La Convención Constitucional comenzó a sesionar con un 79% de apoyo electoral, obtenido en el plebiscito de entrada. Una barbaridad de votos. Un espaldarazo rotundo al trabajo que los constituyentes iniciaban, y que consistía en redactar una nueva constitución política para la república.
Disponían de un año para hacerlo. Confieso que yo creía que era un plazo insuficiente. Insuficiente por dos razones: i) demasiado breve para que una asamblea hiciera una buena constitución partiendo desde cero. Pero, más importante aún, ii) muy breve para que la CC alcanzara a perder ese enorme respaldo ciudadano. Mi predicción pesimista era que harían una mala constitución, y que esta iba a ser aprobada por paliza. No tenían tiempo, pensaba yo, ni para hacer algo bueno, ni para hacer algo tan malo como para que Chile se diera cuenta. Me equivoqué.
En menos de un año, la CC logró la inédita hazaña de malograr un ochenta por ciento de votos favorables a la entrada, hasta quedar, según las encuestas, en un triste 25% de intención de voto para la salida. Quemar 55 puntos porcentuales de apoyo en menos de un año es realmente difícil. Las masas electorales son tan persistentes como tercos somos los humanos. Daniel Ortega no logró perder la reelección en Nicaragua ni con una acusación de abuso sexual de su propia hija. Que este proyecto constitucional se desplomara electoralmente requería unos niveles prodigiosos de estupidez o de mediocridad. La convención y el borrador que ella ha engendrado lograron el milagro.
¿Cómo pasó? Sin duda hay muchos factores. Seguro que subirse sus propias asignaciones la primera semana de trabajo no contribuyó con la confianza pública. Tampoco los pintorescos espectáculos de disfraces, enfermedades fingidas, votaciones desde la ducha y otras lindezas similares. Sin embargo, si estas cuestiones hubieran sido meramente anecdóticas, la ciudadanía no se habría desplazado tanto en su juicio con respecto al texto constitucional. Hay otros motivos, más de fondo, y más importantes que estos factores que podríamos llamar estéticos.
Don Rodrigo Díaz de Carreras
Creo que el primer motivo es que la CC malentendió en qué consistía su tarea. Ella se trataba ni más ni menos que de redactar un nuevo texto constitucional. ¡Nada menos! Tarea de enorme importancia. Pero tampoco —esta es la clave— nada más. En los peligrosos juegos del poder y del dominio, el “nada más” es muy importante. Embriagados de admiración por sí mismos, los convencionales consideraron que escribir una constitución era poco, y se auto impusieron el deber de refundar Chile. Actuaron como aquel célebre personaje de Les Luthiers, don Rodrigo Díaz de Carreras, conquistador español que intentó fundar Caracas, y lo hizo en el centro de Caracas, que ya estaba fundada y él no se dio cuenta. En un acto igualmente absurdo, los convencionales quisieron fundar Chile, omitiendo el sutil detalle de que Chile ya existe. Y los pueblos, como tal vez todas las cosas, se resisten a las reinvenciones sin permiso y no gustan de quienes se toman atribuciones no autorizadas. Frente a esto, Chile ha reaccionado como se reacciona ante el médico que te critica la manera en que te vistes, o el profesor de sociología que te intenta cambiar la alimentación. Con irritación. Les dimos una tarea, y creyeron que ella los facultaba para todo.
