La decisión de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional de negarse a siquiera incluir el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos como un tema de discusión en el debate constitucional ha provocado que se escriban ríos de tinta denunciando la “preocupante señal” del caso. Quienes han levantado la voz en estos días hacen bien en hacerlo, pero parece existir una importante ausencia en las reflexiones y denuncias, que en general se han limitado a señalar que esta decisión abandona la tradición constitucional chilena, además del texto expreso de los tratados internacionales de derechos humanos.
Todo esto es cierto, pero simplemente decirlo no responde al porqué existe de parte de los constituyentes este impulso totalitario de negarse a su inclusión para discusión en un temario que —defienden—, ni siquiera se encuentra cerrado. Ha de entenderse el objetivo último de quienes pretenden erradicar este derecho para oponerse de manera eficaz, como esperamos que lo haga una mayoría de los convencionales, a este nuevo intento totalizante. Y totalitario es la descripción apropiada, como bien señaló el embajador venezolano Gonzalo García Bustillos al debatir la Convención Americana de Derechos Humanos, zanjando la inclusión del derecho de los padres con su afirmación de que “sólo en los países totalitarios no se sigue ese criterio”.
Es esclarecedor en este sentido que, a una semana del episodio en cuestión se haya hecho conocido el documento programático del Partido Comunista Chileno en que reflota la idea de la supresión práctica del derecho de los padres. El documento en cuestión avanza la tesis de que es necesario “superar la actual concepción de la Libertad de Enseñanza”. El repudio comunista a esta libertad no sólo tiene relación con su rechazo a la instrucción impartida por particulares, sino también con la pretensión de que los padres son una piedra de tope para formar a la juventud al tenor de su proyecto político. En efecto, papás y mamás representan fuerzas del “oscurantismo en educación” contra el cual deben tomarse resguardos, como lo menciona su documento.
Una opinión similar es la que sostiene la coordinadora de la comisión de reglamento, la convencional de Revolución Democrática Amaya Alvez, para quien el derecho de los padres a la educación de sus hijos conlleva la negación de la “ciudadanía progresiva” de los niños, siendo el objetivo de la educación controlada por el Estado el liberar a las nuevas generaciones de los “prejuicios de sus padres”, pues sólo las ideas de los socios de Alvez han de formar la sociedad del mañana. Así, mientras más distancia se ponga entre padres e hijos, mejor.
Leer los planes del Partido Comunista y otros es subirse a una máquina del tiempo y volver más de 70 años al periodo de post guerra, cuando se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la tragedia de esos años previos, el mundo había aprendido los peligros del control total de la educación por el Estado, con un totalitarismo que despojó a los padres de la dirección en la educación de sus hijos precisamente para impedirles contravenir las doctrinas del régimen, y así asegurar su control absoluto sobre las mentes de las nuevas generaciones que representaban el futuro de la nación. Con el telón de fondo de esta experiencia, los redactores buscaron asegurar para los padres la soberanía en la educación de sus hijos como la indispensable piedra angular del sistema de protección contra futuros intentos totalizantes. Y fueron principalmente los países de la órbita soviética quienes se opusieron a la inclusión de este resguardo, el cuál quisieron tildar de obsoleto.
La lección entonces era clara, y lo sigue siendo hoy. La garantía a los padres en orden a educar a sus hijos no sólo atiende al justo reconocimiento de la especial relación entre padres e hijos, que es distinta de otros vínculos meramente legales o voluntarios. Es también el reconocimiento de que sin ello las sociedades quedan en gran medida indefensas ante las pulsiones autoritarias de quienes promueven ideologías falsas y nocivas desde el poder. Esto es, en definitiva, lo que se encuentra en juego en la Convención, y el costo de olvidarlos ha sido y será extremadamente alto. A no olvidar.