Durante la última década, dos ideas del Estado se han turnado el protagonismo en el debate público chileno. La primera tuvo su momento de gloria entre 2014 y 2022 y encontró en el Frente Amplio a su principal vocero. Proponía un Estado de bienestar a la europea, prometiendo al mismo tiempo derechos sociales universales y fronteras abiertas. “Nadie es ilegal”, se decía, mientras el Tren de Aragua se apoderaba de los pasos no habilitados de Colchane y los migrantes irregulares eran las principales víctimas del crimen organizado extranjero. La segunda idea, hoy presente en quienes nos gobiernan, promete lo contrario: un Estado cerrado, fuerte y ordenado, capaz de clausurar por completo las fronteras, ubicar y expulsar a cientos de miles de personas y derrotar al crimen organizado. Se trata, en teoría, de una cuestión de voluntad y mano firme.  

Estas dos aproximaciones parecen opuestas, y en casi todo lo son. Pero comparten un supuesto: ambas hablan de un Estado que no existe. En el primer caso, se asume que contamos con un aparato poderoso que puede sostener prestaciones universales sin preguntarse cuántos pueden acceder a ellas, de cuántos recursos se dispone o en qué medida esas prestaciones podrían decaer en calidad, y menos aún si es posible absorber un aumento repentino y significativo de usuarios de los servicios públicos. La segunda idea, a su vez, sostiene que el poder del Estado reside en su capacidad de orden y control: basta con decidirlo para que este pueda detener y expulsar a escala masiva, en una frontera de cientos de kilómetros de desierto sin supervisión, con policías altamente sobrepasadas y una capacidad logística que Chile no tiene. Ninguna de estas aproximaciones se toma en serio el Estado que efectivamente existe.

¿Por qué? Mi hipótesis es que ambas visiones nacen del mismo lugar: una clase dirigente -de izquierda y de derecha, política y técnica- cuya experiencia cotidiana del país no considera (por desconocimiento, por sesgo, por desconexión) los lugares donde aterrizan sus decisiones. Desde ahí, el Estado se concibe como una idea puramente abstracta y no como una práctica cotidiana entre funcionarios y ciudadanos. Se discute, en foros y comisiones, cuánto Estado queremos o cómo lo modernizamos, y casi nunca qué hace el Estado cuando se encuentra, en una ventanilla de Alto Hospicio o en un control carretero en Huara, con una persona concreta. Es ahí, en ese vínculo, donde se define, muchas veces, el punto de quiebre con las instituciones y lo que lleva a muchas personas a buscar una salida fuera de ellas.

El Estado chileno está atrapado desde hace años entre estas dos imágenes ideales de sí mismo, y ninguna de ellas logra describir lo que realmente es. Y entre ambas imágenes solo crecen los problemas que ninguna de las dos aproximaciones sabe nombrar, porque en ellas no existen las categorías para hacerlo: las tomas de Alto Hospicio, que pasaron de 3 a casi 300 hectáreas en menos de una década; la extorsión al comercio; el lavado que circula por el sistema financiero sin encender alertas. Los políticos se culpan entre ellos, la discusión oscila entre estos dos tipos de Estado, mientras son otros quienes ordenan, con cada vez más regularidad, la vida cotidiana en diversos espacios.   

Salir de esta trampa idealista no requiere dibujar una tercera gran idea del aparato estatal, sino algo más modesto y, a la vez, más difícil: aprender a mirar el Estado que tenemos. Hacerlo con honestidad obliga a renunciar a cierta comodidad que comparten ambas visiones, y que consiste en suponer que el Estado está siempre del lado correcto. Es una comprensión ingenua que además le atribuye más poder del que tiene. El crimen organizado no solo presiona a la burocracia desde afuera, también la recluta, ya sea en el gendarme que ingresa un teléfono a la cárcel, en el funcionario que filtra un operativo, o en quien mira hacia otro lado a cambio de algo. La mirada que hoy predomina en el Ejecutivo concibe esta disputa como una guerra entre buenos y malos, con el Estado de un lado y el crimen del otro, cuando los hechos de las últimas semanas -como el caso del exfiscal y de los funcionarios de la PDI investigados por una red de secuestros extorsivos- muestran que esa frontera puede estar volviéndose cada vez más porosa. Mientras se siga pensando en esta como una línea nítida, el Estado buscará a sus enemigos solo afuera, atrapado entre dos ideas equivocadas de sí mismo, sin advertir que en algunos lugares ya ha sido capturado por otros.