Creo que este afán refundacional explica el segundo motivo, ya sugerido en estas líneas: en lugar de transmitir confianza y esperanza, los constituyentes transmitieron inseguridad y desprecio por Chile. La actitud de la CC hacia todo lo existente fue de desdén. Todo lo que existiera de antemano fue tratado con sospecha. No sólo las cosas atribuibles a la dictadura que nos azotó hace ya medio siglo, sino todo el acervo republicano: sus tradiciones, sus costumbres, sus instituciones, sus figuras históricas; todo fue desdeñado. Por cierto, esto explica las faltas al decoro republicano expresadas en los disfraces, votaciones desde la ducha, etcétera. Los buenos modales, supongo, les parecieron anticuados. Lo mismo deben haber pensado del himno, la bandera y los doscientos años de historia republicana, así como los tres siglos previos en que se gestó culturalmente el pueblo de Chile, con su piel mestiza, su lengua española y su fe cristiana. La CC actuó y habló como si todo esto no fuera más que un fraude violento, una secuencia de quinientos años de usurpación, injusticia y latrocinio. No se dieron cuenta de que lo que estaban masacrando, en obra y en discurso, era Chile mismo: el propio sujeto colectivo al que debían representar y que les había encomendado la tarea de redactar una constitución… ¡para regir el Chile que existe, y no el país abstracto y ficticio que una mayoría de los constitucionalistas se empeñaron en inventar!
La gran tentación de la política es intentar someter a la realidad. Tomarla no como un dato sobre el que hay que operar, sino como un enemigo al que hay que combatir. Los políticos que se enfrentan a los pueblos como un escultor ante un bloque de granito suelen terminar mal. Si triunfan, se convierten en tiranos. Si fracasan, pierden las elecciones, aun cuando hayan entrado a la arena pública con un 80% de respaldo popular. Y todos estos problemas son anteriores a que la ciudadanía leyera una sola palabra del documento, pues son independientes del texto, aunque puedan acabar siendo decisivos para su desaprobación.
El texto
A decir verdad, creo improbable que los chilenos lean masivamente el documento. Creo que sólo una minoría lo hará. No es un texto amigable ni breve, ni tampoco demasiado claro. Supongo que algunos leerán los fragmentos que les despiertan más interés o preocupación. En todo caso, dudo que el texto mismo sea responsable directo de su propio descrédito. Sin embargo, indirectamente sí juega un papel, y este es el tercer (y último) motivo de desplome del Apruebo a analizar aquí. El borrador constitucional está lleno de torpezas. Y, aunque muchos no lean el texto, pueden prejuzgarse en su contra si las minorías que lo leen encuentran en él cosas que los hieren o atemorizan lo suficiente como para difundir su aversión. La torpeza general, entonces, es que la CC olvidó una clave maestra del quehacer político: es muy importante no pisotear las cosas que son sagradas para los demás.
Usualmente los electores buscan la menos mala de las alternativas “votables”. Y, para ser votable, no se necesita ser un santo; basta con no ser un demonio. Dicho de otro modo, un político (o una constitución) que no promete nada demasiado bueno, pero tampoco ofrece grandes razones para ser odiado o temido, puede prosperar perfectamente. Estoy seguro de que una CC que hubiera actuado con sobriedad y hubiera redactado una constitución que no encendiera muchas pasiones, pero pareciera razonable y sensata, habría conservado su apoyo inicial y hasta lo habría incrementado. Sin embargo, el texto entrega demasiadas razones para tenerle miedo, y mete no sólo el dedo en la llaga, sino que la mano completa. Y en muchas llagas, de distintas personas y grupos. Véanse algunos ejemplos.
Concentrar más aún el poder en los políticos (mediante la supresión de los contrapesos, largamente discutida en periódicos y redes sociales) es ya de entrada un paso que va, probablemente, en una dirección contraria a la que esperaban muchos de quienes se embarcaron emocionalmente en este proceso de cambio a partir de la desconfianza que despiertan, entre otros actores, los partidos políticos y sus caudillos. Otorgarles además el control sobre la elección de los jueces y sobre los tribunales electorales es un dato que enciende las alarmas de todo el mundo intelectual de tradición liberal —dotado de importantes megáfonos—, pues la separación de poderes está en la base de sus certezas normativas. Ofrecer un derecho al aborto sin ninguna restricción es un ataque al centro del alma de toda la población con una identidad religiosa fuerte o que, por otro motivo, cree que todos los seres humanos tienen igual dignidad y derechos, aunque permanezcan en el vientre materno. Negarse a garantizar que los ahorros previsionales no puedan ser expropiados es un modo de atemorizar a una gran cantidad de chilenos que descansan en dichos ahorros y han hecho sacrificios durante toda una vida por conseguirlos. Introducir incertidumbre sobre los derechos de agua es algo que aterroriza a miles de propietarios rurales, grandes, medianos y pequeños, que ven precarizada la condición fundamental de su trabajo. Y así podría seguir muchas líneas más, ilustrando cómo el documento se forja una miríada de enemigos a los que les hace imposible votar apruebo, aun cuando hayan aprobado de entrada y deseen una nueva constitución (pero desean una que, además de nueva, sea buena).
