Hace un par de años, un amigo abogado debía visitar a un detenido en la cárcel de Traiguén. Me comentó que lo que más pedía era un chocolate muy tradicional chileno, con relleno de almendras. Estas semanas, mientras el país observa en versión casi cinematográfica los traslados de cientos de internos desde distintos puntos a la cárcel de alta seguridad La Laguna, cercana a Talca, recordé esa conversación, casi una paradoja entre lo que hay y lo que se dejará de tener. Las escenas mostraban fuerza y control. También límites y muros. Son imágenes que obligaron a formular una pregunta más compleja: ¿qué sistema penitenciario necesita Chile para los delitos y amenazas del siglo XXI?
Chile detrás de los muros: un sistema sin espacio
Chile arrastra una crisis penitenciaria que ya no admite soluciones parciales. El país cuenta con 83 establecimientos penitenciales cerrados distribuidas en sus dieciséis regiones. Fueron diseñadas para recibir a 42.500 personas y hoy albergan a más de 65.000 usuarios. La cárcel chilena promedio dispone de algo más de 500 plazas por recinto, pero recibe casi 800 internos. El sistema opera en torno al 150% de su capacidad. El hacinamiento no es solamente una cifra: deteriora la seguridad, dificulta la clasificación de los internos, debilita la reinserción y convierte cada recinto en un espacio más complejo de gobernar.
A esa presión cuantitativa se suma una transformación cualitativa. Persisten los delitos “tradicionales”, cometidos por individuos y presentes históricamente en nuestros territorios. Pero han cobrado fuerza el crimen organizado y el terrorismo, que ocupan espacios urbanos, fronterizos y rurales. Durante siglos fue relativamente sencillo imaginar al adversario porque estaba al otro lado de una frontera, vestía otro uniforme y avanzaba sobre el territorio. Hoy, junto con resguardar nuestra soberanía frente a las amenazas externas, debemos estar preparados para enfrentar un enemigo difuso. No viste uniforme, ingresa a nuestras fronteras por vías regulares o irregulares, se confunde con actividades legales, utiliza tecnologías globales, moviliza recursos entre países y opera desde el interior de nuestras sociedades. Hoy más de 10 mil extranjeros están dentro de nuestras cárceles. Es un caballo de Troya, organizaciones que aprovechando las estructuras y libertades de una sociedad civilizada buscan debilitarla desde dentro.
Los muros no son suficiente
La cárcel fue construida para separar a quien infringió gravemente las reglas de quienes viven fuera. El muro impide salir, controla el acceso y protege. Se revisa incluso si el chocolate con almendras que lleva una visita puede atravesarlo. Sin embargo, frente al crimen organizado y al terrorismo, controlar lo que entra ya no es suficiente. Un jefe criminal puede permanecer en una celda y continuar dirigiendo la organización que opera afuera. Las órdenes, dinero, información y lealtades atraviesan barrotes diseñados para contener individuos, pero no logra contener sus redes. El desafío penitenciario sigue siendo impedir la fuga de una persona, pero hoy también debe impedir que su poder permanezca mientras está dentro.
Italia respondió a la mafia con el régimen 41 bis, orientado a cortar la conducción criminal que ocurría desde el interior de la prisión. España, por otro lado, desarrolló para integrantes de ETA sistemas especiales de seguimiento y control de comunicaciones. Ambas experiencias se sustentan en entender que no todos los internos representan el mismo riesgo y no todas las cárceles deben cumplir la misma función.
Chile necesita tipologías penitenciarias diferenciadas, adecuadas a la naturaleza del delito, al nivel de riesgo y al propósito de la condena. Requiere recintos capaces de aislar efectivamente el mando criminal e impedir que un líder terrorista continúe reclutando desde su celda, junto con establecimientos orientados al trabajo, la educación y el regreso a la sociedad. Una política penitenciaria no puede tratar de la misma manera al autor de un delito común que a quien ha quebrantado la seguridad del país, controlado territorios o dirigido una organización criminal.
El costo del destierro
¿Quién quiere una cárcel de vecina? La respuesta habitual ha sido alejarla. Desde tiempos antiguos, el destierro ha servido para separar al indeseado del cuerpo social. Napoleón no fue enviado a Santa Elena solamente para impedir su movimiento, sino para cortar la pregnancia de su poder y siguiera gravitando por Europa. Hoy reaparece la tentación de llevar las cárceles cada vez más lejos, incluso al desierto. Pero la distancia no es gratis. Los emplazamientos extremos implican habilitar una serie de infraestructura que resulta de alto costo, como agua, energía, caminos, transporte, servicios y turnos de funcionarios, todo esto puede elevar el costo hasta cinco veces respecto de localizaciones mejor conectadas.
El otro extremo también tiene costos, muchas veces asumidos únicamente por los propios vecinos. Una cárcel inserta sin planificación dentro de la ciudad transforma el barrio que la rodea. Afecta no solo la manera de vivir, sino que disminuye la plusvalía de las viviendas, además de alterar la percepción de seguridad. El eje Pedro Montt, en Santiago, muestra cómo cárceles, tribunales y servicios asociados pueden condicionar una pieza urbana completa. En una ciudad intermedia como Temuco, donde las distancias son menores y los equilibrios más frágiles, el impacto puede ser aún más visible.
