Entre el “lastre minero” y la cantidad de impuestos que aporta el sector, el debate político sobre una industria estratégica ha olvidado un asunto fundamental: las operaciones se encuentran en la macrozona norte, cercanas a la frontera, aisladas de la respuesta del Estado y en medio de importantes corredores del contrabando y el tráfico. Así, la cadena logística queda expuesta a riesgos que van mucho más allá de una faena sin accidentes.
En medio de este debate, Antofagasta fue sede de la Conferencia de Ciudades y Regiones Mineras de la OCDE donde, el Fiscal Regional, Juan Castro Beckios, relevó la importancia de la protección de la cadena de suministros minero – portuaria con un objetivo mayor: asegurar el comercio exterior de un recurso tan apetecido en un mundo que avanza rápidamente a la electromovilidad.
No se trata de llevar todo al plano de la seguridad, sin duda que la inversión en minería es lo central, sin embargo, dicha inversión debe darse en un entorno seguro donde, las empresas puedan enfocar sus estrategias en el crecimiento y la producción, pero, la realidad muestra que esas estrategias deben, necesariamente, incorporar una mirada que considere los riesgos para el negocio.
El Fiscal Castro Beckios fue enfático en su presentación, se refirió a receptación, fundición y exportación del metal robado como si fuera legal. Pero hay más, grupos criminales que circulan por la zona podrían amenazar a los trabajadores, las faenas pueden transformarse en zonas de acopio seguro y los puertos y medios de trasporte de carga se pueden ver afectados ya sea por violencia o sobornos.
En la región de Antofagasta, el paso La Negra está ubicado a alrededor de dos horas de importantes faenas mineras. Por ese paso, circulan desde el sur, los autos robados que tienen como destinos mercados extranjeros como Bolivia o incluso Venezuela y, desde el norte la droga que se desplaza hacia el centro del país para satisfacer demanda interna o exportarse a otros mercados.
No existe en ese paso un control integrado entre fiscalía, carabineros, policía de investigaciones, aduana y servicio de impuestos internos. Sólo cuenta con una construcción que permite resguardar a los perros que registran vehículos y contar con oficinas para los carabineros que desarrollan sus labores de fiscalización.
En ese escenario, la gran minería chilena se inserta en un corredor marcado por economías ilícitas quienes, evitando los controles, recurren a caminos interiores que perfectamente pueden terminar dentro de uno de los activos estratégicos de la minería, exponiendo a la operación y sus trabajadores.
Entonces, reducir el debate sobre la minería a si se considera un “lastre” o no, es olvidar una función esencial del Estado que no sólo debe mejorar el bienestar de los ciudadanos, sino que, asegurar a una industria estratégica que, en opinión de otro ministro, aportará un récord de impuestos este año.
La seguridad es un habilitante para el desarrollo y, si bien tiene que ver con ese aspecto policial evidente para todos, tiene que ver también con un compromiso con el futuro y no en cuanto a su población, si no que, en cuanto a las condiciones que permiten que las inversiones lleguen, se mantengan y generen el bienestar para la población.
Hay una exageración no fundada de dos frases sacadas de contexto. Que la minería fuese un lastre, fue una frase del ministro de hacienda para gráficar su aporte negativo al Imacec de estos últimos meses. En otras palabras su se hace abstracción de la minería, la economía está creciendo, ese era el sentido. El ministro de economía, que entiendo seria el «otro» dijo que la minería haría el mayor aporte por pago de impuestos. Ambas no son contradictorias, son de ámbitos diferentes. Uno es producción minera en miles de toneladas, lo otro son aportes financieros por pago de impuestos influidos por el muy alto precio del cobre.