Es bien patético observar cómo la manía por la inclusión, gracias a nefastas políticas públicas, se ha traducido sistemáticamente en mayor exclusión. Quedó en evidencia con los resultados de la nueva prueba de admisión a la educación superior. De los 100 mejores, sólo tres fueron colegios públicos y 37 de ellos se ubican en tres comunas del sector oriente de Santiago.
Se usó un nuevo instrumento, la PAES (Prueba de Admisión a la Educación Superior), que incorporó todas las correcciones posibles para acortar la brecha por motivos socioeconómicos, como medir habilidades en vez de conocimientos. El resultado es que la diferencia fue mayor que nunca.
El Presidente Boric, en vez de hacerse cargo de las consecuencias, se contentó con invitar a La Moneda no solo a los más altos puntajes nacionales, sino que la mitad de los que distinguió la cuoteó en función al género, regiones, provenir de establecimientos público o liceos técnico profesionales, o tratarse de jóvenes indígenas o con discapacidad.
¿Arregla tanto afán inclusivo que la educación pública sigue deteriorándose a pesar de la millonaria inyección de recursos? A la ultraizquierda ya no le basta con culpar a “los 30 años”, sino que ahora responsabilizan por los malos resultados al modelo mercantil de la dictadura, lo que claramente no explica por qué el Instituto Nacional cayó del lugar 9 en 2005 y del puesto 143, en 2022, al 201 este año, lo que se repitió con otros liceos ex emblemáticos.
Es que estos establecimientos públicos, que fueron ejemplo de la excelencia, también fueron víctimas de la Ley de Inclusión de 2015. La norma eliminó el mérito porque la izquierda consideró que sus buenos resultados se explicaban más por el descreme académico que por el esfuerzo. Lo cierto es que los rectores de la mayoría de estos liceos, que hoy viven entre paros y molotov, señalan que su decadencia comenzó con esa ley, que hizo sucumbir la excelencia en manos del activismo anarco y la violencia.
Pero esta semana hemos visto otras víctimas de esta ley: los padres y apoderados que están dispuestos a acampar y hacer filas por días con la esperanza que corran las listas en el colegio de su preferencia. Así pueden burlar el ultimátum del Sistema de Admisión Escolar (SAE), que desde 2019 convirtió en tómbola el ingreso a todos los colegios con subvención estatal. Nada de digno, pero la ley de Inclusión era “fin al lucro, la selección y educación de calidad”.
Se terminó con la selección (que reconocía el mérito, el compromiso de los padres, la diversidad de proyectos) y también con el lucro de los sostenedores, deteniendo en paralelo las inversiones en los colegios particulares subvencionados. Hoy el 90% de los establecimientos son gratuitos, pero de mejorar la calidad, ¡nada!
En vez de evaluar los malos resultados de sus instrumentos, la izquierda refundacional insiste en sus malas políticas. El Gobierno trató este año de suspender el Simce (aunque su afán es eliminarlo porque al reflejar la realidad, considera que estigmatiza) y aprobó una ley miscelánea que volvió a chutear la evaluación docente, retrasó los traspasos de las escuelas municipales a los Servicios Locales de Educación (que ha resultado un nudo ciego) y aumentó las vacaciones de invierno de los profesores.
Gracias a otra ley, hoy todos los docentes y asistentes de la educación, tienen once semanas de vacaciones. El primero de enero se evaporan de los colegios no solo los profesores, sino que también los del aseo y los administrativos.
La inclusión cumplió asimismo su promesa de gratuidad universitaria. Solo que, tal como se advirtió, los planteles están desfinanciados y se instaló el besamanos como método para obtener discrecionalmente recursos del Estado, donde las estatales del Cuech reciben más que las tradicionales del G9 y las privadas no reciben ni las migajas. A pesar de la promesa de universalizar esta política inclusiva, el Mineduc le ha negado arbitrariamente el ingreso a dos universidades privadas que cumplen con los requisitos.
Mientras, las autoridades rascan donde no pica. Se desconoce un plan serio para revertir la tragedia que produjo la pandemia sobre los estudiantes, 50 mil de los cuales no volvieron a clases el año pasado. Chile fue el país de la OCDE con colegios cerrados por más días, 259, pero uno de los primeros también en el mundo. Y la situación, como siempre, fue más gravosa en las escuelas públicas, donde el gremio docente triunfó con su negativa a reabrir las escuelas. En 2025, el déficit de profesores se elevará a los 26 mil y los padres siguen moviendo a sus hijos desde los municipales a los particulares subvencionados. Nada detiene la caída.
Salvo que pretenda eliminar definitivamente la educación privada, ya es hora que la izquierda entienda que con sus mal llamadas políticas de inclusión sólo logra la exclusión de los más vulnerables y agravar la brecha en educación.
*Pilar Molina es periodista
