Comenzó en el Parlamento el estudio y discusión del proyecto de Ley de Presupuesto de gastos del sector público para el año que viene. Es el primero que presenta un Presidente considerado el más de derecha que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia hace 36 años. ¿Cambiará mucho al Estado y su influencia sobre la economía y la sociedad?
Por una parte, el Ministro de Hacienda espera que sí traiga transformaciones: lo destacó como una pieza clave de su programa, incluso muchos meses antes de siquiera haber sido nombrado ministro. Desde que asumió como coordinador económico del candidato, anunció en la prensa el inicio del estudio de los gastos que deberían ajustarse, y principalmente recortarse. Por otra parte, los actuales partidos de oposición han declarado como uno de sus principales banderas de lucha “la defensa” de los llamados “derechos sociales” conquistados durante sus pasos por el gobierno hasta el de Boric. En otras palabras, no a los cambios; defender lo actual. ¿Será una batalla política tan grande como se pronostica? ¿Importan tanto los Presupuestos de gasto público? ¿Por qué?
Es difícil evaluar y pronosticar resultados surgidos de cambios introducidos en un ámbito tan vasto como el funcionamiento de un Estado moderno. Es un organismo humano y social de alta complejidad, que tendemos a ver de maneras muy simplificadas y parciales. Además, teñidas de altos contenidos ideológicos. De allí que lo conocido en la prensa del inicio de la discusión presupuestaria sean casi puros aspectos puntuales. Por ejemplo, la discusión sobre si gastar en computadores para escolares, cerrar Prodemu, etc. Lo peor, es que desde allí proyectamos, enjuiciamos y atribuimos intenciones. Vemos árboles, pero no el bosque. Como personalmente también observo de ese modo, aquí me limitaré a sólo algunas consideraciones que espero sirvan a conducir a buen puerto este proceso.
Estimo que este debe ser el presupuesto fiscal en que más programas de gasto han sido revisados uno a uno y cuya asignación de fondos para el 2027 se hace en función de sus evaluaciones de efectividad y costos. Así se desprende no sólo del discurso en que el Presidente señaló explícitamente que se habían revisado 632 programas, sino también del modo en que ha trabajado la Dirección de Presupuestos (DIPRES) encabezada por una persona de reconocida capacidad y experiencia. Esta es una innovación importante en los modos de confeccionar el presupuesto fiscal anual. Además, se habrían levantado “tarjetas amarillas” a directores de programas de dudosa efectividad actual. Lo habitual en este ámbito es que los nuevos gobiernos habitualmente llegan sólo con programas de gasto nuevos, pero no ajustan o terminan los antiguos. Es como si en una casa los dueños, cada cierto tiempo llegaran con nuevos muebles, sillas, artefactos eléctricos, etc. pero sin retirar los viejos. Al final no queda espacio para circular y vivir con comodidad. Ahora esto cambió.
La revisión y ajuste de programas es más necesaria ahora que antes, además, porque muchos programas creados los últimos años (como la gratuidad universitaria, por ejemplo) se hicieron suponiendo fuentes de financiamiento tributario que no rindieron lo esperado. La reforma tributaria de Bachelet no logró lo que pretendía. Por eso, dichos gastos se han estado realizando con recursos o fondos obtenidos de endeudamiento externo. Pero en eso ya topamos con el límite. Como se sabe, la deuda externa pública subió de 16% del PIB el 2014 al 42% el 2025. No podemos seguir elevando la deuda sin fuertes costos para toda la economía.
Otra importante consideración a tener presente es que ahora existe la PGU (Pensión Garantizada Universal) que llega con dinero directamente a millones de personas pobres que no contaban con ese ingreso. Por eso se hicieron antes tantos programas pequeños para grupos de campesinos, pescadores, mujeres, madres adolescentes, cuidado dental, de mascotas, discapacitados, niños, etc. En el fondo todos esas eran formas de llevar algún alivio a personas o familias con carencias. Pero estos pequeños programas son muy caros de administrar, de gestionar y de controlar para prevenir abusos. Entonces, al final, de ese modo los escasos recursos públicos no llegan necesariamente a quienes más los necesitan sino a intermediarios, y se presta más para abusos y corrupción.
El año 2025, y probablemente el actual, la PGU se ha transformado en el programa que implica el mayor gasto entre los 600 y tantos que registra y publica anualmente la DIPRES. Con el tiempo se ha ido elevando el monto de esta pensión que recibe toda persona jubilada cuya pensión base sea inferior a $1.252.000 mensuales, y que alcanza hoy a un máximo de $252.000 mensuales si su pensión base es inferior a $790.000. Esta ha sido probablemente la política pública que ha producido la mayor igualación de ingresos o reducción de la pobreza de todas las intentadas en la historia de Chile. El año pasado la PGU involucró un gasto público de 6.170 millones de dólares, cubriendo un universo de 2 millones 180 mil beneficiarios con un costo fiscal por cada uno de $224.000 mensuales (que recibieron casi lo mismo porque el costo de administración es mínimo). En cambio, la gratuidad para la educación superior, que es el tercero más costoso del fisco con 2.230 millones gastados anualmente, alcanzó a solamente 615.000 beneficiarios, favoreciendo hasta el sexto decil de ingresos con un costo promedio mensual por beneficiario de $287.000. Más costoso para el fisco que su aporte a los pensionados. El CAE a su vez tiene un costo anual de 1.050 millones de dólares para algo menos de 200.000 beneficiarios a un costo por cada uno de $370.000 pesos mensuales; más caro todavía.
Así pueden analizarse cada uno de los 630 a 670 programas de gasto en que incurre el Estado cada año. Gran innovación la que está haciendo el actual Ministerio de Hacienda; puede considerarse revolucionario presentar un proyecto de presupuesto basado en datos y evaluaciones de cada programa de gasto público. Mérito también de los anteriores que fueron generando las bases de datos y los estudios pertinentes. Ahora veremos lo que sale del Parlamento y, por sobre todo, si el gobierno entero, y cada ministro, aplica su voluntad y tiene la capacidad de mejorar la efectividad y focalización del gasto para contribuir a una economía más dinámica y una sociedad más equitativa.
Muy bueno y comprensible, gracias