La red de amigos y familiares de exautoridades de Boric que recibieron recursos públicos durante ese gobierno

Durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, familiares, parejas, antiguos empleadores y organizaciones vinculadas con distintas autoridades recibieron transferencias, contratos u órdenes de compra de parte de organismos públicos. Los antecedentes revisados por El Líbero abarcan a ministros, subsecretarios y asesores presidenciales, y muestran operaciones efectuadas mientras estos ocupaban sus cargos.

Los casos se concentraron principalmente en el sector cultural. Mientras Antonia Orellana integraba el gabinete como ministra de la Mujer, una de sus hermanas encabezó una unidad del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, su expareja ejerció un cargo directivo en la Subsecretaría de las Culturas y la productora de otra de sus hermanas recibió millonarias transferencias y órdenes de compra. Durante la gestión de la ministra Julieta Brodsky, organismos de la cartera de Cultura contrataron a una imprenta cuya socia es la madre de su media hermana. En el mismo período, una compañía teatral con la que había trabajado la entonces subsecretaria Andrea Gutiérrez obtuvo recursos de un fondo concursable. A ello se sumaron más de $200 millones traspasados a la Fundación Salvador Allende mientras Maya Fernández, nieta del expresidente, era ministra de Defensa.

En otros ministerios también aparecen vínculos. En mayo El Líbero dio a conocer que una sociedad perteneciente a la suegra y dos cuñados de Camila Vallejo facturó más de $1.209 millones al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán durante los cuatro años en que ella se desempeñó como ministra vocera (ver aquí). Otro caso: la Comisión Nacional de Energía contrató por trato directo al estudio FerradaNehme poco después de que Diego Pardow asumiera como ministro, firma de la que había sido director y en la que trabaja su pareja.

Otro ejemplo es lo ocurrido con Pharmatech Chile, empresa de dos tíos del entonces subsecretario de Redes Asistenciales Bernardo Martorell, que registró cerca de $800 millones en operaciones con el Estado entre abril y diciembre de 2025. Por su parte, la Fundación CrispiLago, que el exsubsecretario y exjefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, ayudó a crear, continuó recibiendo subvenciones mensuales de la Junji, un mecanismo de financiamiento que se mantiene de forma ininterrumpida desde 2012.

Algunas operaciones correspondieron a fondos concursables, otras a licitaciones, tratos directos, subvenciones reguladas o compras efectuadas por servicios descentralizados. 

Las redes familiares de Antonia Orellana en el Ministerio de las Culturas

Antonia Orellana integró el gobierno de Gabriel Boric durante todo su mandato, entre el 11 de marzo de 2022 y el 11 de marzo de 2026, como ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Sin embargo, distintos integrantes de su círculo familiar recibieron recursos públicos o se desempeñaron en organismos dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En febrero de 2025, su hermana Valentina Orellana Guarello fue designada a cargo de la entonces recién creada Unidad de Programación y Difusión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), posición que ocupa hasta la fecha. Según Transparencia, su contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

Valentina Orellana ya trabajaba en el organismo antes del inicio del gobierno de Boric. En enero de 2022 se desempeñó como profesional de apoyo de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Serpat. A partir del 1 de abril de 2024 fue promovida del grado 10 al grado 8 de la escala de remuneraciones y asumió como coordinadora de la Unidad de Difusión y Educación Patrimonial, con cinco funcionarios bajo su dependencia. El 4 de febrero de 2025 se creó la Unidad de Programación y Difusión Patrimonial, nuevamente bajo su coordinación.

En el mismo sector también se desempeñó Ricardo Ahumada Soto, expareja de Antonia Orellana y excuñado de Valentina Orellana. Ahumada asumió el 4 de septiembre de 2023 como jefe del Departamento de Comunicaciones de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, después de haber acompañado a Giorgio Jackson en la Segpres y en Desarrollo Social. La resolución que formalizó la designación de Ahumada estableció que se trataba de un cargo directivo de exclusiva confianza, grado 5, y que el nombramiento se realizó directamente, sin concurso previo, debido a su experiencia en otros servicios públicos y al carácter estratégico del departamento. Permaneció en el cargo hasta el 10 de marzo de 2026.

Otra de las hermanas de la entonces ministra es Isabel Margarita Orellana Guarello, cineasta y dueña de Araucaria Cine SpA. La sociedad recibió entre 2023 y 2025 tres transferencias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes por un total de $106.576.316.