La cuestión del indigenismo
Finalmente, sobre la cuestión indigenista podría escribirse un tratado aparte. Es probable que el primer error del proceso haya sido establecer escaños reservados por raza, y puede que en esta decisión haya estado plantado de antemano el germen del rechazo. Estas cuotas hicieron que ya en la composición de la CC hubiera legisladores que, con muy bajo respaldo en votos, recordaran más a los parlamentarios designados que a los elegidos por mayoría electoral. Fue la introducción de un principio corporativista en una estructura electoral de inspiración liberal. Ambas podrían resultar, pero la mezcla deviene arbitraria. El principio liberal es: un ciudadano, un voto; todos los votos valen lo mismo; el que obtiene más votos, es electo. El principio corporativista dice que las fuerzas vivas (organizadas) del pueblo deben enviar sus representantes para que diriman, y en esa concurrencia de organizaciones se expresen la heterogeneidad y riqueza asociativa de la sociedad. Funcionó en la Edad Media. Pero si se iban a admitir representantes indígenas, ¿dónde estaban los representantes de los gremios y colegios profesionales? ¿Y los de las iglesias? ¿Y las universidades? ¿Y las organizaciones empresariales? ¿Dónde estaba, en fin, el resto de la sociedad?
Una red de pastores protestantes pidió su propia cuota formalmente. La querían proporcional a los fieles con que, según las mediciones existentes, cuentan sus iglesias: 20% del país, pues 20% de la asamblea. Su petición ni siquiera fue considerada. Se dirá que sobre los indígenas pesa una larga historia de tratos discriminatorios, injustos o agraviantes. Y puede que sea cierto, al menos durante algunas etapas de la historia de Chile. Sin embargo, el protestantismo fue perseguido incluso legalmente durante siglos. Hay, sin duda, razones para que ellos se sientan un grupo perjudicado por las instituciones chilenas. Y lo mismo cabría decir de los migrantes, las personas con malformaciones físicas, los judíos, los tartamudos, los homosexuales, los gangosos, los alcohólicos, los drogadictos, los impotentes, las prostitutas, etcétera, etcétera, otro etcétera, y, tras esos etcéteras, más claramente que todos los anteriores, los pobres, los más obvios perjudicados de la historia.
Si nos interesaba corregir la democracia liberal con los criterios del viejo corporativismo medieval, incluso si sólo hubiera sido para sobrerrepresentar a los marginados, había un trabajo muy fino que hacer. Abrir esa puerta sólo con criterios raciales, omitiendo a tantos subgrupos de la población que han tenido la desdicha de quedar en la cara desfavorable de las desigualdades sociales, creo que fue recibido por la ciudadanía como una arbitrariedad. Peor: una arbitrariedad sólo atribuible al lobby exitoso y a la proximidad de ciertos dirigentes indigenistas con las cúpulas de algunos partidos políticos. Es decir, por su acceso privilegiado a las ventanillas del poder. Muy mala señal para mucha gente hastiada de los privilegios, incluso cuando ellos se dirigen a grupos que suelen estar subrepresentados en los espacios de influencia.
