Para nadie es novedad que el gobierno de Gabriel Boric termine con un escándalo, puesto que esa ha sido la tónica de su administración. Sin embargo, esta vez la gravedad del asunto amerita un análisis exhaustivo para entender las consecuencias. ¿Qué es lo que está en juego? Claramente, a espaldas de los chilenos y de las instituciones de la República, hubo un intento fallido por avanzar un cambio radical en nuestra posición geoestratégica: de ser aliados comerciales de China a ser parte de su esfera de influencia en oposición a EE.UU.
La clave de dicho cambio, realizado en el marco del acuerdo Chile-China Express, se cristaliza en el artículo que establece la cláusula de inviolabilidad de datos que Washington entiende como una herramienta de exclusión geopolítica. En pocas palabras, para el gobierno de Trump, dicha cláusula no es una garantía de privacidad, sino una amenaza estratégica directa a su arquitectura de seguridad en el hemisferio occidental. Ese es el motivo por el que suspendió las visas a tres funcionarios y amenazó no sólo con expulsar a Chile del programa Visa Waiver, sino con reclasificarnos como un “socio de riesgo”, excluirnos de la cumbre de seguridad hemisférica en Miami y de futuros contratos de renovación de equipamiento militar, además de sugerir lo obvio: que gigantes tecnológicos como Google o Microsoft podrían reconsiderar futuras expansiones en Chile (como nuevos Data Centers) si la infraestructura troncal del país queda bajo influencia de empresas estatales chinas debido al riesgo de espionaje industrial. En suma, estamos ante un desastre mayor, marcado por la sintonía ideológica y, muy probablemente, intereses ocultos de comunistas y frenteamplistas cuya vocación totalitaria ha quedado, una vez más, en evidencia. ¿Qué debía hacer el equipo de gobierno del Presidente electo en estas circunstancias?
Decía Martin Luther King que cuando se hace lo correcto el momento es siempre el adecuado. Quizás fue así como los tomadores de decisión del gobierno entrante entendieron el viaje de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, a China. Pero, para ser francos, dada la situación descrita, fue absolutamente inapropiado hacer “lo correcto”. Y es que, a pesar de ser China nuestro principal socio en materias comerciales, sabemos que Chile no puede darse el lujo de despreciar a EE.UU. y transformarse en satélite de un régimen totalitario. Además, podemos considerar que el giro de la actual administración fue antidemocrático puesto que la gran mayoría de los chilenos no abrazaría un tipo de régimen como el chino, basado en el control digital de todo lo que hacen, consumen, piensan y dicen sus ciudadanos.
Gran tarea para el gobierno entrante será abrir la discusión sobre nuestra soberanía digital y dependencia tecnológica para avanzar legislación que proteja los derechos fundamentales ante estas nuevas amenazas. Además, dado que el Partido Republicano es un adalid en la defensa de nuestra cultura cristiana occidental, así como en la crítica a los regímenes de partido único es de esperar que sepa mantener la sociedad mutuamente beneficiosa con China y evitar transformar a Chile en un lugar de disputa entre Washington y Beijing.
El “caso cable” nos aclara que los problemas entre ambos gigantes no solo son comerciales. Hablamos de inteligencia artificial, semiconductores, telecomunicaciones y puertos. América Latina se ha convertido en un territorio clave en esa competencia, y Chile —por su ubicación en el Pacífico— ocupa un lugar estratégico. El debate sobre cables submarinos transpacíficos, centros de datos y redes 5G ha instalado una pregunta estructural: ¿Quién controla la infraestructura digital que sostiene las comunicaciones del país? Estados Unidos ha advertido reiteradamente sobre los riesgos de seguridad asociados a determinadas empresas tecnológicas chinas, mientras China amplía su presencia en inversión, comercio e infraestructura en la región.
En este marco, la invitación oficial cursada por la embajada china y la aceptación por parte de la secretaria general republicana adquieren inevitablemente una dimensión política mayor. Que quede claro; no se trata de prohibir el diálogo internacional ni de cuestionar relaciones diplomáticas formales. El punto en discusión es el momento y la pregunta es política: ¿Qué mensaje transmite el viaje de la principal autoridad partidaria de la derecha más dura chilena justo cuando EE.UU. adopta sanciones diplomáticas en contra de nuestras autoridades en el marco de preocupaciones estratégicas vinculadas a China?
No cabe duda de que la fotografía de la delegación republicana en Beijing abre un flanco peligroso. Para cerrarlo será necesario hacer justamente lo opuesto a la costumbre de quienes nos gobernaron durante los últimos cuatro años: actuar de frente ante la ciudadanía, explicar con detalle la agenda, visitas y temas conversados, recuperando así la fe pública en las nuevas autoridades. Consolidar la posición de socio comercial de China y retroceder a fojas cero en el camino que nos transformaba en sus súbditos obedientes es fundamental. La discusión, en definitiva, no es sobre viajar o no viajar. Los análisis deben considerar el momento, la coherencia y la señal que se proyecta en un tablero donde las piezas hoy en día ni siquiera aparentan moverse con neutralidad. Como se dará usted cuenta, está todo en juego.
