Desde hace un par de semanas el debate público ha sido dominado por el anuncio del gobierno del Presidente Gabriel Boric de enviar en septiembre un proyecto sobre condonación a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La idea es resistida por la oposición y por sectores del Socialismo Democrático, como la timonel del PS, Paulina Vodanovic, quien señaló que esto es un «ofertón electoral» y que «no existen los recursos suficientes para poder cubrir una condonación».
El tema no es nuevo. A pocos años de que el CAE fuera creado en el gobierno de Ricardo Lagos -posibilitando un ingreso masivo de estudiantes a la educación superior-, comenzaron los cuestionamientos hacia el sistema de financiamiento, el que fue reformado en 2012, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, bajando la tasa de interés a un 2% y estableciendo el sistema que tenemos en la actualidad.
En su segundo gobierno, Piñera envió al Congreso un proyecto para eliminar el CAE y reemplazarlo por otro sistema, el que quedó estancado en el Senado. Este sigue en primer trámite constitucional en las comisiones de Educación y de Hacienda, y contó con la oposición de la izquierda en su momento.
Las claves del proyecto de Piñera
En la página 15 de su programa de gobierno para el período 2018-2022, el ex Presidente Piñera se comprometía a crear «un sistema solidario de acceso a la educación superior, que mantendrá la gratuidad e incorporará becas y un nuevo sistema de créditos estatales que reemplazará al CAE«.
El 15 de junio de 2018, tres meses y cuatro días después de llegar a La Moneda, Piñera envió al Congreso el proyecto que creaba «un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior» (boletín 11822-04).
Entre sus medidas, contemplaba eliminar a la banca del sistema y que fuera el Estado quien se encargara de la prestación del crédito, un interés real de 2% anual, cuotas que no superaran el 10% de los ingresos, reducir el plazo de pago de 20 a 15 años y condonación de la deuda después de ese período. También ofrecía que deudores del CAE y el Fondo Solidario (FSCU) pudieran cambiarse a este nuevo sistema y estipulaba que las cuotas del crédito debían ser pagadas por los empleadores, luego de descontar por planilla el monto correspondiente al empleado.
Al igual que el CAE, condonaba las cuotas a los desempleados, pero agregaba también en este grupo a quienes recibían un sueldo inferior al mínimo.
Tramitación parlamentaria trancada
El proyecto estuvo tramitándose cerca de 10 meses, entre junio de 2018 y abril de 2019, en las comisiones de Educación y de Hacienda. El gobierno de Piñera en ese entonces le puso urgencia simple ocho veces y suma urgencia dos, sin embargo, nunca llegó a votarse la idea de legislar.
En todas esas sesiones de las comisiones correspondientes se invitó a varios actores a exponer, como al entonces rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, al ex ministro de Educación y de Hacienda de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, al presidente de la agrupación “Deuda Universitaria” y a una representante de la Confech, entre otros.
El subsecretario de Educación Superior de ese entonces, Juan Eduardo Vergara, que participó de la tramitación, señala a El Líbero que “por diversos factores, la entonces presidenta de la comisión de Educación, Yasna Provoste, finalmente nunca pidió votar la idea de legislar el proyecto de ley. La tramitación se entrampó al invitar a una serie de instituciones, centros de pensamientos, académicos, para que dieran su opinión respecto al proyecto, pero de forma tan larga que finalmente nunca se votó”.
Desde un inicio el proyecto contó con un férreo rechazo de parte de la oposición. Por ejemplo, así lo manifestó Provoste en una sesión de la comisión en enero de 2019, donde afirmó que “con este proyecto el estudiante se endeuda dos veces, con el Estado y con las instituciones… Este proyecto no apunta a la calidad. Cuando uno lo mira desde la perspectiva del estudiante este nuevo CAE es igual de malo que el anterior o peor”.
Las exigencias de la izquierda que desnaturalizaban el proyecto de Piñera
La oposición de la izquierda se materializó más concretamente en abril de 2019, cuando senadores de las distintas tiendas opositoras entregaron un documento al Ejecutivo que establecía que, si no se modificaban ciertos aspectos y se arreglaba el diseño de la gratuidad, rechazarían la idea de legislar.
En dicho escrito se pretendía que el Ejecutivo acogiera cambios al proyecto como igualar el porcentaje del arancel regulado tanto para gratuidad como para el nuevo crédito, que no existiera copago por parte de los estudiantes, que fuera administrado por un servicio público y no por una Sociedad Anónima del Estado, que se considerara un pago contingente al ingreso anual del 5%, la eliminación del registro público de deudores y la condonación de la deuda para los morosos, que desnaturalizaban el proyecto original.
En ese entonces el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, señaló sobre las exigencias de la oposición que “es un proyecto regresivo, que retrocede con respecto a lo avanzado en gratuidad, que amenaza la gratuidad y fomenta el endeudamiento a los estudiantes sin generar cambios significativos para ellos. Para nosotros es fundamental que el gobierno se abra a realizar modificaciones estructurales en el proyecto. Si el gobierno no acoge nuestras propuestas pondría en riesgo la idea de legislar”.
A finales de dicho mes fue que desde el Ejecutivo decidieron quitarle la urgencia al proyecto. “Dado el rechazo de la oposición se acordó conversar con algunos representantes para efectos de cambiar algunos aspectos, lo que podría permitir su avance y tramitación. Se llevó a cabo y se hizo, pero no se concretó un avance con respecto al proyecto. Teniendo en consideración las circunstancias que vinieron después, estallido social y pandemia, el proyecto no pudo seguir su curso con su tramitación”, relata Vargas sobre las razones por las que se estancó la iniciativa.
La idea de reflotar el proyecto
A raíz del tono que ha tomado la discusión sobre el proyecto de condonación del CAE que pretenden impulsar desde el gobierno de Gabriel Boric, algunos actores han propuesto que sería positivo volver a tomar en consideración el proyecto que presentó Piñera sobre el tema.
Entre ellos está el ex ministro y experto en educación, José Joaquín Brunner, quien en una columna de opinión titulada “la generación del CAE”, publicada en El Líbero, sostuvo que “hoy esta propuesta podría servir de base para una reforma concordada del CAE”.
Para Juan Eduardo Vargas también se debería retomar el proyecto que duerme en el Congreso. «Más allá de la condonación, qué amerita una discusión en sí misma, amerita y es indiscutible debatir sobre un nuevo sistema de financiamiento que reemplace al CAE. No hay dos opiniones al respecto, si bien el CAE fue mejorado en su momento por el Presidente Piñera, tiene una serie de falencias que lo hacen muy costoso para el Estado”, señala.