El 22 de abril fue enviado al Congreso Nacional el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (PdL). Se trata de una contundente iniciativa cuyo foco de largo plazo es el crecimiento y creación de empleo, esto es, sacar al país del estancamiento económico y el alto desempleo que nos acompaña ya por 12 años. El objetivo es que al año 2030 el desempleo se reduzca del actual 8,35% al 6,5% -tasa de pleno empleo-; que el crecimiento vuelva al 4% anual -doblando el 2% de promedio desde el 2014 a la fecha-, y recuperar el equilibrio fiscal estructural. Para ello el PdL plantea recuperar los niveles de competitividad tributaria perdida el año 2014, reduciendo gradualmente el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) desde el 27% al 23% que tienen los países de la OCDE y desenredar la amplia maraña regulatoria que agobia y paraliza los proyectos de inversión y la creación de empleo y riqueza. El PdL incluye también abordar las urgencias de reconstrucción que dejaron los incendios de enero pasado, para lo cual incorpora medidas de gasto financiados con ingresos tributarios transitorios.
El objetivo de esta columna es abordar el financiamiento del PdL y su coherencia respecto a estabilizar las cuentas fiscales en el mediano plazo. Principalmente se requiere evaluar los riesgos del PdL respecto a si los ingresos esperados del crecimiento permiten con cierta probabilidad, en un plazo razonable, reducir el déficit y la deuda como porcentajes del PIB. El punto de partida es un déficit estructural de 3,6% del PIB en 2025, y una deuda pública oficialmente de 41,7%, pero ese guarismo está distorsionado, puesto que para lograrlo el gobierno anterior se consumió en diciembre la caja del Tesoro y se pospuso para enero 2026 el pago y emisión de facturas que correspondían a 2025. No se parte de 41,7% del PIB, sino que de 43% del PIB, a dos puntos del máximo definido de 45% del PIB.
Escribo con la convicción de que el debate estará basado en los temas de fondo y no en consignas, puesto que el PdL contiene una gran novedad. El gobierno del Presidente Boric emitió el 9 de marzo de 2026 el Decreto Exento N° 80, decreto que obliga a considerar en los informes financieros todos los efectos asociados a cambios de comportamiento de los agentes. Por primera vez se debe considerar los efectos del crecimiento asociados a los cambios del PdL, lo que lleva a proyectar el financiamiento en un periodo largo. Así, el PdL viene acompañado de un Informes Financiero de 45 páginas y un Informe de Impacto Regulatorio de 36 páginas, algo nunca visto. Cuando el debate es sustantivo, quienes impulsan meras consignas vacías quedan fuera de juego.
Vamos al tema de fondo, partiendo por el diagnóstico de las causas del estancamiento económico de 12 años. Chile es una economía pequeña, orientada a las exportaciones, campeona mundial en amplios acuerdos del libre comercio, que lleva 12 años creciendo al 2%, cuando el resto del mundo y sus socios comerciales crecen al 3%. Con alto grado de verosimilitud podemos decir que al menos ese punto que crecemos por debajo de los socios comerciales se debe al alza del IDPC a 27% y a los excesos de regulación, justo cuando la OCDE y el resto del mundo bajaba aceleradamente dicho impuesto. Hay, por tanto, una alta probabilidad de que revirtiendo dichas acciones, la inversión y el crecimiento respondan y las tasas de crecimiento de Chile vuelvan a superar a las tasas de nuestros socios comerciales. La legítima pregunta es: ¿efectivamente el crecimiento que viene será suficiente para que los menores ingresos de la rebaja tributaria queden plenamente compensados para 2035 por mayor crecimiento?
En mi opinión, las proyecciones de crecimiento del Informe Financiero son muy conservadoras. Utilizando parámetros de proyección incluso menores a los que utiliza la Comisión Marfán, el Informe Financiero supone que en 10 años el nivel del PIB será un 8,18% más alto comparado con el nivel que se alcanzaría si el crecimiento se mantiene en el actual 2%. Para evaluar este supuesto, considere lo siguiente. Si suponemos que el PdL nos permitirá crecer al 3% en lugar que al 2%, es decir, lo que crece el mundo, entonces el nivel del PIB en 10 años sería un 10% mayor, no un 8,18%. En mi opinión es altamente probable que aprobado el PdL el país crezca por encima del mundo, lo que implica que habrá más holguras ficales que las estimadas en el Informe Financiero. Las proyecciones no consideran en absoluto la meta de crecer al 4% que se propuso el Gobierno.
Un segundo componente es que no se considera está asociado los efectos de nivel, por una vez, que se obtienen cuando el país se reimpulsa por renovadas expectativas de crecimiento. En dos años se podrá observar un impulso que no responde a más trabajo o más capital, sino a mayor intensidad en su uso. El año 1991 y 1992 la llamada Productividad Total de Factores creció un 4,1% y un 7,2% respectivamente, para descender nuevamente a 1% el año 1993. Estimo que este efecto entregará un mayor nivel del PIB del orden 2,5% a fines de 2028, lo que tiene efectos en holguras adicionales desde ahí en adelante.
Por último, el plan fiscal se encuentra incompleto, pues falta un componente esencial de compensación de la menor recaudación que es un menor gasto público. El 11 de junio el Ministerio de Hacienda entregará el decreto fiscal con la evolución del déficit estructural y de la deuda pública, y en septiembre conoceremos el proyecto de ley de presupuesto. El Decreto Exento N° 80 no admite considerar en el Informe Financiero una compensación de la menor recaudación con menores gastos que no sean efecto directo del PdL, pero el plan fiscal del Gobierno si contempla ajustes adicionales de gasto superfluo.
En suma, el Informe Financiero es conservador en sus proyecciones a 10 años respecto a los ingresos por crecimiento y los ajustes de gasto en vías de ejecutarse, no contemplados en dicho informe reducen los riesgos de una evolución fiscal no sustentable. No hay base para alarmarse con riesgos fiscales que parecen estar muy acotados.
Alentador, gracias