Los viudos de Llaitul

La condena de Llaitul es un símbolo de justicia y un recordatorio de la importancia de mantener una firme separación entre el activismo legítimo y la militancia violenta. La sentencia, que podría resultar en una larga pena de cárcel, es también una advertencia para aquellos que, desde posiciones de autoridad o influencia, optaron por respaldar y prestigiar a un terrorista y criminal como Héctor Llaitul.

Esta condena pone de relieve la complicidad de ciertos políticos que lo respaldaron en diversas ocasiones. Personajes como la diputada Emilia Nuyado defendieron a Llaitul, sugiriendo que su prisión preventiva era “producto de todo lo que no se ha abordado de fondo”, desviando así la atención de sus acciones violentes. Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla destacó a Llaitul como un líder con “una gran capacidad política”, una apreciación que ignora las implicancias éticas de respaldar a alguien que, en esos tiempos, estaba vinculado inequívocamente con la violencia.

A esto se suma la diputada Pamela Jiles, quien en tiempos de la más reciente detención de Llaitul expresó toda su solidaridad para con el terrorista, añadiendo que el Presidente Boric era “responsable de su valiosa vida”. No olvidemos a Maite Orsini y a Gabriel Boric cuando ambos eran diputados, quienes mostraron una preocupante reacción frente a las noticias falsas sobre la supuesta muerte de Ernesto Llaitul, evidenciando un respaldo emocional que contrasta con el mínimo compromiso con el Estado de Derecho. Este breve repaso sólo muestra algunos de los muchos políticos que han preferido apoyar a Llaitul antes que defender el imperio de la ley, como debería esperarse de cualquier autoridad legítima. Con sus actitudes, estos líderes han debilitado la legitimidad del sistema judicial, posicionando a Héctor Llaitul más como una víctima política que como el criminal que la justicia ha demostrado que realmente es.

La academia, con su voz privilegiada en la sociedad, también ha jugado un papel en la legitimación de Héctor Llaitul. Figuras como Alfredo Joignant (Universidad Diego Portales) han llegado a alabar su “capacidad cultural imponente”, una perspectiva que parece omitir deliberadamente la gravedad de su historial violento. Similar es el caso de José Bengoa (exrector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano), quien le extendió una petición a Llaitul, a través de una carta abierta, rogándole la suspensión de la violencia por conveniencia política para que ganara el “Apruebo” en 2022. Jorge Pinto (Universidad Católica de Temuco), Premio Nacional de Historia, promovió la figura de un Llaitul abierto al diálogo, una caracterización que contrasta agudamente con su participación en el tráfico ilegal de armas, la explotación ilícita de madera y la perpetración de atentados terroristas.

A ellos se suman Igor Goicovic (Universidad de Santiago), Verónica Figueroa Huencho (Universidad de Chile), Natalia Caniguan (Universidad de la Frontera), Isabel Aninat (Universidad Adolfo Ibáñez) y Gastón Soublette (Pontificia Universidad Católica de Chile), que no han tenido reparos en compartir tribuna con él. Estas figuras, con su prestigio y autoridad académica, han contribuido a una narrativa que enmascara la realidad violenta de Llaitul.

La invitación de instituciones como la Universidad de Chile y el centro de estudios Espacio Público a figuras como Héctor Llaitul ha planteado serias cuestiones sobre su rol en la perpetuación de un discurso que flirtea con el extremismo. Un episodio revelador fue el conversatorio organizado por Espacio Público en mayo de 2019, que contó con la participación de Llaitul. Esta situación provocó una reacción decidida por parte de Iván Poduje, miembro del directorio de Espacio Público, quien presentó su renuncia debido a la indignación que le causó el evento y la frivolidad de algunos participantes que se tomaban selfies con Llaitul. Poduje, más tarde, compartiría públicamente en Twitter su decepción, señalando el problema de una izquierda caviar que, desde la distancia y la seguridad, parece fascinada con la idea de la lucha armada sin reconocer su verdadero costo humano y social.

La gestión del Gobierno respecto a Héctor Llaitul y su llamado a la resistencia armada estuvo marcada por indecisiones y contradicciones. A pesar de las provocativas declaraciones de Llaitul, el Presidente Boric y su gabinete inicialmente se mostraron reacios a invocar la Ley de Seguridad del Estado, una herramienta legal directamente relevante al caso. Boric subestimó la gravedad de las «declaraciones» al considerar que no perseguían ideas, ignorando que estas pueden constituir actos delictivos. Giorgio Jackson expresó que el Gobierno descartaba la Ley de Seguridad del Estado por no creer en ella, y Camila Vallejo evitó la querella bajo el argumento de investigaciones previas, mientras que Manuel Monsalve cuestionó la eficacia de la ley, poniendo en duda su utilidad. Irónicamente, todas estas posiciones se han visto refutadas por la reciente condena de Llaitul bajo la misma ley que el Gobierno dudó en aplicar. Mención aparte merece el impresentable telefonazo de la ministra Jeanette Vega a Llaitul que le mereció su destitución.

Es crucial que Chile mantenga y refuerce sus instituciones para protegerse de amenazas al Estado de derecho, sean estas internas o externas. El caso de Llaitul demuestra que no todos los líderes políticos y académicos han estado a la altura de este desafío al haber respaldado una figura cuya agenda se basa en la confrontación violenta. Recordar y hacer un escrutinio de estos “viudos de Llaitul” no sólo es parte de un proceso de rendición de cuentas, sino también una oportunidad para reivindicar el compromiso que todo ciudadano honrado debe tener con el derecho y las instituciones.