La primera transferencia fue decretada el 29 de diciembre de 2023 y ascendió a $26.250.000, destinados a la producción audiovisual de cortometrajes. La segunda, por $49.000.000, fue decretada el 17 de mayo de 2024 para la producción audiovisual de un largometraje. Ambos aportes aparecen clasificados como fondos concursables.

El tercer traspaso fue decretado el 23 de mayo de 2025 por $31.326.316. El Registro Central de Colaboradores del Estado consignó el aporte como parte del Fondo de Fomento Audiovisual.

A estas transferencias se sumaron dos órdenes de compra emitidas en 2024 por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. De acuerdo con Mercado Público, correspondieron a tratos directos, ambos por aproximadamente $7 millones y con estado de recepción conforme.

La orden 1725-206-SE24, emitida el 15 de marzo de 2024, correspondió a la presentación de la obra Otro sol en el marco del programa Onda Media. La segunda, 1725-316-SE24, del 1 de abril del mismo año, contrató la presentación de Nunca vas a estar solo dentro del mismo programa.

Araucaria Cine recibió recursos públicos antes del gobierno de Gabriel Boric. El Registro Central de Colaboradores del Estado consigna 17 transferencias a la sociedad entre 2015 y 2026. Según los datos disponibles, la productora obtuvo $118.181.246 durante la administración de Michelle Bachelet y $27.248.337 bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Durante el mandato de Boric, las transferencias sumaron $326.576.316. De ese monto, $220.000.000 correspondieron a un proyecto adjudicado en enero de 2022, durante las últimas semanas del segundo gobierno de Piñera, aunque el decreto que formalizó la transferencia fue firmado en junio de ese año, cuando Boric ya ejercía la Presidencia.

En el gobierno de José Antonio Kast, la sociedad registra hasta ahora un aporte de $30.000.000. En total, Araucaria Cine ha recibido más de $500 millones durante esas cuatro administraciones.

Asimismo, de acuerdo con Mercado Público también tuvo tratos directos con la Subsecretaría de las Culturas en 2018 ($3.000.000) y en 2021 ($952.000) y en abril de 2026 hay una orden de compra a su favor con el Serpat por $357.000. 

Cabe señalar que la exministra Orellana incluyó en su Declaración de Intereses y Patrimonio a la empresa de su hermana como «otras fuentes de conflicto de intereses».

La Comisión Nacional de Energía contrató por trato directo al antiguo estudio de Pardow

Diego Pardow se desempeñó como ministro de Energía entre el 6 de septiembre de 2022 y el 16 de octubre de 2025. Antes de llegar al gobierno de Boric fue director en el estudio de abogados FerradaNehme. Su pareja, Catalina Iñiguez, también desarrollaba su carrera en esa firma y posteriormente pasó a integrar su nómina de socios.

Pocos días después de la llegada de Pardow al ministerio, la Comisión Nacional de Energía (CNE) inició el procedimiento para contratar al estudio. La Resolución Exenta N.º 769 consignó una solicitud de compra y un memorándum elaborados el 20 de septiembre de 2022, dos semanas después de que Pardow asumiera como ministro. Ambos documentos fueron preparados por la jefa subrogante del Departamento Jurídico de la Comisión y sirvieron como fundamento para determinar la modalidad de contratación.

El 3 de octubre de 2022, la CNE autorizó la contratación directa de FerradaNehme SpA para prestar una “asesoría jurídica especializada”. Al día siguiente se emitió la orden de compra 610-88-SE22, por un valor total de 500 UF, equivalente entonces a aproximadamente $17,1 millones. 

La asesoría se relacionó con el proceso de determinación del Valor Agregado de Distribución correspondiente al período noviembre de 2020-2024, componente utilizado en el cálculo de las tarifas eléctricas. La resolución indicó que el procedimiento había recibido observaciones y recursos ante la Contraloría y lo calificó como un asunto “delicado y trascendente”, por su impacto directo en las tarifas de los clientes finales.

El servicio contempló la preparación de un informe en derecho destinado a responder las observaciones y requerimientos formulados por empresas concesionarias de distribución eléctrica y otros participantes del proceso. También incluyó la elaboración de minutas sobre la etapa de discrepancias ante el Panel de Expertos y las presentaciones efectuadas ante la Contraloría.

