Otro ministerio para Chile

Esta primera semana de diciembre se ha aprobado la creación de una nueva repartición pública: el Ministerio de Seguridad. Una repartición más. Con ello, Chile llega a tener ¡25 ministerios! Una cifra, sin duda, difícil de explicar.

El gobierno ha celebrado el acontecimiento, y tiene razones para ello. En primer lugar, porque se trata de un éxito político. Además, gran parte de la oposición aprobó el proyecto (quizá en parte porque la propuesta había nacido en el gobierno del presidente Sebastián Piñera). Ambos han actuado en consecuencia: en el último cuarto de siglo, con gobiernos de la Concertación, de la centroderecha y de las izquierdas, el Estado ha crecido de manera notoria, sea por nuevas instituciones, por más funcionarios o por aumento de presupuesto (también por la suma de esos distintos factores). Seguramente es el Estado más grande que ha existido en toda la historia de Chile, de acuerdo con esos criterios.

Es difícil, en cambio, constatar un mejoramiento real de las condiciones de salud de la población (aunque el incremento de recursos resulta impresionante) y la calidad de la educación (con Servicios Locales de Educación Pública instalados en algunos lados y con el Estado financiando una cada vez mayor proporción del gasto en los distintos niveles de enseñanza). Por otra parte, han aumentado considerablemente los asesinatos y otros delitos, para incluir el tema de mayor preocupación ciudadana. Desde el 2010 en adelante, los impuestos han crecido con apoyos parlamentarios de los respectivos gobiernos y la oposición de turno, en tanto el crecimiento económico está dormido, alicaído y casi olvidado, o solo aparece como un eslogan o un recurso retórico. La relación entre todo lo anterior es clara: la paralización o ralentización del progreso económico tiene consecuencias muy malas, para la vida de los chilenos y para los ingresos del Estado. 

La creación del nuevo Ministerio de Seguridad muestra, al menos, tres problemas generales. Uno es de carácter conceptual: desde hace muchos años la clase política estima que es necesario crear más instituciones estatales, aumentar el gasto público y multiplicar la burocracia, como un factor que contribuiría en áreas tan diversas como la cultura, la ciencia y el deporte. Es difícil saber cuándo terminará la vorágine de creatividad institucional, pues el camino en contra de la burocratización de los problemas exige no solo convicciones, sino también liderazgo y mayorías, los que han sobrado para hacer crecer el Estado.

Un segundo tema es la proporcionalidad entre las instituciones creadas y los objetivos sociales planteados. Esto vale para algunos de los últimos ministerios: de Ciencia, de Cultura o de Deportes. ¿Cuál fue el fundamento de la decisión de crear estas reparticiones? ¿Cómo podemos medir su éxito o fracaso a la fecha? ¿Qué países que han disminuido la delincuencia han creado un Ministerio de Seguridad? ¿En qué medida ello habría contribuido al objetivo de la paz social? ¿Cuánto se demoraron esas naciones y cómo lo hicieron ? Sería bueno saberlo.

Finalmente, es evidente que el problema de fondo no cambia, si el nuevo Ministerio de Seguridad no logra poner objetivos claros y medibles. Es preciso saber de antemano cuánto disminuirá la delincuencia, si habrá edificación de cárceles y qué características tendrán, si existirá un mayor respaldo a carabineros, si existirá una defensa asegurada de las víctimas o si serán cobradas las responsabilidades políticas por la eventual tardanza de los resultados o el fracaso de la renovada institucionalidad.

Hacer crecer al Estado, cada vez más y más, no tiene sentido. Hay cosas que no son ideológicas, sino de carácter práctico. Es posible que sea necesario, efectivamente, tener un Ministerio de Seguridad: el problema no está ahí. Lo crucial sería que el Estado y, por cierto, los parlamentarios, tengan la determinación clara de no crear una nueva institución sin haber suprimido paralelamente dos o tres. En otras palabras, la decisión no debe ser aumentar el tamaño del Estado, lo que parece un verdadero compromiso ideológico de los distintos partidos y sus representantes, sino dar vida a un Estado mejor, más sólido, capaz de ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida y a permitir desarrollar sus proyectos en condiciones de libertad, prosperidad y seguridad.

Por cierto, la creación de ministerios, históricamente, muchas veces ha respondido a cambios relevantes en la sociedad chilena. Por ejemplo, en 1887 se creó el Ministerio de Industria y Obras Públicas, en un momento en que Chile disponía de más dinero producto de las riquezas salitreras, y el presidente José Manuel Balmaceda procuraba que los nuevos recursos fueran utilizados en obras reproductivas y no se despilfarraran. En el siglo XX la creación de ministerios como el de Educación o Salud (de Salubridad Pública en su momento) y más tarde de vivienda, respondieron a nuevas necesidades sociales y concepciones sobre el Estado, con una intervención creciente y más compleja en aquellas áreas. No obstante, en las últimas décadas parece que la creación de nuevas reparticiones ha respondido más bien a presiones de grupos, a falta de creatividad e incapacidad para proponer alternativas, así como al compromiso ideológico de hacer crecer el Estado.

Las decisiones y las acciones tienen consecuencias. El gasto estatal se acrecienta año a año y hay muy poca voluntad presidencial y parlamentaria para favorecer la austeridad y el buen gasto e inversión. Así quedó demostrado en la negociación sobre el presupuesto para el 2025. El problema de los ingresos parece preocupar muy poco: aunque no se cumplan las promesas o declaraciones de campaña (el candidato Gabriel Boric esperaba un crecimiento económico en torno al 3,5% anual para su administración), el gasto sigue aumentando en forma desproporcionada. Algo similar ha ocurrido en las últimas dos décadas, salvo alguna excepción por ahí. Paralelamente, ha concluido la negociación entre el Ejecutivo y los gremios representantes del sector público: el acuerdo incluye un incremento de los salarios del 4,8% (escalonado) para el 2025. Esto implicaría un gasto adicional de unos 2 mil millones de dólares para el próximo año (“¿Más presión para las arcas fiscales? Estiman que costo de reajuste del sector público superaría los U$2.000 millones”, El Mercurio, Economía y Negocios, 7 de diciembre de 2024).

Mantener un Estado oneroso y grande, así como seguir subiendo los impuestos, debe tener un límite. Seguramente los gobiernos y parlamentarios tienen cierta conciencia de que no habrá mayores reacciones en la ciudadanía por el aumento de los impuestos y por el alza en el costo de la vida: de otra manera no se explica la pasividad de los contribuyentes, que deben financiar el gasto estatal creciente. Sin embargo, es probable que Chile todavía deba seguir viviendo algunos años en la mediocridad de la falta de ideas, del bajo o nulo progreso económico y del aumento de impuestos y tamaño del Estado. Pero ello no es eterno.

Seguramente llegará el día –en dos, cinco o diez años– en que habrá el liderazgo y las ideas para revertir la escalada estatista, para recuperar las energías dormidas y emprender el cambio de rumbo, tan necesario para Chile y su gente, en la actualidad y para las futuras generaciones.