Algunos convencionales han intentado explicarse el rechazo al indigenismo atribuyendo racismo, pero parece ser una lectura muy superficial de los sentimientos involucrados. La tesis que se ha opuesto al indigenismo es que todos somos chilenos, es decir, todos somos iguales. No es esta una tesis racista, sino la idea moderna por excelencia ante la política: igualdad formal ante la ley. La CC no la incorporó en su conformación, subestimando cuán fácilmente echa raíces la igualdad ante la ley en un país que, como Chile, es extraordinariamente homogéneo en su composición étnica. A diferencia de Perú, Bolivia o Ecuador, donde el mestizaje fue bajo y por lo tanto la población indígena y blanca siguen separadas, Chile es un país rabiosamente mestizo. Como dice Carlos Fuentes de México, lo único puro es la mezcla. Hay apellidos mapuches a la cabeza de ministerios y partidos políticos, y los apellidos españoles dominan en los barrios más pobres. No hay, casi, población blanca, en el sentido europeo (global) del término. Por supuesto que persisten expresiones laterales de racismo en todos lados, pero este suele dirigirse a los países vecinos antes que a nuestra propia base étnica amerindia. En este contexto, la incorporación preferencial de representantes indígenas tuvo desde el comienzo un aspecto algo artificial, especialmente cuando las fotos de civil de la señora Loncón —la representante indígena por excelencia— la muestran como una chilena más, de clase media alta, con un doctorado en Europa y que hace ver su atuendo ceremonial mapuche como una mascarada o un engaño.
Como fuera, insensibles a la escasa empatía que el indigenismo radical despierta entre los chilenos, la CC plasmó en el texto constitucional la que es probablemente la más decisiva de sus torpezas: una plurinacionalidad que rompe el reconocimiento unitario a la nación chilena; otorga a los pueblos indígenas propiedad colectiva sobre territorios aún indeterminados (y, para sembrar aún más intranquilidad en la población, no garantiza que una persona expropiada vaya a recibir el precio comercial de su propiedad, sino un “precio justo” a ser determinado por vías y personas aún desconocidas); les permite crear sistemas paralelos de justicia en igualdad de plano con la justicia ordinaria (es probable que los empresarios y trabajadores forestales tampoco estén tranquilos sabiendo que un tribunal indígena presidido por un lonco puede juzgarlos en conformidad con leyes, procesos y criterios propios); les otorga a las asociaciones indígenas más escaños reservados en todos los espacios de poder imaginables y por imaginar; y les obsequia, por si todo lo anterior fuera poco, poder de veto sobre cualquier decisión que les afecte, expresión que, convenientemente, tampoco está delimitada y tiene, por ende, un potencial aún infinito. Difícil para mucha gente aprobar eso, aun queriendo.
Aunque parezca que sí, mi intención en estas páginas no es juzgar ni criticar el texto constitucional propuesto por la CC. Lo que me propuse, más sencillamente, es entender por qué su popularidad se desplomó, al punto que el propio gobierno, que en el comienzo ató su destino y el de su programa a la aprobación del documento, ahora parece estar operando con el supuesto de que el texto será rechazado, como todas las encuestas señalan. Si tuviera que resumir todo lo dicho, es que tanto el texto como sus firmantes transmiten inseguridad, incertidumbre, inquietud y hasta miedo, en un contexto nacional en que la primera aspiración humana, según todas las mediciones, es la seguridad. Chile tiene un anhelo constitucional. Quiere un documento nuevo y bueno. Los convencionales, a mi humilde parecer, no lo entendieron. Si, como parece que sucederá, gana el Rechazo, estas pistas podrían serles útiles a quienes tengan en sus manos la elaboración del próximo documento. Con respecto a los constituyentes actuales, se les podría reprochar su fracaso en el globalizado lenguaje de memes que predomina en la sociedad actual: you had one job. Pudieron haberlo hecho mucho mejor.
*Eduardo Galaz es investigador del Centro Signos, Universidad de los Andes.