Mientras las Fuerzas Armadas ayudaban a quienes quedaban aislados por el temporal, el Ministerio de Defensa vivía su propio aguacero luego de que se conociera del traspaso de más de 400 millones de pesos a la fundación Democracia Viva dirigida por el hoy ex asesor de la división de Evaluación de Proyectos de la Subsecretaría de Defensa, Daniel Andrade.
El funcionario en cuestión sería sólo la punta de un iceberg que dejaría en el ojo del huracán a uno de los partidos de la coalición oficialista y desencadenaría cuestionamientos generalizados sobre el comportamiento de un gobierno que asumió criticando los pitutos y la contratación de amigos y familiares. Acciones que hoy sabemos, son más frecuentes de lo que podríamos haber pensado.
Esos jóvenes que llegaron de las calles a La Moneda, que prometían refundar Carabineros y se caracterizaban por tener una relación tensa con los militares, hoy generan un daño importante a las instituciones. Los traspasos de fondos a las fundaciones pro Boric instalan en el debate la conversación sobre la corrupción en el Estado y la necesidad de contar con estándares de probidad altísimos en la contratación de los funcionarios públicos.
En países como Canadá y Estados Unidos existe una diferencia clara entre quienes ocupan puestos de confianza política de un gobierno en particular y quienes se desempeñan como funcionarios públicos que trascienden a los gobiernos y entregan un piso sólido sobre el cual las instituciones se sostienen.
En el caso nacional esa diferencia no es tan clara y muchas veces los funcionarios se confunden con los asesores. En ese sentido, la situación de Andrade deja en evidencia la falta de prolijidad en la contratación de quienes ocuparán cargos de confianza política. Éstos, no tienen nada de malo, sin embargo, en un ministerio responsable de liderar la protección de nuestra integridad territorial y soberanía no se puede improvisar ni pagar favores y menos en un área encargada de los proyectos que mejorarán las capacidades de las Fuerzas Armadas.
Así, a la conversación necesaria sobre corrupción en el Estado y qué hacer para controlarla, se debe agregar la relacionada con los estándares de contratación que, además de la probidad necesaria, deben incluir los conocimientos y experiencia suficiente. Alguien que pasa de ser asesor de política medioambiental, a analista de estudios en el MOP, a asesor de Defensa, claramente no cuenta con el expertise que un ministerio de las características del que lidera Maya Fernández necesita y menos para integrar una subsecretaría que se encarga de los aspectos técnicos claves para el desarrollo del sector Defensa.
Después de este episodio pareciera que al gobierno no le queda mucho más tiempo. Será muy difícil recobrar la confianza de los ciudadanos en los políticos de turno. Los chilenos sólo aumentarán su respeto por las Fuerzas Armadas y de orden, quienes dejaron a sus familias para ayudar a otras durante el temporal, un ejemplo de cómo las instituciones están al servicio de todos nosotros, algo que nuestras autoridades parecieran haber olvidado.
