Cuando la oposición anuncia, en bloque, que rechazará la idea de legislar la Ley de Reconstrucción Nacional, desde el Socialismo Democrático al Frente Amplio, pasando por el PPD, el PC y la DC, antes incluso de discutir el articulado, algo se ha torcido. «Nos cansamos de dialogar», declaró el timonel de la DC. Tienen el derecho y el deber de fiscalizar, y reparos de fondo que merecen escucharse. Pero oponerse bien es sumar y no restar; es mejorar la ley que se rechaza, no clausurar la conversación de antemano. Pesa, además, una responsabilidad particular: quienes hoy se oponen gobernaron hace apenas unos meses y saben, mejor que nadie, lo que cuesta gobernar. Esa experiencia debería volverlos una oposición más lúcida, no una más obstructiva. La oposición también es una forma de gobernar el país; quien la ejerce administra, con su conducta, el bien común tanto como quien ocupa La Moneda.
Lo más difícil de explicar no está en el frente opositor, sino en la propia casa. El fuego amigo traiciona desde dentro: el correligionario que condiciona su voto a un cupo abandona el propósito que decía compartir. El caso del senador Alejandro Kusanovic es ilustrativo hasta la incomodidad. Su voto, clave para aprobar la idea de legislar, quedó en suspenso no por un reparo sobre el proyecto, sino porque, según ha trascendido, el gobierno no le habría cumplido un nombramiento acordado. «Si no median disculpas, explicaciones y compensaciones para Magallanes, el Gobierno no contará con mi voto», advirtió. Una ley que el propio oficialismo considera el corazón de su programa quedaría así supeditada a un cupo, y una región entera convertida en moneda de cambio. No es un episodio aislado, sino la punta de un hábito: el cargo como botín, el nombramiento como deuda, la lealtad como mercancía.
Conviene decir, en honor a la verdad, que no todo lo difícil es herencia. Un día amaneces y la vida que conocías se acaba; lo mismo le ocurre a quien gobierna, que ha deseado darlo todo por su país y, de pronto, un terremoto, una pandemia, un “octubrismo”, un Rechazo o una guerra altera sus planes. Existen problemas que, si bien se conocían de antemano, como la estrechez fiscal y los incumplimientos en esa materia, sobre todo, sólo se miden con profundidad al asumir, cuando la realidad reemplaza a los planes. Y existen, también, errores propios.
El primer cambio de gabinete de este gobierno tocó dos carteras clave, Seguridad y la vocería, es decir la capacidad de comunicar lo que se avanza, y fue el reconocimiento implícito de que algo no había funcionado. La falla comunicacional quedó a la vista en la propia Ley de Reconstrucción: un proyecto pensado para el crecimiento y el empleo terminó marcado por la consigna opositora de «la ley de los súper ricos», que se instaló en el relato público antes de que el relato propio lograra abrirse paso. Quien no alcanza a contar lo que hace deja que otros lo cuenten por él. Pero detectar un error y corregirlo de inmediato no es debilidad: es valentía y responsabilidad. Lo verdaderamente preocupante no es equivocarse, sino aferrarse al error por orgullo. Y aquí está el punto que iguala a todos: gobierno y oposición pueden enmendar sus errores, y deberían hacerlo. Gobernar bien empieza por distinguir lo que se hereda, lo que se descubre y lo que uno mismo equivoca.
La primera prueba de un gobierno es la elección de quienes lo acompañan. La inexperiencia no se suple con entusiasmo ni con lealtad de campaña: se suple con gente que sabe. Poner a los mejores no es un lujo, es una obligación, sobre todo donde está en juego la vida de la gente. En seguridad, por ejemplo, existe experiencia disponible, como la de tantos ex PDI y especialistas en los distintos tipos de delito, y no habría que negarse a convocarla. Lo contrario, repartir cargos como quien reparte botín, es la raíz del fuego amigo: el cupo desplaza a la competencia, y la competencia es lo único que termina resolviendo los problemas que a todos preocupan.
