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Las declaraciones del Presidente José Antonio Kast sobre el financiamiento científico -al sostener que sólo debería costearse lo que genera empleos- son discutibles en varios sentidos: denotan una visión reducida de la producción de conocimiento, pero también rozan cuestiones que el mundo académico y cultural suele dar por sentadas.

En primer lugar, los resultados de una investigación científica no necesariamente deben traducirse en empleos. La investigación historiográfica, por ejemplo, no apunta a crear puestos de trabajo, sino a comprender nuestro pasado. Es errado, por tanto, equiparar la inversión en ciencia con la inversión empresarial o industrial. Mucha investigación cuyos resultados no generaron empleo de forma inmediata sí lo ha hecho indirectamente con el tiempo. Es muy poco probable que Albert Einstein estuviera pensando en cuántos empleos generaría una central nuclear cuando desarrollaba su teoría de la relatividad en la soledad de su escritorio.

El ejemplo de Einstein no es casual: el conocimiento científico es un proceso acumulativo que avanza, como señalaba Karl Popper, mediante conjeturas y refutaciones. Por eso no siempre una investigación arroja resultados satisfactorios de modo inmediato, y menos aún en términos de productividad económica. Sin embargo, en ese proceso la ciencia produce avances que eventualmente se traducen en mejoras técnicas aplicadas a la industria y a la vida cotidiana. Difícilmente Marie Curie estaba pensando en cuántos técnicos radiológicos tendrían trabajo cuando aisló el radio en su laboratorio de París.

Que Kast tenga una visión reducida de la ciencia, con todo, no obliga a concluir que cualquier investigación merece financiamiento estatal sin mayor escrutinio.

Algo de lo planteado por el Presidente merece atención: la necesidad de evaluar qué se financia con recursos de todos los chilenos bajo el apelativo de ciencia. Hace algunos años generó escándalo el caso de unas tesis en la Universidad de Chile que hacían apología de la pedofilia, y que el propio Comité de Ética convocado por la rectoría consideró impropias. La pregunta es legítima: ¿merecen financiamiento público ese tipo de trabajos?

El debate sobre qué cuenta como investigación válida no puede soslayarse, y se extiende también al ámbito cultural y artístico, donde igualmente se han financiado proyectos cuyo mérito es, cuando menos, discutible. Si un mecenas privado considera importante apoyar performances excéntricas, es su decisión. Pero es muy distinto hacerlo con recursos que todos aportan mediante impuestos.

Lo llamativo es que las respuestas a los dichos de Kast han sido, irónicamente, más apelaciones morales y emocionales que argumentos. Quienes defienden el financiamiento científico tendrían más que ganar respondiendo con criterios claros y precisos que con simple indignación.

Investigador Senior de la Fundación para el Progreso

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