Terminó el proceso constitucional. Dos documentos rechazados, una campaña que desconcentró a nuestros gobernantes y las urgencias de los chilenos intactas. Empieza una veda constitucional de dos años donde tendremos elecciones municipales, primarias y presidenciales. Asuntos políticos que sin duda son muy relevantes, pero que no debieran desconcentrar a nuestros líderes. Llegó la hora de gobernar y hacerse cargo de las prioridades de los chilenos.
Con más del 90% de la población viviendo con la percepción de que la delincuencia ha aumentado, la seguridad se ubica en el primer lugar de la lista. El crimen organizado nacional se consolida día a día mientras debemos lidiar con una tasa de homicidios al alza, secuestros y extorsiones.
Este panorama no debiese ser un problema para un Estado con instituciones sólidas, herramientas de persecución eficientes y una modernización constante. La gran parte de ello la tenemos, tal vez el mayor desafío lo representa la actualización permanente de la institucionalidad. Sin embargo, existe un elemento que dificulta el trabajo del Estado: la sobreideologización de la mirada de seguridad que tiene el oficialismo.
Hace un año, se caía la mesa transversal de seguridad luego de que el Presidente decidiera indultar a los “presos de la revuelta”; en abril, después del asesinato del tercer carabinero, parte del gobierno rechazaba la legítima defensa privilegiada que traía la Ley Naín-Retamal; hacia el tercer trimestre, se hablaba de “criminalizar la pobreza” para referirse a las usurpaciones y de “ley de la selva” al tratarse de legítima defensa. Un discurso contradictorio que convence poco. Además, recién una vez terminado el plebiscito el Presidente afirmó que las urgencias de Chile son otras.
Las urgencias siempre han sido otras. Ese 11 de marzo de 2022 cuando llegaban al gobierno y hoy. La seguridad encabeza la lista desde antes que habitaran La Moneda, por lo que decir ahora que las urgencias son otras, no es más que reconocer que las suyas han sido distintas a las de los chilenos.
No es posible dejar pasar esto. No hay nada más relevante para avanzar en seguridad que la coherencia política y la fortaleza institucional. Cuidar y potenciar las instituciones y democracia con procedimientos e incentivos claros contra la corrupción, mostrar una real voluntad política para responder a quienes amenazan al Estado y, asumir la responsabilidad del deber de entregar seguridad. Todo ello, junto a un discurso político coherente, cohesivo y convincente.
No ha terminado el gobierno, sin embargo, ya es tarde para hacerse cargo de las urgencias. Hoy, queda pedir una real convicción para abordarlas, mirar el próximo mandato y trabajar por las décadas que vienen.
El nuevo gobierno tiene una tarea difícil. La seguridad será un desafío constante que deberá ser abordado con una mirada de Estado que resguarde la institucionalidad y democracia al mismo tiempo que de vuelva la confianza de los chilenos en los líderes que los gobiernen.