Y aquí hace falta una conciencia que gobierno y oposición deberían compartir sin matices: enfrentar a los carteles del narcotráfico y al crimen organizado no es una pugna política más. Es un enemigo enorme, poderoso y dispuesto a todo, y si el Estado falla, ganan ellos. Combatirlo exige inteligencia, recursos y una decisión sostenida en el tiempo, capaz de quitarle territorio, cortarle el financiamiento y arrebatarle el control que ejerce sobre comunidades enteras. Eso no se logra desde una trinchera ni desde la otra, sino con un trabajo mancomunado de gobierno, oposición y la clase política entera. Frente a un adversario así, dividirse no es sólo mezquino: es regalarle la victoria.
Existe, además, una vanidad que delata el fondo del asunto: el escaso minuto de fama. El diputado que sentencia que esta «es una mala ley para Chile», la senadora que se proclama «firme y en bloque», buscan a veces menos persuadir que figurar. El gesto altisonante rinde en cámara y se evapora al día siguiente. Pero el exceso te condena: quien vive del titular queda preso del titular, y confunde el ruido con la huella. La política como espectáculo es lo contrario de la política como servicio, porque la primera necesita un adversario que humillar y la segunda, un problema que resolver. Y el espectáculo es adictivo: una vez probado el aplauso inmediato, el trabajo callado de gobernar o de oponerse con seriedad parece, de pronto, demasiado austero.
Aquí está lo que de veras cuesta entender. Casi todos quienes hoy obstruyen han gobernado, y casi todos quienes hoy gobiernan han sido oposición. Han recibido y entregado el poder por turnos, como en una posta. Conocen, por experiencia propia, lo que es heredar un Estado con problemas y lo que es fiscalizar desde la vereda del frente. ¿Cómo es posible que reincidan en los comportamientos que en su momento padecieron? La respuesta no es técnica ni jurídica: es ética. El poder, en una República, no se posee: se ejerce en nombre de otros y por un tiempo. Es un mandato, no un patrimonio. Quien lo confunde con una propiedad, un cargo que cobrar, un cupo que exigir, un adversario que aniquilar, traiciona el sentido mismo de la representación, que consiste en actuar por aquellos que no están en la sala de negociación, pero cuya vida depende de lo que en ella se decida. Cuando se llama a la otra parte a «recapacitar», se olvida que esa exigencia es de doble vía: recapacitar deberían todos, gobierno y oposición, por responsabilidad hacia quienes pagan siempre la cuenta cuando la política confunde la posta con la trinchera.
El liderazgo que se echa de menos no es el del que grita más fuerte, sino el del que tiene un proyecto país y no solo de votantes. Gobernar bien obliga a mirar más allá del propio período: a sembrar reformas cuyos frutos no se recogerán en cuatro años, porque los cambios de fondo maduran despacio y casi nunca alcanzan a germinar dentro del mandato de quien los inicia. Quien sólo administra el presente, en cambio, hipoteca el futuro. Esa mirada larga exige convicción, un compromiso fuerte aun sabiendo que el progreso no avanza en línea recta, y exige sobre todo que ese compromiso no sea mercenario: que no se pregunte qué se recibe a cambio. Hannah Arendt lo entendió como nadie: el poder no es una posesión que se guarda, sino algo que nace cuando los hombres actúan juntos y se desvanece en cuanto se dispersan. No pertenece a quien lo ejerce; existe sólo mientras sirve a un propósito común. Tampoco hay liderazgo en quien es incapaz de hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Predicar optimismo a quien la está pasando mal no es liderar: es no escuchar. Y un país que no se siente escuchado termina por no escuchar a nadie.
Por eso el problema es, en el fondo, moral. Cuando el éxito, ganar la votación, conservar el cargo, asegurar el cupo, arrancar el aplauso, se vuelve el único horizonte, la excelencia desaparece. Y el éxito es siempre pasajero: la próxima encuesta, la próxima elección lo borran. La excelencia, en cambio, es lo que queda. Deberíamos huir del éxito y perseguir la excelencia, porque el rearme moral de una sociedad no vendrá del próximo triunfo ni del próximo cargo repartido, sino de recuperar la idea, hoy casi extravagante, de que se llega a la política por el país y no por uno mismo.