La CNE justificó el trato directo mediante una norma que permitía contratar consultorías considerando especialmente las capacidades del proveedor, cuando se tratara de materias claves y estratégicas que no pudieran ejecutarse con personal propio. La resolución describió a FerradaNehme como un estudio de “sólida reputación, amplia experiencia y especializado principalmente en materias regulatorias, derecho eléctrico, derecho administrativo, libre competencia, entre otras”.

La CNE es un servicio descentralizado y su administración corresponde a su secretario ejecutivo. Entre sus funciones están “monitorear y proyectar el funcionamiento actual y esperado del sector energético, y proponer al Ministerio de Energía las normas legales y reglamentarias que se requieran, en las materias de su competencia” y “asesorar al Gobierno, por intermedio del Ministerio de Energía, en todas aquellas materias vinculadas al sector energético para su mejor desarrollo”.

La relación de Pardow y su pareja con FerradaNehme fue abordada públicamente durante la acusación constitucional tramitada en su contra en 2025, aunque en ese procedimiento la discusión estuvo vinculada a Transelec y no a la contratación realizada por la CNE en 2022. Ante el Senado, su abogado defensor, Francisco Cox, sostuvo que Pardow había presentado su Declaración de Intereses y Patrimonio y que en ella se identificaba expresamente a su pareja, su lugar de trabajo, el RUT y el domicilio del estudio jurídico.

$200 millones para la Fundación Salvador Allende mientras Maya Fernández era ministra

Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende, se desempeñó como ministra de Defensa durante el gobierno de Gabriel Boric (del 11 de marzo de 2022 al 10 de marzo de 2025). Mientras integraba el gabinete, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), organismo dependiente del Ministerio de las Culturas, transfirió $200.277.988 a la Fundación Salvador Allende durante 2024 y los primeros meses de 2025.

En 2024, los traspasos sumaron $102.121.988. El primero fue aprobado el 23 de enero por $88.037.000. El convenio señaló que los recursos estaban destinados a financiar los servicios y actividades de la fundación, de acuerdo con un plan de gestión que incluía labores de administración, contabilidad, conservación y catalogación de archivos, difusión, actividades educativas y preservación de las colecciones vinculadas con Salvador Allende y Hortensia Bussi.

De los $88.037.000, un total de $76.933.665 fue destinado a gastos de personal –entre ellos remuneraciones, leyes sociales, impuestos, honorarios, finiquitos y bonos–, mientras que $11.103.335 correspondieron a bienes y servicios, como gastos de funcionamiento, reparaciones y mantención de edificios.

La segunda transferencia de 2024 ascendió a $14.084.988 y correspondió al Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales. Se trató de un fondo concursable cuyo proceso de evaluación y selección estuvo a cargo de una comisión. La Fundación Salvador Allende fue beneficiada para ejecutar el Programa Anual de Trabajo que presentó en su postulación.

El 19 de febrero de 2025, cuando Fernández todavía ejercía como ministra, el Serpat aprobó un nuevo convenio por $98.156.000. El plan incluyó tareas de administración general y contable, mantenimiento de la página web y las redes sociales, organización de archivos, conservación de la biblioteca patrimonial, edición de entrevistas, exposiciones, conversatorios y talleres sobre democracia, paz y derechos humanos.

Del monto transferido en 2025, $88.136.120 fueron destinados a gastos de personal y $10.019.880 a bienes y servicios. 

La Fundación Salvador Allende sostuvo posteriormente que la glosa presupuestaria destinada a financiar anualmente su funcionamiento había sido incorporada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y que los recursos se relacionaban con aportes similares entregados a otras fundaciones presidenciales. También afirmó que los fondos de 2024 habían sido rendidos y aprobados sin observaciones.

No obstante, antes de 2024 de acuerdo con el Registro Central de Colaboradores del Estado la vez anterior que habían recibido recursos públicos fue en 2018, en un decreto del 27 de febrero de la Subsecretaría de Hacienda, pocos días antes de que Michelle Bachelet dejara la presidencia. El objetivo del aporte era “El legado de Allende y la UP en las nuevas generaciones”. 

Maya Fernández renunció al cargo de ministra de Defensa el 10 de marzo de 2025. Su salida ocurrió en medio de la polémica por la fallida compra por parte del Estado de la casa de su abuelo, y ante la inminente presentación de una acusación constitucional en su contra por ese hecho. 

El gobierno de Boric intentó adquirir por $933 millones la casa de Guardia Vieja 392, en Providencia, para transformarla en un museo. Entre los copropietarios se encontraban la propia Fernández y su tía, la entonces senadora Isabel Allende. La operación fue paralizada luego de que se advirtiera que ambas autoridades estaban afectas a prohibiciones constitucionales para celebrar contratos con el Estado. 

A raíz de estos mismos hechos, el 3 de abril de ese año, el Tribunal Constitucional acogió los requerimientos presentados contra Isabel Allende y declaró su cesación como senadora, al considerar configurada la causal constitucional de celebración de contratos con el Estado. La escritura pública de compraventa alcanzó a ser suscrita el 30 de diciembre de 2024, aunque la adquisición finalmente no se concretó.

La compañía con la que trabajó la subsecretaria de las Culturas que recibió fondos durante su gestión

Durante la gestión de Andrea Gutiérrez como subsecretaria de las Culturas y las Artes (11 de marzo de 2022 al 31 de julio de 2023), la Compañía Teatral La Mona Ilustre recibió $13.940.023 provenientes de un fondo concursable. Los recursos fueron destinados al proyecto Mocha Dick, primera gira internacional, Alemania 2022, seleccionado en la Línea de Circulación Internacional del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas. El decreto que formalizó la transferencia fue fechado el 15 de noviembre de 2022 por la propia Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

Gutiérrez había mantenido anteriormente una relación profesional con la compañía. En julio de 2019 participó junto con Katiuska Valenzuela en una audiencia de lobby ante el entonces subsecretario Juan Carlos Silva, en la que ambas representaron a La Mona Ilustre. Valenzuela confirmó posteriormente que coincidió con Gutiérrez en una gira de teatro itinerante de esa agrupación y situó sus interacciones profesionales hasta 2019. 

Gutiérrez dejó el cargo en julio de 2023, en medio de una polémica por conflicto de interés. La exautoridad reconoció que había firmado dos convenios por un total de $295 millones con la Corporación para el Desarrollo de Santiago, entidad en la que había trabajado anteriormente, pese a que tenía la obligación legal de abstenerse. Tras su salida, el Gobierno anunció un sumario administrativo. Gutiérrez sostuvo que actuó de buena fe, sin intención maliciosa y que no existió un mal uso de los recursos públicos.

Empresa farmacéutica de dos tíos del exsubsecretario de Redes Asistenciales transó $800 millones con el Estado entre abril y diciembre de 2025, mientras él ocupaba el cargo

Bernardo Martorell se desempeñó como subsecretario de Redes Asistenciales entre el 27 de marzo de 2025 y el 10 de marzo de 2026. El exsecretario de Estado es sobrino de Pablo Martorell Velasco y Rodrigo Martorell Velasco, accionistas de Pharmatech Chile SpA, empresa que comercializa medicamentos e insumos médicos.

Según registros públicos, la sociedad pertenece a Pablo Martorell Velasco y José Yudelevich Fuxman, cada uno con un 37,5%; Rodrigo Martorell Velasco, con un 12,5%; y Francis Michael O’Brien, con el 12,5% restante. 

En su página web, la empresa señala que opera desde 2011 y que su portafolio incluye soluciones oftálmicas, productos farmacéuticos ambulatorios y medicamentos e insumos de uso hospitalario y quirúrgico.

Los datos abiertos de ChileCompra muestran que la relación de Pharmatech con el Estado antecedía a la llegada de Martorell a la subsecretaría. La empresa registró operaciones por $1.599.872.382 en 2019; $2.268.432.221 en 2020; $1.101.314.689 en 2021; $3.709.357.864 en 2022; $1.233.281.731 en 2023; $2.438.244.707 en 2024; y $978.098.747 en 2025. En lo informado de 2026, el monto alcanza $120.596.148. En total, entre 2019 y el período reportado de 2026, las operaciones suman $13.449.198.489.

De las compras registradas en 2025, $77.551.361 correspondieron a enero; $51.006.567, a febrero; y $49.813.547, a marzo. Esos tres meses, anteriores a la asunción efectiva de Martorell, sumaron $178.371.475, equivalentes al 18,24% del total anual.

Por lo tanto, entre abril y diciembre de 2025 –ya con Martorell como subsecretario– Pharmatech registró operaciones con el Estado por $799.727.272, equivalentes al 81,76% de lo transado por la empresa durante ese año. La cifra de 2026 no puede atribuirse íntegramente a su período en el cargo, porque el registro consultado también comprende operaciones posteriores al 10 de marzo, fecha en que terminó su gestión.

Las órdenes no fueron emitidas directamente por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Entre los compradores aparecen mayoritariamente hospitales y Servicios de Salud. 

La imprenta vinculada al entorno familiar de Julieta Brodsky tuvo contratos por $21 millones mientras ella fue ministra

Julieta Brodsky se desempeñó como ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entre el 11 de marzo de 2022 y el 10 de marzo de 2023, cuando fue reemplazada por Jaime de Aguirre en el segundo cambio de gabinete del gobierno de Gabriel Boric. 

Durante ese período, Productora Gráfica Andros Limitada, recibió cuatro órdenes de compra de organismos del sector que Brodsky encabezaba. Entre los socios principales de la imprenta figuran Lucía Bustamante Huerta, María Margarita Vera Giusti y Gastón Herrera Araya. Según una nota de Ciper, la empresa fue creada en 1990 por Bustamante y Vera, mientras que Herrera se incorporó en 1997.

Los antecedentes recopilados por El Líbero vinculan familiarmente a María Margarita Vera Giusti con la exministra: Vera y Pablo Brodsky Baudet –papá de Julieta Brodsky–, son padres de Emilia Brodsky Vera, media hermana de la exsecretaria de Estado.

Según Mercado Público, las cuatro órdenes sumaron $21.628.250. La primera, 4841-17-AG22, fue emitida el 1 de abril de 2022 por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por $1.227.961. La segunda, 903031-52-SE22, correspondió a la impresión del libro Museo del Limarí: Guía educativa y alcanzó los $2.140.810. Fue emitida el 9 de noviembre de 2022 por el mismo servicio.

El 2 de diciembre de 2022, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural emitió la orden 1029940-113-AG22, por $658.665, para la impresión de afiches. Veinte días después, el mismo organismo generó la orden 1029940-130-SE22, por $17.600.814, destinada al diseño y la impresión de una publicación sobre la actualización del Atlas del Patrimonio.

Esta última contratación, que concentró más del 81% del monto total, derivó de la licitación pública 1029940-21-LE22. Las bases contemplaban el diseño editorial y la impresión de 200 ejemplares de un libro de 180 páginas, con mapas, fotografías, infografías y datos vinculados con el patrimonio cultural y natural. 

Andros no comenzó a trabajar con instituciones estatales durante la gestión de Brodsky. De acuerdo con Mercado Público, también ejecutó diversidad de contratos durante la administración de Sebastián Piñera. Ciper informó que la imprenta trabajaba con entidades estatales, al menos, desde 2012. En la campaña presidencial de 2013 “confeccionó los calendarios y dípticos de Michelle Bachelet, además de otros productos de propaganda”. El mismo medio reportó que la empresa “recibió casi $25 millones de la campaña de Boric por dos trabajos de impresión de volantes”. 

La empresa fue noticia en 2025, a raíz de una conversación interceptada en el Caso ProCultura en la que Lucía Bustamante reclamaba el pago de una deuda de la ONG con Andros. La imprenta presentó una acción civil contra la fundación por una deuda de $41,9 millones, dividida en cinco facturas impagas.

Sociedad de la suegra y cuñados de Camila Vallejo facturó $1.209 millones a un hospital público durante el gobierno de Boric

Camila Vallejo se desempeñó como ministra secretaria general de Gobierno durante la administración de Gabriel Boric. Durante ese período, una sociedad integrada por su suegra, dos de sus cuñados y el cónyuge de su suegra facturó $1.209.142.236 al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, según reveló El Líbero.

Se trata de Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada, sociedad constituida en 2003 por la médico oftalmóloga Andrea Colomba San Martín Palma, suegra de Vallejo. Actualmente, la empresa pertenece en un 31% a Claudio Camilo Zicavo San Martín; otro 31% a Valeria Andrea Zicavo San Martín, ambos cuñados de la exministra; un 9% a Andrea San Martín; y un 29% a Osvaldo Armando Aguiló Melo, cónyuge de esta última.

