en lo esencial.

Y hay algo peor que la inutilidad, algo que esta vez ni siquiera se puede descartar. El Estado inútil es la puerta por la que entra la mafia: cuando deja de cumplir su función, sus instituciones se vuelven permeables, y por ahí pasa quien quiera pagar. La Fiscalía investiga cohecho y falsificación de instrumentos públicos, la propia investigación alcanza a una funcionaria del Servicio de Migraciones, y el cónsul que firmaba los visados en Puerto Príncipe fue removido en medio de una investigación por presunta corrupción. No sería la primera vez: hace algunos años, dos cónsules chilenos fueron formalizados como presuntos integrantes de una asociación ilícita que habría vendido visas timbradas con sellos de la Cancillería. Nada de esto está probado en el caso de los niños, y conviene decirlo con la misma claridad. Pero lo más inquietante de un Estado fallido es que, visto desde afuera, ya no se distingue al que falla por inepto del que falla porque alguien, adentro, cobró por dejar pasar. Y un Estado que no puede responder esa pregunta sobre sí mismo ha fracasado en el lugar más hondo.

Hay, además, una ironía que no deberíamos dejar pasar. Esos niños venían huyendo de un Estado fallido de verdad, del que ya no protege a nadie, del que se desplomó ante los ojos del mundo. Cruzaron medio continente buscando, justamente, un Estado. Llegaron a uno que se enorgullece de su solidez institucional, la que levantó con paciencia la generación que devolvió la democracia a este país, y ese Estado no fue capaz de lo único que en rigor lo distingue del que dejaban atrás: saber dónde estaban, protegerlos, responder por ellos.

Y es aquí, al fin, donde se juega lo que de veras importa. Un Estado que no protege no solo administra mal: carcome la promesa que sostiene a una democracia. Porque la democracia no es apenas el derecho a votar cada cuatro años; es la certeza de que existe un Estado capaz de cumplir su parte, de garantizar la ley y velar por los suyos. Cuando esa certeza se quiebra, cuando alguien pregunta dónde están sus niños y no hay respuesta, no se desencanta de un gobierno: se desencanta de la democracia entera. Y de ese desencanto, la historia lo ha enseñado una y otra vez, no nace una democracia mejor, sino la nostalgia del que promete orden a cualquier precio. Que el Presidente haya debido convocar esta semana a los tres poderes para buscar a niños que el propio Estado dejó entrar mide, por sí solo, cuánto hemos retrocedido estos últimos años.

No somos un Estado fallido. Somos algo más incómodo de admitir: un Estado que todavía lo tiene todo, las leyes, las formas, los recursos, hasta la memoria de haber sido sólido, y que se vacía por dentro mientras lo niega. Un país no se declara fallido por los índices de su derrumbe, sino por el día en que deja de poder responder por los suyos. De ese fracaso no nos salvará otra ley, ni otro oficio, ni otra fiscalización prolija, ni mucho menos una consigna. Nos salvará, si acaso, recordar para qué existe un Estado, y para qué quisimos una democracia, antes de que la pregunta por esos niños se vuelva, también ella, decorativa.

Es una tremenda alerta. Atenta la clase política.