Cuando comenzó la destrucción de las estaciones del Metro aquel viernes 18 de octubre de 2019, no resultaba claro qué ocurriría en los días y semanas siguientes. En un principio todo indicaba que el gran problema y demanda nacional era de carácter social: mejores pensiones, educación y salud eran temas destacados, entre muchos otros que afectaban a Chile.
Por cierto, el país creció de manera notable durante un par de décadas, pero luego se produjo una detención en la dinámica del progreso y, con ello, también una pérdida de capacidad para enfrentar los problemas sociales. A esto se sumaban las expectativas crecientes y muchas veces frustradas de parte de la población, la percepción de desigualdad y un factor subjetivo crítico hacia el orden social y económico del país. La crisis fue gatillada por el alza de $30 en el transporte público y no cabe duda que también influyó de manera decisiva la existencia de un gobierno de centroderecha, que generaba odiosidad de algunos sectores más extremos de izquierda que incluso bregaron por su término anticipado.
La reacción del Ejecutivo frente al 18 de octubre fue aumentar sustancialmente el gasto social y eliminar el alza de $30, pero no resultó suficiente: Chile había “cambiado” y las protestas aumentaron, propiciando transformaciones mayores. Entre estados de excepción y movilizaciones, drásticamente cambiaron las prioridades y la opinión pública.
Uno de los temas que emergieron -que tenía algunos antecedentes- fue la demanda por una nueva constitución, que emergió cada vez con más fuerza en la calle, en sectores de izquierda y luego en personeros de gobierno. A ello se sumó progresivamente el apoyo de la ciudadanía, como manifestaron diversas encuestas, que registraban que una mayoría de chilenos consideraba que el cambio de la carta fundamental era uno de los tres problemas más importantes de Chile y que era necesario acometer esa tarea. Por cierto, también fue decisiva esa situación de violencia y caos que se apoderó del país, mezclada adecuadamente con los temores y anhelos de la clase política. Dos sucesos definieron el camino.
El primero fue la jornada del 12 de noviembre, la más violenta desde el 18 de octubre, que llevó a los grupos de la oposición -desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista- a decir que en Chile se había iniciado de hecho un proceso constituyente: “Es un hecho que la única posibilidad de abrir un camino para salir de la crisis pasa por una nueva Constitución”, precisaba una de las declaraciones más nítidas sobre la demanda opositora. El segundo se produjo el 15 de noviembre, cuando se firmó el “Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución”. La revolución pasaba a ser constituyente.
El proceso global se extendió por cuatro años, intensos y contradictorios, desde el Acuerdo hasta el segundo plebiscito de salida. En ese tiempo hubo dos fórmulas para cambiar la carta fundamental: el primero a cargo de la Convención Constitucional y el segundo llevado a cabo por un Consejo Constitucional, elegido tras el trabajo de un llamado “Comité de expertos”. Había claras diferencias entre los dos momentos: el primero estuvo muy marcado por la épica del cambio y el peso de la calle, y la Convención se caracterizó por su carácter refundacional, con numerosos excesos reconocidos con posterioridad. El segundo nació con un claro temor a “la calle”, y un intento de controlar el proceso desde el primer día, como mostró la formación del “Comité de expertos”, organizado por los partidos de acuerdo con su representación en el Congreso.
No había necesidad de llevar a cabo dos intentos constituyentes, considerando la clara manifestación ciudadana del 4 de septiembre de 2022. No obstante, en una mezcla de ilusión y obsesión, el gobierno del Presidente Gabriel Boric y las directivas de Chile Vamos acordaron seguir adelante con un segundo proceso, que también fracasó, ratificando popularmente la Constitución vigente. Lo que podría ser el objetivo fundamental -una nueva Constitución- y un medio clave para superar la crisis, terminó por difuminarse, en un ambiente de apatía y desgaste en la población. La revolución constituyente fue derrotada en su fase uno, así como la fase dos también tuvo un resultado adverso.
Histórica y políticamente podemos preguntarnos por la insistencia en el camino constituyente, así como es necesario intentar comprender las razones del fracaso y sus consecuencias. ¿Fueron solamente años perdidos? ¿Cómo está Chile en los problemas sociales que afectaban a la población? ¿Cuáles son los logros de la revolución constituyente? ¿Qué sentido tuvo la violencia y la tolerancia o justificación de ella? Por último, ¿cómo debemos evaluar al sector dirigente (gobierno, Congreso Nacional y partidos políticos)? Muchos de estos temas han sido tratados por libros, documentales, artículos y entrevistas. Está pendiente una historia “completa” de la revolución constituyente. Sin perjuicio de ello, es preciso ordenar las ideas, definir la prioridades y trabajar intensamente.
El camino a seguir parte con un problema de base: Chile está igual o peor que tras el 18 de octubre de 2019, en buena medida producto de la revolución. El tema es particularmente grave en el ámbito social, marcado por la violencia de la delincuencia y el crimen organizado, así como por la evidente incapacidad de abordar muchos problemas sociales, con la perspectiva de dar mejores condiciones de vida a la población. Los desafíos son numerosos y de lenta reacción para enfrentarlos: más de medio millón de “ninis” (jóvenes que no estudian ni trabajan); crecimiento del abandono escolar; más de cien mil familias viviendo en campamentos; millones de personas en listas de espera para los hospitales; aumento del trabajo informal; menor acceso a la vivienda propia; la escalada de asesinatos (han llegado a más de 1.300 al año) y tantos otros temas sociales que muestran más regresión que progreso.
