De acuerdo a las teorías clásicas del liberalismo, para vivir en sociedad los ciudadanos hemos renunciado al ejercicio de nuestra libertad absoluta, entregándole al Estado la capacidad de restringirla en ciertos ámbitos.
El Estado ejerce esta capacidad a través de distintas herramientas. La más clásica ha sido la provisión de bienes públicos financiados a través de impuestos pagados por los ciudadanos, como por ejemplo, Carabineros, para resguardar la seguridad, caminos y calles para transitar; u hospitales y consultorios para curar enfermedades. Ahí, las discusiones han versado sobre cuáles son los ámbitos en los cuales se justifica y requiere la acción estatal en desmedro de la acción individual, y sobre cuál es el nivel de impuestos que una sociedad debe recolectar para desarrollar sus actividades en desmedro del derecho de propiedad de los contribuyentes.
Pero ésta no es la única fuente de acción estatal que afecta la libertad. De hecho, año a año, momento a momento —silenciosa, pero sostenidamente—, crece la dictación de distintas normas o regulaciones que pueden tomar la forma de una ley propiamente tal, aprobada por el Congreso Nacional, así como de un decreto, resolución, auto acordado, dictamen, ordenanza u otra de las tantas formas que toman las reglas; y pueden ser dictadas no sólo por el Congreso Nacional, sino por alguno de los miles de Ministerios, Superintendencias, Servicios, Municipalidades, Intendencias, Gobernaciones y demás instituciones a las que la Constitución o la Ley les ha otorgado la facultad de hacerlo, siempre (en teoría) dentro del marco de su competencia.
En algún sentido, cada una de estas miles de leyes y normas va restringiendo nuestra libertad en una magnitud que ni siquiera sospechamos. Dada la complejidad de nuestro Estado, resultaría casi imposible, al menos para el ciudadano común, saber exactamente cuántas son las reglas vigentes, y ciertamente le tomaría años leer cada una de ellas.
¿Sabe usted cuántas normas se dictaron el año recién pasado? ¿Está consciente de que cada nueva regulación afecta en parte su libertad individual? ¿Existe suficiente reflexión y análisis sobre los efectos en la libertad individual que puede tener una nueva regulación? ¿Conocemos los costos y consecuencias no deseadas que produce la dictación de cada nueva regulación?
Para que tengamos una idea, de acuerdo a la base de datos de la Biblioteca del Congreso Nacional, sólo durante 2017 fueron publicadas 11.992 normas. De ellas, sólo 75 fueron leyes aprobadas por el Congreso, mientras que 4.560 fueron decretos y 7.107 fueron resoluciones.
Si bien este número ya parece excesivo, no están incluidas, por ejemplo, las 65 circulares, 122 resoluciones y 162 dictámenes emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, como tampoco las 846 normas dictadas por la Dirección del Trabajo ni las 180 de la Superintendencia de Salud.
Sin perjuicio de lo anterior, por el solo hecho de cumplir con sus requisitos de tramitación y publicación, se presume que todos los ciudadanos conocemos estas normas, y jamás podremos alegar ignorancia respecto de ellas, sea que hayan sido publicadas, en el mejor de los casos en el Diario Oficial (publicación casi desconocida para quienes no son abogados), o en la recóndita sección de una página web institucional o un panel.
En virtud de lo anterior, debemos tomar conciencia de cómo toda esta hiperactividad regulatoria va confiscando día a día pequeños ámbitos de nuestra libertad, en temas tan importantes como el ejercicio de actividades económicas (reforma tributaria), educar a nuestros hijos (reforma educacional, currículum mínimo), o tan simples como tener una mascota (Ley de Tenencia Responsable de Mascotas).
Esperamos que el gobierno que recién empieza, y los que vengan en el futuro, busque no sólo crear nuevas leyes, servicios, Ministerios o instituciones, sino también derogar (sin reemplazar), simplificar y sistematizar leyes y normas e instituciones. Adicionalmente, es de esperar que las normas que dicte tengan un lenguaje comprensible y sean publicadas a través de medios que no sólo cumplan con la formalidad para entrar en vigencia, sino que permitan a cada ciudadano enterarse de cómo, con la nueva norma, ha perdido un poco de su libertad.
Santiago Orpis y Ernesto Silva
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO