Tomo prestado del novelista francés Michel Houllebecq este magnífico título. Aunque él lo usa para narrar la relación entre un padre y su hijo y la representación de la realidad mediante el arte; mi propósito es traerlo a Chile para ilustrar lo difícil que resulta gobernar, planificar y ejecutar cuando estos procesos se realizan a partir de un diagnóstico (el mapa), que es una muy mala representación de la realidad (el territorio).
Es que esa es, precisamente, la historia del gobierno de Gabriel Boric. Por eso parecen tropezar una y otra vez contra una muralla. En el aniversario de su partido, Convergencia Social, el Presidente reivindicó la rebeldía como parte de la esencia de ser militante de izquierda. Lo que no dijo, es que su proyecto es cambiar una realidad que no existe, sino que está en la imaginación de políticos e intelectuales de izquierda que nos vienen contando hace mucho tiempo un cuento sobre Chile que es esencialmente falso. Por eso hay que ser cuidadosos en no conceder acríticamente un diagnóstico como el del “estallido social” o el malestar de “treinta años”, que está fundamentalmente equivocado, lo que no significa desconocer que hay carencias y necesidades de muchos chilenos que es urgente atender.
Así es como no convencieron con una reforma tributaria que, en la línea de las últimas nueve realizadas en Chile desde el año 2010, aumenta la carga, principalmente a las empresas y profesionales. Varias de esas reformas desincentivaron la creación de riqueza y el ahorro e incidieron negativamente en el crecimiento que es cada día menor. Uno de los tres países más pobres de la OCDE, Chile, es uno de los tres en que las empresas contribuyen con un mayor porcentaje de la carga tributaria. Al mismo tiempo, tenemos una de las bases tributarias más pequeñas: menos de 30% de las personas paga impuesto a la renta. Así no se reduce la desigualdad, se aumenta, porque no crece el empleo. Hoy tenemos casi 900 mil personas sin empleo, que en el sector privado aumenta sólo al 1,1% anual, mientras los asalariados públicos crecen al 8,8% con más de 94.000 empleos públicos nuevos en el último año.
En materia de pensiones, el cuento contiene la falsedad de que nuestro sistema no es solidario y hay que rascarse con las propias uñas. Ello los lleva a presentar una reforma insensata y refundacional que no ataca los problemas que sí tienen nuestros pensionados. Las deficiencias no están en los ingresos más bajos sino en los medios. La PGU llegó a 207.000 pesos en febrero, un aumento de 50% en cuatro años y su cobertura aumentó en un 47%. De gastar un 0,8% del PIB en 2018, se pasó a gastar 1,7% el 2022. Con ello el pilar solidario es hoy casi equivalente al pilar contributivo. Aumentar la cotización para los ingresos más bajos es una mala idea que sólo perjudicará el empleo. Para qué decir introducir el reparto cuando todo el mundo arranca de él.
Donde sí hay problemas es en los ingresos medios, donde debiera aumentar la cotización, asegurándose que ella vaya a las cuentas individuales para mejorar la tasa de reemplazo. Los sectores de altos ingresos, pueden recurrir a otras formas de ahorro y mantienen activos suficientes para asegurar una vejez tranquila. La reforma que hay que hacer es menor y está en las antípodas del proyecto del gobierno.
Mientras la salud pública vive una crisis sanitaria que ha cobrado ya varias vidas, el gobierno a través de una ley corta pretende destruir a las Isapres, aprovechando fallos de la Corte Suprema que afectarían a personas que no son parte en los juicios. El hecho que haya una salud para ricos y otra para pobres resiente a la mayoría de la población, pero lo que no se dice es que ello es causado principalmente por la ineficiencia del sector público. Ya el año 2021 el gasto per cápita de Fonasa en prestaciones de salud (650.000 pesos) fue mayor que el del sistema Isapre, siendo que en 2020 eran similares y en 1990 era 1,75 veces mayor en el sistema Isapre. Como lo señaló recientemente José Luis Daza, en los tres años previos a la pandemia el gasto público en salud creció un 13% anual y el número de prestaciones disminuyó en un 4,5%. Hay un 20% de trabajadores de la salud pública que en régimen están ausentes por licencia médica. Que la solución sea eliminar las aseguradoras privadas es verdaderamente demencial.
La pregunta que uno se hace es por qué entonces dirigentes empresariales, gremiales y políticos de oposición siguen conversando con el gobierno para aprobar reformas en este marco, que sólo empeorarán los problemas. Por supuesto se puede conversar acerca de reformas, pero con bases completamente distintas: ampliar la base tributaria controlando la evasión; mejorar las pensiones de la clase media; aumentar y no restringir las opciones en salud para los chilenos. Atender también a las prioridades de la población: combatir la criminalidad manteniendo el orden público, mejorar los servicios del Estado y reactivar la economía con medidas pro inversión.
El gobierno no tiene mayorías ni en el Congreso ni en la población para forzar reformas de su programa. Debiera atenerse al marco que le fija la oposición y la ciudadanía. Por último, debiera hacer un gobierno de administración, aliviando el flagelo de la delincuencia y procurando más oportunidades de empleo productivo. Los políticos que no entiendan esto, en el oficialismo y en la oposición, serán castigados por los votantes. El mal diagnóstico del gobierno (el mapa) debiera modificarse, para dejar al menos un legado: una nueva Constitución que nos una.