Con todo, no han sido años perdidos, sino que podrían ser tanto una experiencia espiritual -dura, agotadora y excesiva- como un aprendizaje histórico. No es posible adivinar el futuro, pero es previsible que los caminos más moderados y graduales deberían ser más atractivos o tener más apoyo que las revoluciones líricas, violentas e iconoclastas.
En cualquier caso, eso no se obtendrá de manera fácil. El Estado y el gobierno deben ser efectivos, tener logros en todos esos aspectos y la calidad de vida debe mejorar. La democracia debe no sólo legitimarse, sino tener éxitos visibles. De lo contrario, un nuevo fracaso -ahora de los gobiernos y el sector dirigente en general- podría conducir a problemas mayores, por su extensión y gravedad. Esa torpeza e indolencia serían graves, lapidarias y conducirían a un nuevo fracaso histórico.
«Chile tiene ahora en el Gobierno una nueva fuerza política, cuya función social es dar respaldo a las grandes mayorías. A este cambio en la estructura de poder corresponde, necesariamente, una profunda transformación en el orden socioeconómico que el Parlamento está llamado a institucionalizar. De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la hora presente. Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que al legalismo capitalista suceda la legalidad socialista. Para hacerlo posible, es prioritaria la propiedad social de los medios de producción fundamentales. Al mismo tiempo, es necesario adecuar las instituciones políticas a la nueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución por una Constitución de orientación socialista» (extracto del primer mensaje del presidente Allende al Congreso Pleno, el 21 de mayo de 1971).
El momento oportuno llegó con la “Revolución de Octubre de 2019”; como denomina el columnista a la asonada revolucionaria cuyo objetivo era derrocar a un gobernante elegido democráticamente.
Bien sabemos lo que ocurrió el 15 de noviembre de ese año, cuando legisladores de gobierno y oposición, junto a presidentes de partidos políticos, lograron consensuar el mecanismo mediante el cual se redactaría una nueva Carta Fundamental, el cual quedó plasmado en un ‘Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’ que sería «100% democrática».
El proceso constituyente que dio origen a la propuesta de nueva Constitución que fue rechazada en el plebiscito ratificatorio del 4 de septiembre de 2022 era ilegítimo porque adolecía de un vicio del consentimiento —lo que es causal de nulidad— ya que fue producto del chantaje de la violencia como lo reconoció el convencional constituyente Fernando Atria: «es innegable que la revuelta de octubre fue el inicio del proceso constituyente». Es decir, adolecía de una nulidad de origen, porque se inició «por las malas».
Una Constitución Política originada en el marco de una gravísima convulsión social y de una violencia incontrolada, que mantenía absolutamente alterado el orden público y que fue iniciada bajo una presión violenta —bajo una verdadera extorsión— habría sido absolutamente ilegítima y carente de toda validez (habría sido «la Constitución de los saqueos»).
No obstante la claridad del inciso final del artículo 142 de la Constitución reformada, que establecía «Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución» —lo que era obvio: mientras no se deroga la Constitución y no es reemplazada, sigue vigente la actual— las cúpulas de los partidos políticos (salvo el Republicano) habilitaron un nuevo proceso constituyente tras el «Acuerdo por Chile» suscrito el 12 de diciembre de 2022; proceso que era igualmente ilegítimo, porque era «fruto del mismo árbol envenenado».
Al respecto, cabe destacar que en el plebiscito ratificatorio, que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2022, una amplia mayoría ciudadana (62 %) se pronunció a favor del «Rechazo» al texto propuesto por la Convención; y que en el plebiscito de entrada votaron 5,8 millones de ciudadanos a favor del «Apruebo» y que en el plebiscito de salida 7,8 millones lo hicieron por el «Rechazo», una cantidad significativamente superior.
En rigor, el texto propuesto por la Convención no era una verdadera Carta Fundamental —que limita el ejercicio del poder del Estado, que reconoce derechos fundamentales y libertades esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que asegura la igualdad ante la ley— sino que era, prácticamente, el programa de gobierno del presidente Boric.
El disparatado texto de Carta Fundamental propuesto por la Convención buscaba refundar a Chile, como lo declaró explícitamente la presidente de la Convención, Elisa Loncón, durante la ceremonia de instalación el 4 de julio de 2021. En dicho texto se establecía la destrucción de la nación chilena —y su descomposición en múltiples «naciones»— y de la esencia de un régimen democrático; varias clases de ciudadanos diferenciados según sus «pueblos originarios»; diferentes sistemas de justicia; el descuajeringamiento del orden institucional; se propugnaba un estatismo y se favorecía el establecimiento de un régimen de gobierno totalitario; todo ello con delirios refundacionales y despreciando la «Constitución histórica» determinada por la realidad política de la nación chilena y los cinco siglos de existencia de Chile.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política