El marido de Vallejo, el músico Abel Zicavo San Martín, también formó parte de la compañía y llegó a tener el 71% de la sociedad. Sin embargo, salió de ella en marzo de 2018, cuatro años antes del inicio del gobierno de Boric: vendió parte de su participación a sus hermanos Claudio y Valeria y el 29% restante a Aguiló. Desde el entorno de Vallejo recalcaron a El Líbero que su cónyuge dejó de participar en la empresa “antes de que ella asumiera cualquier cargo en el gobierno”. 

La relación de la sociedad médica con el Estado comenzó antes de la llegada de Boric a La Moneda. Mercado Público registra órdenes desde, al menos, 2011, y la empresa ha obtenido licitaciones vinculadas con consultas y procedimientos oftalmológicos en el Hospital Herminda Martín desde años anteriores. Considerando 299 documentos que figuraban como aceptados entre mayo de 2011 y febrero de 2026, la sociedad facturó $2.156.918.205 al establecimiento. 

De ese total, 53 operaciones por $1.209.142.236 correspondieron a los cuatro años del gobierno de Boric, es decir, cerca del 56% de lo registrado en el período revisado. Desde el entorno de Vallejo señalaron que se trata de “una sociedad médica que opera en la plataforma, que cuenta con registros que son públicos y transparentes”.

La Ley 20.880 obliga a las autoridades a informar determinados parientes por afinidad, categoría que comprende a suegros y cuñados. Sin embargo, en la declaración de Vallejo que se encontraba disponible en InfoProbidad no aparecía su suegra ni la totalidad de sus cuñados. Vallejo recién hizo esa rectificación al ser advertida por El Líbero.

La fundación que Miguel Crispi ayudó a crear ha recibido ininterrumpidamente subvenciones de la Junji desde 2012

Miguel Crispi se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional entre marzo y septiembre de 2022 y, posteriormente, como jefe del equipo de asesores del Presidente Gabriel Boric hasta marzo de 2025. Su trayectoria también está vinculada con la Fundación CrispiLago, organización dedicada a la educación parvularia en la comuna de Romeral (Región del Maule). 

La fundación explica en su página web que surgió en 2007, impulsada por familiares y amigos del economista Jaime Andrés Crispi Lago, fallecido un año antes, quien fue presidente del Consejo Asesor para las Políticas de la Infancia.

La Biblioteca del Congreso Nacional consigna que Miguel Crispi fue fundador y vicepresidente de su directorio entre 2008 y 2013. En su perfil de LinkedIn, el exasesor presidencial extendió su participación en la organización desde 2006 hasta marzo de 2014. 

El vínculo también fue informado por el propio Crispi en su Declaración de Intereses y Patrimonio del 8 de abril de 2022, presentada al asumir como subsecretario. En el apartado “Otros antecedentes” escribió: “Militante del partido Revolución Democrática. Socio Fundación Crispi Lago”. 

Actualmente, el Registro Central de Colaboradores del Estado identifica como representante legal de la fundación a Ana María Crispi Soler, como directora a María Constanza Gamboa Munita y como secretario a Cristóbal Viñes Crispi. También clasifica a la organización como una fundación del área de educación y beneficiaria de fondos públicos. 

En el mismo registro se contabilizan 170 transferencias recibidas por la Fundación CrispiLago entre 2012 y 2026. Los aportes se extendieron durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, la segunda administración de Michelle Bachelet, el segundo mandato de Piñera, el gobierno de Gabriel Boric y los primeros meses de la gestión de José Antonio Kast. 

Los registros muestran una sucesión periódica de subvenciones, generalmente mensuales, provenientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Los recursos se destinan a financiar la atención de lactantes y párvulos, la operación de los establecimientos y las asignaciones de sus trabajadoras. 

Durante nueve meses de 2012, la fundación recibió un total de $60.176.392. En 2013, los aportes ascendieron a $98.949.304; en 2014, a $131.711.978; en 2015, a $145.023.646; en 2016, a $154.350.082; en 2017, a $169.153.071; en 2018, a $176.489.381; en 2019, a $185.824.415; en 2020, a $196.704.734; en 2021, a $203.747.768; en 2022, a $221.336.018; en 2023, a $260.951.344; en 2024, a $276.940.419; y en 2025, a $298.924.444. En los cinco meses informados de 2026, los traspasos suman $120.999.709. 

La fundación administra el jardín infantil y sala cuna El Jardín de los Cerezos, ubicado en Romeral, que atiende a cerca de 100 niños de entre cero y cuatro años. La propia organización explica que el establecimiento es cofinanciado mediante transferencias de la Junji y aportes privados.