Sin duda el tema de las pensiones desata muchas pasiones, y en algunos casos conduce a ciertos políticos al paroxismo ideológico. ¿Por qué tanta ideología por un tema que figura en las encuestas de percepción de problemas ciudadanos, más bien en los lugares del medio de las preferencias? Porque los políticos jerarquizan las soluciones a los problemas de la población priorizando la mantención o incremento del poder. Esto es, si la solución a un problema social pasa por aumentar la discrecionalidad política, estos serán más vehementes en proponer soluciones. La propuesta de este gobierno respecto de las pensiones es un buen ejemplo de lo anterior, esto es, atacan un problema importante, pero con la herramienta equivocada, pero que, de resultar, les otorgará más poder para comprar voluntades.
El problema de las pensiones en Chile es de larga data, y se reduce a la escasa capacidad de ahorro de los trabajadores chilenos, tanto porque el mercado laboral es débil y porque los políticos han sido lentos para legislar, pues las soluciones reales y efectivas son impopulares. La propuesta de reforma de pensiones del Gobierno ataca una parte del problema, al aumentar la cotización desde un 10% hasta un 16% del salario, pero abre flancos relevantes, como las capacidades y prescindencia política del IPPA (Inversor de Pensiones Público y Autónomo), el impacto de las cuentas nocionales y la captura política de la parte del ahorro de los trabajadores.
Aumentar de 10% a 16% el monto a ahorrar para la vejez es un paso importantísimo. Sin embargo, la diferencia de a dónde va a parar ese 6% de contribución adicional es fundamental para saber cómo beneficia al trabajador. La propuesta del Gobierno es que todo lo adicional vaya a una cuenta común, no heredable y cuya rentabilidad es desconocida y no fijada ni regulada por el mercado. Esto contraviene abiertamente las actuales aspiraciones de la ciudadanía, donde, según la última encuesta CADEM, un 61% quiere que el producto de su esfuerzo vaya a su cuenta personal, y sólo un 8% quiere a un fondo solidario.
El Estado administrando recursos financieros en forma eficiente es una falacia. Por supuesto que la promesa de invertir los fondos de los trabajadores en proyectos de alta rentabilidad social hace salivar a muchos políticos, pero el problema es que la rentabilidad financiera será desconocida, con lo cual a lo largo de los años la cuenta nocional será sólo una ilusión. En el extremo, si se quisieran hacer retiros, como los efectuados en pandemia, los recursos no existirían porque fueron gastados en “justicia social” o están en proyectos ilíquidos de dudosa recuperabilidad.
No sé si el Presidente está consciente de las fallas de su reforma, y de los efectos nocivos que esta generará en el mercado del trabajo, mercado de capitales y en la corruptela política que generará la repartición de los ahorros en justicia social. Tal como han sostenido algunos políticos respecto de que poco importan los efectos porque quienes pagan en esta ocasión son las empresas, eso es una falacia más de nuestros representantes. Las empresas ajustarán los salarios a la productividad del trabajador, así es que serán ellos los que finalmente paguen.
Sin embargo, si el IPPA, fuese verdaderamente autónomo del poder político, lo cual requeriría una estructura legal y administrativa tipo Banco Central, si las cuentas dejan de ser nocionales y son además heredables, y si dejan en libertad al trabajador para decidir quién administre sus ahorros previsionales, es decir un IPP (Inversor Privado de Pensiones), ya sea un banco, AFP, Compañía de Seguros u otros, entonces la reforma podría tener éxito y significar un gran avance para los trabajadores chilenos. Quedaría por definir que parte del 6% adicional de ahorro iría a reparto.
Una buena parte de los políticos chilenos no han estado a la altura de lo que la gente necesita, de ahí el bajísimo nivel de aprobación ciudadana. Por otra parte, el Gobierno debe dejar de lado sus banderas ideológicas y comprender lo que la gente pide. Los trabajadores quieren ser dueños de sus ahorros y eso también fue parte de la discusión en la Convención y los chilenos dijeron fuerte y claro que quieren ser sus propietarios. Entonces, si la clase política no es parte de la solución, entonces es parte del problema. Ojalá que, por el bien de Chile, en la tramitación de la tan necesitada reforma previsional, estén a la altura de lo que la gente necesita. No tengo muchas esperanzas en los políticos oficialistas, y espero que la oposición se la juegue por los trabajadores.
*Manuel Bengolea es estadístico de la PUC y MBA de Columbia.