Se avanza en el punto de menor resistencia

La evaluación ciudadana que tenga el gobierno de Kast no se va a relacionar principalmente con los proyectos de ley que apruebe. Mucho más va a depender de los resultados que se puedan verificar a simple vista, “en la calle”.

Es, por lo demás, lo que ha ocurrido siempre. Durante el gobierno de Gabriel Boric se aprobaron 63 proyectos de ley en materia de seguridad y otros quedaron sujetos a revisión constitucional. Ninguna otra administración había logrado tanto y, sin embargo, la evaluación de su desempeño en esta área fue mala.

Aprobar menos proyectos, pero pronto, es más significativo para la opinión pública, que muchos proyectos, pero tardíamente presentados. La percepción prima sobre las estadísticas y los adelantos institucionales requieren tiempo para implementarse y hacerse sentir.

Este gobierno no competirá con el anterior en cuanto a leyes aprobadas en materia de seguridad ni en número ni en contenido. Menos logrará resultados si se enreda en persistir en una reforma constitucional que no es indispensable y que tendría a estas alturas más efecto comunicacional que práctico. No hay que temer tampoco una especie de negativa cerrada por parte de la oposición en esta materia. La experiencia hasta el año pasado ha sido de cooperación parlamentaria transversal.

Si se avanzó más que en ningún otro momento desde el inicio de la transición en este rubro fue por la existencia de un acuerdo político entre líderes de los grandes bloques. Sin este punto de partida, escogido para responder a una prioridad nacional, nada se hubiera conseguido.

En la ocasión anterior se escogió una agenda prioritaria de común acuerdo entre las principales bancadas, bajo el liderazgo de la mesa del Senado y del ministerio del Interior, ambos de bandos políticos distintos.

En vez de partir por las iniciativas que despertaban mayor resistencia, se prefirió empezar por los proyectos que levantaban menor irritación y se fue avanzando con un monitoreo cruzado que fue superando obstáculos y simplificando la tramitación. La cooperación entre adversarios fue una constante.

El problema en seguridad este gobierno no lo tiene en el Parlamento, donde a lo más se puede complementar lo mucho que ya se tiene aprobado, sino en la gestión.

Hacer funcionar lo que se tiene

Nadie duda hoy que el Ejecutivo cuenta con mayores herramientas para desplegar una mejor labor en seguridad, pero eso es solo el primer paso. Lo que es potencialmente cierto tiene que ser conseguido en la práctica y eso no solo tiene que demostrarse en las estadísticas de criminalidad. Bien lo sabe el ministro Martín Arrau quien encabeza una cartera que, sin acuerdo político, no hubiera existido.

Disponiendo de tantos instrumentos por estrenar, el gobierno no necesita del Parlamento para ser reconocido por una buena labor en seguridad. Lo que se espera es que se aplique a la tarea. Sin embargo, en cuanto a recuperar confianza y ganar en normalidad, no se observan avances significativos.

Por segunda semana consecutiva, los medios de comunicación incluyen notas impactantes sobre las amenazas de muerte al alcalde de San Bernardo, las medidas tomadas y la atención de las más diversas autoridades.

El problema es que la historia ha continuado igual de vigente después de que el edil cuenta con protección especial, medidas de resguardo y atención pública constante. Hay una especie de competencia por quién visita al alcalde primero, para que quede claro que se tiene sentido humanitario y otros alcaldes compiten por exhibir sus propias amenazas como medallas de guerra. En otras palabras, que el Estado te proteja impresiona bastante poco.

La sensación de inseguridad no puede sino crecer cuando el Ministerio Público revela que 22 alcaldes y 18 fiscales tienen medidas de protección por amenazas del crimen organizado. ¿En qué punto los casos especiales se vuelven algo cotidiano?

Este movimiento dedicado a las cámaras nos puede hacer olvidar que lo que importa más es lo que percibe la ciudadanía.

La lección que sacan todos los que puedan sentirse en peligro, pero que no alcancen a tener la protección de la publicidad se sienten más inseguros que antes. Todo ello con la activa participación de funcionarios del Estado.

Lo que se pierde es la visión del ciudadano común que, si se viera amenazado, sabe que no tendrá medidas que le sean útiles cuando la necesita. La opinión pública se ha acostumbrado a los hechos de violencia diarios sin que la rutina de los demás se vea alterada. Lo que se exhibe ante el ciudadano común es el tipo de protección con la que nunca contará, mientras la sensación de inseguridad no cede en absoluto.

Último llamado para embarcar

Lo que estamos descubriendo ahora es que cuando se deja de practicar la búsqueda de acuerdos nada queda igual, sino que se amplían las divisiones entre aliados. Los consensos se encuentran cuando se tienen claro los objetivos prioritarios y se sabe qué se puede entregar, porque resulta ser secundario.

El gobierno, sin embargo, muestra mucho menos claridad de objetivos después de la aprobación de la megarreforma, luego de lo cual parece haber quedado algo desorientado. El resultado es que ha sobrevenido un auténtico relajo, que se expresa en criticas pública cruzadas, que incluso resultan más precisas y animadas que las que aporta la oposición.

Se ha conseguido una mayoría apenas sostenible en ambas cámaras en acuerdo con minorías sin consistencia, pero eso esta fraccionando a las propias filas.

En este ambiente, el gobierno no parece entusiasmar a nadie y las encuestas empiezan a notar un creciente pesimismo sobre el porvenir inmediato. En el oficialismo se exhibe la competencia entre varias líneas estratégicas, diferentes y hasta divergentes, como si fuera lo más natural y no representara ningún peligro. Les invade un sopor inmovilizador. Mala señal.

La verdad es que la búsqueda de acuerdos, prácticos, acotados y transversales, no tiene reemplazo. No se trata de cambiar de rumbo, se trata de establecer alguno reconocible. Si se llega en las actuales condiciones a la discusión presupuestaria el desorden aumentará. La iniciativa han de tomarla los ministros con experiencia política. El acuerdo con otros une a los propios y recuperar la compostura es algo que el oficialismo necesita con urgencia.