Que Dios bendiga a Chile

El Presidente de la República concluyó su primera Cuenta Pública con una frase escueta y para nada novedosa: «Que Dios bendiga a Chile». Eugenio Tironi, sociólogo de notoria influencia en los círculos de opinión de la ex Concertación, comentó en CNN Chile que el Presidente parece «el gran párroco de la nación antes que el Presidente de la nación». La observación fue celebrada en ciertos ambientes como un golpe certero. A mi juicio, golpe bajo y de baja calidad.

Nótese lo que Tironi no dijo. No dijo que Kast estuviera equivocado. No argumentó que Dios no existe, ni que la bendición divina sea una categoría incoherente, ni que la trascendencia sea una superstición que un gobernante ilustrado debería haber superado. Esas serían posiciones filosóficas discutibles, pero al menos honestas. Lo que dijo es más modesto y revelador: que eso no corresponde decirlo ahí, en ese lugar, con esa investidura. Es una crítica de protocolo. Y las críticas de protocolo, cuando se usan para sustituir el argumento de fondo, son la forma más elegante de esquivarlo.

¿Tiene razón el Presidente o no la tiene? Si la tiene —si hay algo que razonablemente pueda llamarse Dios, y si ese algo puede bendecir o no a una nación, y si invocar esa bendición al cerrar un discurso de gobierno tiene sentido— entonces la observación de Tironi es irrelevante. Los protocolos no determinan la verdad. Si no la tiene, entonces la crítica debería ser esa: que el Presidente invocó a alguien que no existe, o que la noción de bendición divina sobre una nación es incoherente. Pero ese argumento Tironi no lo hizo, porque hacerlo lo obligaría a defender una determinada metafísica, y la ortodoxia modernista prefiere no defenderse: prefiere presentarse como la ausencia de metafísica.

Ahí está la trampa conceptual que conviene desmontar. En adelante no me refiero a Eugenio Tironi, sino a la forma mentis que subyace en tantos que, como él, rechazan la mirada trascendente en el espacio público so pretexto de neutralidad. Eso no es “sana laicidad”: es laicismo. El laicismo no es la neutralidad entre cosmovisiones: es una cosmovisión que ha conseguido que la llamen neutralidad. Su operación fundamental es declarar que las referencias religiosas o trascendentes son «particulares» e «impositivas», mientras sus propias referencias —el individuo autónomo, la preferencia subjetiva como criterio último, la inmanencia como horizonte sin más allá— son «universales» y «objetivas». Es como si alguien dijera que todos los mapas están distorsionados, excepto el suyo, que es la realidad misma. La afirmación de que el hombre se agota en su dimensión temporal y social no es más neutral que la afirmación contraria: es simplemente la afirmación contraria, pronunciada con mayor confianza en los salones escépticos y asépticos donde se forma la opinión dominante.

Tomás de Aquino, que pensó estas cuestiones con más rigor que los librepensadores de ayer y de hoy, enseñaba que los fines se ordenan jerárquicamente y que el fin inferior debe subordinarse al superior. El bien común temporal —la paz, la justicia, el desarrollo, la seguridad— es un bien real y exigible. Ningún gobernante puede ignorarlo. Pero no es el bien último del hombre. El hombre está ordenado a un fin que trasciende la comunidad política: su comunión con el bien absoluto, con aquello que la razón natural puede reconocer como el fundamento del ser y la moral puede identificar como la fuente de toda obligación. Ese fin no es privado ni políticamente irrelevante: es el horizonte dentro del cual la política misma adquiere sentido y encuentra su límite. El gobernante que lo ignora no es más neutral: ha adoptado, sin declararlo, la metafísica que afirma que el hombre se agota en lo que puede medirse. Y eso no es objetividad: es una posición filosófica que se niega a presentar sus credenciales.

La Constitución chilena no es ajena a esta cuestión. Su artículo primero declara que «El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible». La persona humana de la que habla ese artículo no es un dato sociológico ni un conjunto de preferencias: es un ser dotado de dignidad que precede al Estado y lo trasciende. La tradición iusnaturalista que inspira ese texto —presente en los debates constituyentes, en la doctrina de la Comisión Ortúzar, en la filosofía que nutre esa generación de juristas y a toda la cultura occidental— supone una antropología que no se agota en lo inmanente. Recordar esa dimensión desde la tribuna de la Cuenta Pública no es violar la Constitución: es recordar lo que ella expresamente reconoce.

