Eran el 0,04% del personal contratado, pero basta sólo eso, menos del 1% para aumentar la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. De acuerdo con la Contraloría General de la República 16 censistas con antecedentes penales fueron contratados por el INE para realizar el Censo 2024, la institución en cuestión inició en marzo de este año un sumario administrativo.
¿Importa el sumario en curso? Por supuesto que sí, pues demuestra que la institucionalidad responde a las fallas, el problema, es que todos quienes leyeron o escucharon la noticia se quedaron sólo con el hecho de que poco menos de veinte censistas cuentan con antecedentes por droga, estafa y robo, entre otras cosas.
No se profundiza más en el hecho, y menos después de lo sucedido con la Operación Tokio. Se vuelve a instalar la desconfianza en la población que, esta vez, se cuestionará si debe o no dejar entrar a un próximo censista a su casa o si es que está la información resguardada correctamente. Se abre un abanico de preguntas que todas terminan, muchas veces, en no querer abrir la puerta a esa persona que está realizando un trabajo.
El Censo recopila información fundamental para el desarrollo de políticas públicas. Permite conocer la cantidad de población, sus características demográficas, cómo se distribuye la población a lo largo del territorio, identificar brechas y focalizar ayudas sociales. Un proceso sumamente relevante para la respuesta que el Estado entrega a sus ciudadanos.
Sin embargo, todo cambia cuando situaciones como la conocida esta semana ocurren. Esta vez no hablamos de crimen organizado, de amenazas, extorsiones ni reclutamiento de personas, hablamos de controles institucionales que fallaron y personas que aprovecharon las brechas para ganar dinero extra y, quien sabe qué más.
Proteger la institucionalidad resulta fundamental. Primero, porque es a través de ésta que el Estado podrá enfrentar las amenazas permanentes; segundo, porque de su fortaleza depende una respuesta eficiente del Estado y, tercero, porque mientras más se debiliten, más vulnerable es Chile frente a fenómenos delictuales.
Así como la Operación Tokio nos llevó a hablar de lavado de activos, el caso del INE nos obliga a conversar sobre el correcto check and balance que debe existir para asegurar el funcionamiento institucional.
Cada servicio e institución debiese contar con controles estrictos que la resguarden frente a hechos irregulares, que existan metas claras en cuanto a la transparencia, probidad y correcto funcionamiento de los servicios. No es sumar trabas al trabajo diario, es resguardar la institucionalidad que le permite a Chile ubicarse entre las democracias más estables de la región. Si pierde eso, puede llegar a perderlo todo.
¿Por qué hablar de proteger la institucionalidad? En un contexto donde la principal amenaza es el crimen organizado, una institucionalidad débil podría transformarse en un gran aliado de las organizaciones criminales. Ellas, sólo necesitan de una falla que les permita permear el sistema por eso, cualquier falla, por mínima que sea, se transforma en un riesgo potencial dado el escenario de seguridad actual.