Localizar una cárcel no consiste sólo en encontrar un terreno fiscal grande y suficientemente lejos de quienes puedan oponerse. Es una decisión que implica ajustar los sistemas de ciudad y territoriales de manera integral. El Estado debe asegurar que ni el poder criminal ni el deterioro urbano atraviesen sus muros.
¿Qué ocurre después de cerrar las rejas?
Foucault mostró hace 50 años que la cárcel moderna no se limita a privar de libertad, es su función también la de vigilar, clasificar, disciplinar y busca transformar conductas de quienes están dentro. Su advertencia sigue vigente porque obliga a mirar qué produce realmente el encierro. La pena consiste, ante todo, en la pérdida de libertad que la sociedad impone legítimamente a quien ha transgredido sus reglas.
Empiezan a aparecer tensiones valóricas que toda sociedad civilizada debe enfrentar, como son los derechos humanos de los internos. ¿Son estos una concesión a quien delinquió? Hay voces que lo definen como el límite que el propio Estado se impone a sí mismo. Para otros, es la condición mínima para que alguien que cumplirá diez o quince años de condena pueda regresar sin ser más peligroso que cuando entró.
El contrapunto internacional es elocuente. El modelo de Bukele ha hecho visible la capacidad del Estado para recuperar control y aislar estructuras criminales, pero también las consecuencias de convertir la excepcionalidad en política permanente. Japón representa otra tradición: disciplina estricta, rutinas exigentes, trabajo y una fuerte orientación institucional hacia la corrección y la reintegración, aunque también recibe críticas por la rigidez del régimen. Ningún modelo puede copiarse sin considerar la base del delito y la estructura social, además de la institucionalidad. Chile debe construir el propio: para quienes integran estructuras criminales o terroristas y pueden conservar capacidad de mando, y, por otro lado, educación, trabajo, salud mental, cultura, espiritualidad y vínculos familiares controlados para quien volverá a caminar por nuestras calles. La búsqueda de sentido es si la cárcel cumple el propósito de la pena, más que si debe ser dura o blanda.
El desafío de la construcción de cárceles de Chile en el siglo XXI
Sin duda, Chile necesita más cárceles y debe recuperar el control de las existentes. Las 47 mil nuevas plazas que deben construirse al 2035, parece una meta imposible. Ya estamos llegando tarde y responder a un problema del siglo XXI levantando solamente más muros, como hemos hecho durante cientos de años, sería insistir en una solución del pasado.
Existen distintas soluciones desarrolladas por países que han debido enfrentar crisis penitenciarias similares. Lo primero es contar, desde el inicio, con modelos de gestión modernos y eficientes. En este ámbito, las concesiones han demostrado ser una alternativa viable tanto en Australia como en nuestro propio país.
Una alternativa para emplazar nuevos recintos sin afectar las áreas urbanas consolidadas, consisten en disponer de suelo en los perímetros las ciudades, donde sea posible construir, ampliando los servicios sin encarecer excesivamente las obras de infraestructura.
En los temas relacionados con el diseño de nuevos establecimientos, algunos países OCDE han implementados arquitectura modular que permite replicar las unidades funcionales en distintos emplazamientos, así como acelerar los procesos de construcción, las que se estiman en una disminución de 24 meses. Para enfrentar el drama de la sobrepoblación, también existen celdas prefabricadas antivandálicas que pueden instalarse con mayor rapidez dentro de recintos en funcionamiento.
La industrialización también se ha desarrollado para la infraestructura. Soluciones menores, como disponer las conexiones sanitarias y eléctricas modulares en puntos externos que permitan ser inspeccionarles, es otro ejemplo de mejora en la seguridad y reducción en los tiempos de construcción. A ello se suman sistemas de seguridad física mixtos con tecnología de televigilancia capaces de monitorear celdas, pasillos y áreas comunes. Estas tecnologías complementadas con apoyo de inteligencia artificial permiten identificar comportamientos anómalos y advertir patrones de riesgo antes de que se transformen en episodios de violencia.
La gestión de monitoreo remoto mediante el uso de brazaletes electrónicos permite conocer la ubicación y los desplazamientos de quienes los utilizan. Mantener la trazabilidad de sus movimientos y actividades físicas, no reemplaza la vigilancia penitenciaria, pero puede reforzarla y anticipar posibles riesgos de fuga o violencia interna.
El Caballo de Troya se convierte en algo más que una advertencia. Es una exigencia para repensar qué y quiénes debe contener una cárcel. Definiremos quiénes podrán recuperar la libertad y mediante qué procesos será posible su reinserción. Y, finalmente, determinar qué sujetos, por el riesgo que representan, jamás deben mantener vínculos operativos con el exterior.
Una cárcel puede ocupar varias hectáreas, pero sus impactos no reconocen cercos. Atraviesan los muros y alcanzan los barrios, la ciudad y la vida de quienes habitan dentro y fuera de ellos. Lo que ocurra en su interior también debe importarnos, porque quienes hoy permanecen recluidos, en tarde o temprano, volverán a la salir. Por eso, quizás la demostración más sencilla de que hemos hecho bien las cosas sea que tanto los habitantes de Chile vuelvan a ocupar las calles con tranquilidad, y que quien salgan de la cárcel, ya no reconozca en el delito el único camino posible para su vida. Y lo más importante, que unos y otros puedan volver a saborear un chocolate almendrado sin temor y con libertad.