Aquí conviene distinguir dos cosas que suelen confundirse. La confesionalidad del Estado —la adscripción institucional a una religión determinada— es una cuestión prudencial, contingente, que depende de las circunstancias históricas y que la propia Iglesia Católica, por ejemplo, no impone como exigencia universal en el momento presente. El reconocimiento de la dimensión trascendente del hombre es otra cosa enteramente: es una exigencia del sentido común que no depende de la fe sino de la razón, accesible en principio a cualquier inteligencia que examine con honestidad qué es el hombre y a qué está ordenado. Kast no propuso un Estado confesional; quienes rasgan vestiduras, en cambio, confiesan su exigencia de neutralidad no neutra.

Se dirá, y de hecho se dice, que el Presidente tiene derecho a expresar su fe porque la libertad de expresión lo ampara. Es el peor argumento posible en su favor, aunque sea el más cómodo políticamente y el adecuado según los manuales de la ortodoxia constitucional. Primero, porque reduce una verdad a una preferencia. Si la dimensión trascendente del hombre es real —y hay razones filosóficas serias para sostenerlo, con independencia de cualquier fe revelada— entonces no es una «opinión» que el Presidente «expresa»: es una verdad que recuerda. Defenderla como ejercicio de libertad de expresión es concederle al laicismo exactamente lo que quiere: que se trate de una preferencia particular entre otras, protegida por el derecho, pero sin pretensión de verdad. Es capitular en el terreno de los principios para ganar un punto en el terreno de los derechos subjetivos. Segundo, porque quien habla no es un ciudadano que ejerce su fuero interno: es el Presidente de la República que señala la raíz y el horizonte de su gobierno. El argumento correcto no es «tiene derecho a decirlo»: es «tiene razón en decirlo».

Reducir al absurdo la posición contraria ayuda a ver con claridad lo que está en juego. Si el argumento laicista es correcto, el Presidente de la República debería terminar su Cuenta Pública sin invocar nada que esté más allá del producto interno bruto, la tasa de desempleo y los índices de seguridad ciudadana. Cualquier referencia a la dignidad humana debería evitarse, porque la dignidad es un concepto con raíces metafísicas que el Estado laico no puede hacer suyo sin tomar partido. Cualquier apelación a la justicia debería moderarse, porque la justicia como virtud —no como procedimiento— supone un orden objetivo de bienes que el laicismo no reconoce (aunque se beneficia de él). Llevado a su consecuencia, el ideal laicista del espacio público produce un gobernante que habla en vacío: que administra procedimientos sin poder decir para qué sirven, que gestiona instituciones sin poder decir en nombre de qué, que preside una nación, en definitiva, sin poder decir qué es una nación. La neutralidad perfecta no es un horizonte político: es un horizonte de (sin)sentido que se ha vaciado a sí mismo.

Chesterton habría encontrado en esta inversión —que lo máximo sea demasiado y que lo mínimo sea suficiente— la marca de una época que ha perdido la escala. Un gobernante que pide la bendición de Dios sobre su nación está haciendo, al menos, dos cosas que no son menores: está reconociendo que hay Alguien por encima de él a quien debe rendir cuentas, y está admitiendo que el bien de Chile no depende sólo de lo que él haga. Ambas cosas son políticamente saludables. La primera es humildad y seriedad ante el poder. La segunda es realismo ante los límites de la política. Si eso es ser párroco, el problema no está en el Presidente: está en una religión secular que teme ser desplazada por la verdad.

Y hay un dato que quizás no todos conocen, y que merece ser referido sin estridencia, pero con claridad. En la capilla del Palacio de La Moneda —el edificio donde se ejerce el gobierno de la República, donde se toman las decisiones que afectan el destino del país— se celebra la Santa Misa dos veces al día, todos los días. Cada viernes se realiza además la Adoración al Santísimo Sacramento. Las autoridades que así lo desean se postran ante Él. Quienes lo saben y quienes no lo saben podrían preguntarse qué significa que en el centro mismo del poder político latiera el Corazón de Dios.

No se trata de libertad de culto, aunque la libertad de culto lo ampare. No se trata de clericalizar un espacio público, aunque el espacio sea público. Se trata de algo mucho más importante y radical: de ordenar el poder según su origen y su destino. El sentido común, antes que cualquier filosofía, advierte que ningún poder humano se origina en sí mismo ni se sostiene por sí solo. El gobernante no se ha creado a sí mismo, no ha creado a quienes gobierna, no ha establecido el orden moral que está obligado a respetar y hacer respetar. Recibió todo eso. Y lo que se recibe supone un donante. Reconocer ese donante no es debilidad del poder: es su condición de legitimidad más honda. Cuando las autoridades se arrodillan ante el Rey no están abdicando de su función: están reconociendo el fundamento sin el cual esa función no tiene sentido ni medida. El poder no se niega cuando reconoce algo por encima de sí: encuentra su verdadero nombre. Y Chile, cuando pide la bendición de Dios por boca de su Presidente, no abdica de su destino: lo pone en manos del Único que puede cumplirlo.